La Guardia Nacional (GN) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha convertido en uno de los principales pilares de la política de seguridad pública en México. Establecida en 2019, el propósito principal de esta agencia de seguridad ha sido combatir la creciente violencia y el crimen en el país, y supuestamente se crearía como un reemplazo de las fuerzas de seguridad convencionales que se veían desde hace mucho tiempo como ineficaces o influidas y manipuladas por la corrupción. Durante el sexenio, ha habido una expansión sustancial del contingente de la Guardia Nacional, lo que ha concretado su presencia en una serie de nichos de la nación.
Redacción México social
Se formalizó la Guardia Nacional el 26 de marzo de 2019 como uno de los mayores compromisos de López Obrador para poner fin a la inseguridad que atormentaba a México desde hace décadas. A su creación, la GN fue una mezcla de fuerzas armadas, Policía Federal y otras organizaciones de seguridad bajo el mando civil, aunque después se integró más plenamente en la estructura de SEDENA.
El gobierno de AMLO creó la Guardia Nacional como una organización de naturaleza mixta, con tareas de seguridad pública y características militares con el propósito de mantener el orden y restaurar la paz en regiones donde el índice de violencia impulsado por el crimen organizado había llegado a proporciones críticas.
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Desde su formación en 2019, el tamaño de la Guardia Nacional ha continuado aumentando. Según la Administración Pública Federal, la GN comenzó con un tamaño aproximado de 70,000 oficiales, todos ellos mayormente compuestos por exmiembros de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas.
Según el informe, hacia fines de 2023, la Guardia Nacional se había ampliado a 150,000 oficiales, lo que equivale a un aumento del 100% en un plazo de cuatro años. Este rápido crecimiento ha sido en respuesta a la necesidad de una mayor presencia a lo largo del país, así como para una expansión gradual a fin de reemplazar la disuelta oficialmente Policía Federal en 2019.
Uno de los factores clave para entender el crecimiento del número de efectivos es su despliegue territorial. El informe establece que la GN está desplegada en 266 coordinaciones regionales repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional. La GN ha sido distribuida de manera estratégica para cubrir áreas donde el conflicto es más pronunciado, como los estados de Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Jalisco, entre otros, donde la violencia relacionada con el narcotráfico y otros delitos ha sido particularmente intensa.
El gobierno ha explicado que el aumento en la presencia de los cuerpos de seguridad es una medida justa, teniendo en cuenta que las amenazas a la seguridad de la nación son de tal magnitud. Desde el crimen organizado hasta los cárteles de la droga y el crimen común, México es testigo de una amplia gama de problemas. El despliegue de la Guardia Nacional en los municipios, las zonas rurales y las fronteras ha resultado ser ayuda en la contención de la violencia, pero no para su reducción significativa a lo largo de los años.
Aparte del crecimiento, la inversión en la infraestructura y la formación también ha aumentado. Durante el sexenio, el gobierno ha construido una serie de cuarteles de la GN en todo el país con el objetivo de dar a los elementos instalaciones más modernas para sus operaciones. A finales de 2023, según el Sexto Informe de Gobierno, se habían construido 241 cuarteles.
Además, se ha producido un gran avance en la capacitación de los elementos de la GN, que en su mayoría han sido reclutados de las fuerzas armadas y necesitan capacitación adicional en tareas de seguridad pública y derechos humanos. El gobierno también ha subcontratado la capacitación y monitoreo de asesores internacionales en asuntos de uso de la fuerza para prevenir abusos.
A pesar del dinero y la inversión cuantiosa, la Guardia Nacional no ha sido bien recibida, y se han presentado quejas a nivel nacional e internacional. Uno de los mayores problemas que presenta es el de la militarización de la seguridad pública en México, ya que un amplio porcentaje de sus elementos son en realidad soldados activos.
Además, en 2022 se aprobó una reforma que, en la práctica, transfirió el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA, en un movimiento que aumentó aún más las críticas sobre la autonomía del mando civil. Además, la GN ha sido objetivo en las instancias de abusos de poder y violaciones de derechos humanos según los grupos de derechos humanos. El gobierno ha abierto investigaciones sobre los incidentes, pero la dificultad de tener la expansión del personal sin el aumento de las reclamaciones es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la administración de López Obrador.
Hablando en términos generales, el crecimiento de la Guardia Nacional en la era de Andrés Manuel López Obrador es uno de los fenómenos más evidentes de su política de seguridad. Tanto en la actual capacidad de la fuerza policial como en la equidad geográfica de su expansión, la GN se ha consolidado como un ariete central en la lucha contra el crimen en México. Pero esta expansión ha ido de la mano con temores sobre el militarismo policial y el riesgo de violaciones de los derechos humanos. El futuro y la viabilidad a mediano y largo plazo de la Guardia Nacional dependen en gran medida de las decisiones tomadas sobre estos temas en el futuro inmediato, así como de si logra o no su misión fundamental de mantener la seguridad y restaurar la paz en las comunidades más afectadas.
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