El estado de Guanajuato atraviesa por una crisis de la que muchos alertamos desde hace años. Sin embargo, al parecer los únicos que no han querido enterarse de esto son el Partido Acción Nacional y sus gobiernos en la entidad, municipios en los que domina desde hace prácticamente tres décadas.
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Ilustración: POPLab / Juan José Plascencia
La síntesis de la catástrofe puede sintetizarse en un dato: aun con cifras preliminares al día 30 de enero, solo en el primer mes del 2020, la entidad acumuló casi el doble del número de víctimas de homicidios dolosos totales, respecto de las registradas en el 2008, cuando inició la cruenta batalla contra los cárteles de la droga.
En efecto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que hasta el día 30 de enero citado, las estadísticas preliminares contabilizaban 427 víctimas de homicidio doloso, es decir, un promedio diario de 14.2, las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) estiman en 295 víctimas de homicidio intencional en el 2008 (30% menos que en el primer mes de este 2020). Para el año 2009, la cifra estimada por el INEGI es de 491 víctimas, es decir, apenas 13% más que las registradas en el primer mes de este año que comienza.
La omisión en que han incurrido los gobiernos sucesivos de Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez, y el peor de todos -que ya es decir-, el del actual gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, resulta, sin exagerar el adjetivo, criminal. La descomposición que se ha generando es a todas luces evidente, y para algunos analistas incluso deliberada, desde las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Un análisis rápido de los datos en torno a la cifra de homicidios dolosos en Guanajuato, a partir del 2008, es para dejar aterrado a cualquiera, pues el crecimiento ha sido literalmente exponencial. En efecto, si se compara la cifra preliminar de homicidios dolosos perpetrados en 2019, el resultado es escalofriante: 1,200% de incremento en el periodo mencionado, al haber pasado de las ya mencionadas 295 víctimas en 2008, a las 3,540 registradas en el 2019.
En evidencia, el crecimiento ha sido paulatino, pero, debe insistirse, a un ritmo galopante. Por ejemplo, si se compara 2008 frente a 2010, el crecimiento registrado fue de 50%; y entre 2010 y 2012, el crecimiento fue de 35%. Pero al comparar 2012 frente a 2008 el incremento acumulado era ya de 131%. Este indicador era para llamar la atención de cualquiera, y lo hizo, excepto para los mencionados exgobernadores.
El sexenio de Miguel Márquez fue desastroso: entre los años 2012 y 2014, se dio un nuevo incremento de 30% en el número de víctimas de homicidio intencional, al haber pasado de 684 a 800 víctimas de asesinato. Pero eso era solo el inicio, y en el siguiente bienio las cosas se pusieron aún peor, pues entre 2014 y 2016 el número de víctimas de homicidio intencional pasó de 800 a 1,232, es decir, un incremento de 54% adicional.
Las cosas se salieron totalmente de control en los dos últimos años del ex gobernador. Las cifras son simplemente inauditas; de los 1,232 víctimas registradas en 2016, la cifra escaló a 2,285 en 2017 y a 3,517 en el 2018. Es decir, un incremento de 185% en sus últimos dos años de mandato. Y lo más sorprendente no se encuentra solo en lo escandaloso de las cifras, sino que aún no hay ningún ex funcionario de su gabinete investigado ante la desastrosa situación que se generó literalmente en sus narices, con el crecimiento de un cártel local (el auto denominado Cártel de Santa Rosa de Lima), y la violenta incursión en el territorio estatal del también autodenominado Cártel Jalisco Nueva Generación.
Impávido, incapaz de pronunciar una sola palabra de empatía con las víctimas, una sola palabra firme en contra de la delincuencia o una palabra que suene a orden decisiva a su gabinete, el joven gobernador Diego Sinhué se encuentra absolutamente rebasado.
Ante su incapacidad de comprender lo que significa ser gobernador de una entidad de la República mexicana, y al haber sido impuesto en el cargo, con el mandato de su exjefe, Miguel Márquez, de dedicarse a administrar y fungir como una especie de gerente estatal, Rodríguez Vallejo se ha refugiado en el silencio, en la simulación y en la esquizofrenia discursiva, pues habla de todo, excepto de lo que realmente le importa a la población estatal.
Dado que la toma de protesta del gobernador fue el 26 de septiembre del 2018, en su cuenta deben sumarse las víctimas a partir del mes de octubre de ese año. Y de acuerdo con los datos del INEGI, entre octubre y diciembre de su primer año de gobierno, fueron asesinadas 886 personas, es decir, en solo tres meses, más homicidios dolosos que en todo el 2016. En el 2019 se registraron las ya mencionadas 3,541 víctimas; mientras que en enero del 2020 se registran las 427 víctimas ya señaladas.
Cabe preguntarse si el gobernador de Guanajuato duerme tranquilo, sabiendo que en los primeros 16 meses de su mandato han sido asesinadas en Guanajuato, al menos 4,854 personas, es decir, un promedio de 303 víctimas por mes. De continuar la tendencia, en solo dos años, estará muy cerca de la cifra total de homicidios registrada en el mandato de su antecesor.
Por donde se le vea, esto es una auténtica tragedia.
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El autor es investigador del PUED-UNAM
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