Entre enero y octubre de 2019, en Guanajuato se han perpetrado, al menos, 2,865 homicidios dolosos; a ellos deben agregarse las cifras de feminicidios (12 casos reconocidos en el mismo periodo); y las cifras de defunciones violentas de intención no determinada -que a partir del 2018 contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)-, y en cuyo rubro Guanajuato tiene la más alta proporción del país en lo que se refiere a defunciones por disparo de arma de fuego.
Si se piensa que el panorama no podría ser más sombrío, debe decirse que, en el periodo señalado, Guanajuato aparece ya en las estadísticas oficiales como la segunda entidad con mayor número absoluto de homicidios de mujeres, superado sólo por el Estado de México, el cual es el estado más poblado del país y que tiene una cantidad de habitantes prácticamente tres veces superior a la de Guanajuato.
Las extorsiones, el “cobro de piso”, las desapariciones forzadas de personas, el robo a transeúntes, de vehículos, a casa habitación y el robo a transporte público, son ya parte de la realidad de la vida cotidiana que se padece en ciudades de gran envergadura como lo son León, Irapuato, Celaya y Salamanca, mientras que el reguero de sangre se esparce a un ritmo de diez homicidios diarios.
Para dimensionar lo que ocurre en esa entidad, basta con mencionar que en lo que va del año, en un municipio como Salvatierra, el cual tiene alrededor de 100 mil habitantes, entre enero y octubre se perpetraron más homicidios que en todo el estado de Yucatán, el cual es el que goza de la mayor tranquilidad en el país.
EL día de ayer, por ejemplo, ocurrió un nuevo “narco-bloqueo” en la carretera que va de Juventino Rosas a Celaya, lo cual provocó el pánico entre la población de la zona, y obligó al cierre de escuelas, tanto de nivel básico como de nivel medio-superior.
En esa entidad se han tomado decisiones garrafales de política pública. En la administración anterior, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, dilapidó más de 3 mil millones de pesos en el a todas luces fallido “programa escudo” y otras acciones asociadas al mismo; mientras que, a un año de mandato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se ha dedicado a evadir su responsabilidad en el tema y a “echarle la culpa” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lo que es cierto es que, entre el olvido y ausencia total del gobierno de la República en aquella entidad, y la incapacidad manifiesta del gobierno local, la población de Guanajuato vive todos los días entre el azoro y la posibilidad real de quedar en medio de las balaceras.
Hace apenas unas semanas, cuando circulaba por la carretera Panamericana, el director de seguridad pública de Celaya, que no tenía más de un mes en el cargo, fue atacado a balazos. Salvó la vida y renunció el lunes pasado a su cargo.
Para colmo, como si la cuestión estuviese para bromas, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, organizó el más frívolo de los eventos, contratando literalmente a un comediante, que actúa como “doble” de Iron-Man, para dar charlas de superación personal y motivación a sus policías.
Al cerrar 2019, por segundo año consecutivo, Guanajuato terminará como la entidad con mayor cantidad de homicidios del país, y aparecerá al menos entre las cinco con mayor tasa de asesinatos en el territorio nacional.
Lo que está ocurriendo en el que es, después de Monterrey y la Ciudad de México, el estado más globalizado económicamente del país, es un auténtico infierno, frente al cual es una irresponsabilidad que las autoridades, en todos los órdenes y niveles, repitan la indolente estrategia seguida por Calderón y Peña de repartir culpas y responsabilidades, dejando inerme a la población ante la sanguinaria presencia de los grupos de la delincuencia organizada, y renunciando a su responsabilidad de evitar, por todos los medios a su alcance, la muerte violenta de la ciudadanía.
DESAPARICIONES: LA FARSA DE LA ISLA BLINDADA
