El estado de Guanajuato atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos que haya enfrentado cualquier entidad de la República en los últimos 20 años. Los homicidios no se reducen, las extorsiones se encuentran a la orden del día, los asaltos, secuestros y robo a transeúnte son una insostenible realidad cotidiana; mientras que otros crímenes siniestros, como el asesinato de periodistas, el asesinato y desaparición forzada de policías, la trata de seres humanos y la desaparición forzada y entre particulares, son una espantosa realidad que recorre de manera generalizada a todo el territorio estatal.
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Desde el año 2018, Guanajuato es la entidad con mayor número absoluto de homicidios intencionales, y este 2020, ya se rompió el récord estatal, pero también llegará a la segunda cifra más alta de homicidios dolosos para una sola entidad, sólo después de la situación monstruosa que vivió el estado de Chihuahua en el año 2011 en medio de la masacre desatada durante el calderonato.
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A dos años del mandato del gobierno del presidente López Obrador, la mejoría de la situación no se percibe por ningún lado, mientras que el des gobierno que encabeza Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo se contenta con hablar frívolamente de inversiones, negocios e inauguración de eventos sociales, como si se tratara de un maestro de ceremonias de kermés popular.
En medio de este caos, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos ha sido menos que un costoso florero. Ha concluido el 30 de noviembre uno de los peores periodos de esa institución estatal, que de autonomía y defensoría del pueblo tuvo prácticamente nada en los últimos cuatro años; y ahora el Congreso del Estado ha emitido, tardía y amañadamente, una convocatoria con la intención de imponer nuevamente a una o un titular “a modo”; que resulte cómodo a una fiscalía inútil, y de una secretaría de seguridad pública estatal, que sirve para reprimir a las familias de las personas desaparecidas, pero no para prevenir el crimen.
Se trata de un problema que no es solo regional. Guanajuato es uno de los motores económicos más importantes del país; pero, sobre todo, su dimensión histórica, demográfica y política lo convierten en un tema de interés a todas luces nacional.
Desde esta perspectiva, es urgente que las organizaciones nacionales e internacionales que tienen actividades en el país, puedan desarrollar un mecanismo de observación del proceso de designación de la nueva ombudsperson estatal, porque lo que se juega en buena medida, es la posibilidad defender a las víctimas, que se cuentan por miles, y que claman justicia ante un sistema institucional rebasado por la delincuencia. Es una cuestión absolutamente de defensa de la dignidad humana.
En el conteo oficial, de enero a octubre de 2020, hay 3,821 víctimas de homicidio intencional en la entidad, cifra que representa al 13% del total de los homicidios dolosos perpetrados en todo México; la cifra en sí misma muestra la magnitud del infierno en que se ha convertido Guanajuato; sin embargo, a esa suma deben añadirse los 336 homicidios que de manera preliminar se tienen registrados en el conteo diario de la violencia homicida, lo que hace un total de al menos 4,157 personas asesinadas en lo que va del 2020.
El Gobierno de la República debe poner atención a ese proceso, y respetando la autonomía del estado, presionar a fin de garantizar que llegue a cumplir con la importante misión de la defensoría de los derechos humanos, una persona íntegra, ajena a los intereses partidistas, y que, sobre todo, no actúe como si fuese una mera empleada o empleado del gobernador.
En este tipo de procesos, generalmente se piensa en perfiles que ya hayan trabajado con anterioridad en la institución; pero en este caso, ha sido tan deplorable su actuación, que lo exigible al Congreso de Guanajuato es que se elija a una persona que tenga plena autonomía, posición crítica y visión renovada, a fin de refundar a esta institución.
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Investigador del PUED-UNAM
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