por Berenice Ramírez
Ha quedado en evidencia la crisis de la seguridad social contributiva, resultado del lento crecimiento de la economía mexicana y de la baja creación de empleos protegidos; 18 millones de empleos formales frente a 28 millones de informales (I) nos dan cuenta de uno de los aspectos que ha contribuido a profundizar la crisis de la seguridad social y de la imposibilidad de lograr cobertura para 50% de la población
Junto a este proceso se ha impuesto un nuevo paradigma en el diseño de política social. La seguridad social se estableció en los años cuarenta como obligación del Estado de proteger ante contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de salud e ingresos como consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte. También se fue acompañando del establecimiento de guarderías, créditos para vivienda y de acceso a la cultura y la recreación.
A pesar de que constitucionalmente hace referencia a una cobertura de todos los trabajadores, asalariados, campesinos y no asalariados, en la práctica sólo funcionó para los trabajadores urbanos protegidos por contratos y beneficios laborales. Desde principios de los años noventa, y con mayor claridad desde 1995 (II), la seguridad social se fue desdibujando, adoptando la perspectiva de protección social, determinada por organismos internacionales, como la generada por el Banco Mundial, quien la define como “intervenciones públicas y privadas para asistir a los individuos, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza” [Banco Mundial; 1996]. Así, se fue asumiendo que la política social tenía una principal orientación: el combate a la pobreza, y se fueron dejando de lado políticas que coadyuvaran a una mejor distribución y redistribución de la riqueza, así como situarla como política de Estado.
Diversos actores entraron a escena, sin una clara rectoría del Estado o de una manifiesta definición de seguridad social, fue más contundente el proceso de mercantilización y de privatización que el de construcción de bienes públicos. A la sociedad civil se le involucró, pero desde la filantropía o mediante aportaciones individuales.
Este cambio de eje en la política social se hizo acompañar de una serie de programas focales y de asignaciones y transferencias que poco han hecho en cuanto al combate a la pobreza y mucho menos en cuanto a mejorar la polarizada distribución del ingreso, o al menos a mitigar la extrema desigualdad del país. La pobreza siguió aumentando de 48.8 millones registrados en 2008 a 52.2 millones en 2010.
El crecimiento y la dispersión de programas focales no contribuyó a una universalización, ya que sigue estando fuera de los programas sociales y de la seguridad social el 40% de la población, de los que la mitad son los más pobres.
La relación focalización y efectividad ha seguido caminos opuestos. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2012) en 2010 sumaban 273 programas y acciones federales y 401 los ejecutados por derecho social o por dimensión de bienestar económico. El crecimiento de los programas de focalización y de transferencias condicionadas aumentaba, así como la participación del gasto social en el PIB, que pasó de 6% en 1991 a 11.5% en 2011, pero quedando muy por debajo del promedio en América Latina, que se sitúa para 2011 en 18.6%. El presupuesto asignado a los programas pasó de 72,122.23 a 692,003.81 millones de pesos de 2004 a 2011. Entre 2004 y 2007 se incrementó 17% el número de programas y 1% el presupuesto de los mismos. Entre 2008 y 2011 aumentó en un 11% el número de programas y 42% el presupuesto [Coneval; 2012].
En el reciente proceso electoral por el que atravesó México llamó la atención que, después de haber perdido espacio el término seguridad social, volviera a ser parte de la plataforma de gobierno, en el caso del PRI y en el PRD; por ello, a continuación el objetivo es analizar el contenido y los alcances de lo establecido como seguridad social universal en el denominado Pacto por México firmado el 2 de diciembre por los tres principales partidos.
Contenidos del Pacto
Los primeros seis compromisos establecen lineamientos orientados a la construcción de una Seguridad Social Universal; señala que:
“Se creará una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un Sistema de Seguridad Social Universal que incorpore lo siguiente:
• Acceso universal a los servicios de salud. Para ello, se deben impulsar dos principios de reorganización del sector salud: el de la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos (Compromiso 1). Adicionalmente, ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra (Compromiso 2)”.
Si consideramos que el IMSS y el ISSSTE tienen la virtud de cubrir toda la gama de enfermedades, y el seguro popular un catálogo de ellas, el peligro de la portabilidad y de la convergencia, en estas condiciones, es que prevalezca el catálogo de enfermedades y no la atención integral del estado de salud de los mexicanos. Se deben revisar también las repercusiones de la apertura comercial y los incentivos al consumo de la comida rápida originada por la vertiginosa entrada de filiales y franquicias, principalmente de origen norteamericano.
Queda también por definir lo siguiente: es un acierto que se haya optado por vincular a la seguridad social con los derechos humanos, no obstante, cabe preguntarse cómo enfocar para este proceso las tensiones que se expresan entre los derechos individuales (libertad, autonomía) con los derechos económicos, sociales y culturales, que establecen cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua y que como tales deben ser tomados a cargo de la colectividad con una expresa obligación estatal.
• Pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE. Como un primer paso, el programa “70 y más” pasará a ser “65 y más”. Como un segundo paso, se establecerá una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los Mexicanos al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años, para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida (Compromiso 3).
Si consultamos la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares que levanta inegi, nos encontramos que para 2010 sólo el 24% de los mayores de 60 años contaban con una jubilación o pensión de retiro. Además de la baja cobertura, se expresa la inequidad de género, ya que reciben pensión el 32.7% de los hombres y el 17% de las mujeres [Ramírez et. al; 2012a].
Si analizamos el Censo de 2010, encontramos que el 55% de los hombres y el
17 % de las mujeres mayores de 60 años siguen trabajando, incluso en el grupo de edad de mayores de 80 años, el 18.5% de los hombres siguen trabajando y el 4% de las mujeres [Ham-Ramírez; 2012].
Si consultamos la información de CONEVAL, la protección de la seguridad social aumenta de acuerdo con el decil de ingreso; cuentan con pensión y/o jubilación el 2.8% del decil 1, a diferencia del 65.5% del decil 10 [CONEVAL; 2012], y ello es resultado de que el 92% de los que ganan hasta un salario mínimo no tienen prestaciones laborales, a diferencia de los que ganan más de 5 salarios mínimos, donde el 64% cuentan con ella. Cabe recordar que el 75.2% de los ocupados ganan hasta 5 salarios mínimos.
Con esta información quiero señalar que suena muy bien el establecimiento de una pensión universal para los que carecen de ella, pero estamos hablando del 75% de los mayores de 65 años, cifra que se va a incrementar, ya que muchos de los que tienen una cuenta individual tienen una densidad de cotización muy baja (38.2 como promedio) y no lograrán cumplir con los requisitos para acceder a ella. El problema es más complejo de lo que el pacto intenta resolver y se está tratando de atacar de forma inversa a la solución. Lo primero que hay que hacer es colocar en el centro de la discusión al trabajo, sus modalidades y la obligatoria necesidad de contar con protección laboral. Para ello se requiere conciliar la información, tener en cuenta que: el costo de los sistemas de pensiones de privilegio [PEMEX, CFE, RJP, , Banca de Desarrollo), que tienen un gran costo con tendencia ascendente que los hacen insostenibles, y que dan cuenta de la desigualdad en el país; las cuentas individuales no ofrecen una protección económica adecuada en la vejez, ya que muy pocos lograrán pensión y los que lo logren significarán entre el 16% y el 30% del salario de referencia; el nivel de ahorro individual es insuficiente en gran parte por el nivel salarial, la tasa de aportación y los altos costos de la administración privada; y una tarea pendiente y absolutamente indispensable es convertir los recursos de la capitalización individual en ahorro productivo.
¿Por qué sólo se busca la centralidad del Estado y no se acompaña de cambios en el modelo productivo? No hay lineamientos que conduzcan a una reactivación adecuada del mercado interno; se sigue alentado lo asistencial al no ubicar la centralidad del trabajo. Además, no define qué áreas de la interacción humana quedarán libradas al funcionamiento del mercado, y qué áreas quedarán parcial o totalmente desmercantilizadas. La seguridad social requiere de la construcción de bienes públicos y del ejercicio solidario, por lo tanto, de una real distribución del ingreso.•
Referencias:
I. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012) “Informe de la evaluación de la política de desarrollo social”, México, CONEVAL, 252 pp.
II. Ramírez López, Berenice (2012) “Qué hacemos con y para los viejos” en Córdova, Murayama, Salazar (Coord) México 2012, Desafíos de la Consolidación Democrática, México, tirant la blanche, ISBN; 978-607-95830-0-2, pp. 161-167
III. Ramírez López Berenice, et. al (2012) “Las pensiones en México: prospectivas y propuestas” en Calva José Luis (Coord.) Derechos Sociales y desarrollo incluyente, México, Análisis Estratégico para el Desarrollo, Vol, 12, Juan Pablos Edit, ISBN 978-607-711-052-1, pp, 104-123
IV. Ramírez L., Berenice y Ham Chande, R (2012) “Seguridad económica en la vejez” El reto del envejecimiento en México” México, UNAM- Academia Mexicana de Medicina e Instituto Nacional de Geriatría
Notas:
I. Esta cifra es resultado de la suma de trabajadores que se encuentran en el sector informal (14 millones), más trabajadoras domésticas, de la agricultura de autosubsistencia, trabajadores no remunerados y de aquellos que se encuentran en el sector formal y que por razones de contratación (honorarios, tiempo determinado, etc.) no cuenta con seguridad social.
II. En diciembre de 1995 se aprobó la Reforma a la Ley del Seguro Social. Entró en vigencia el primero de julio de 1997, determinando nuevas formas de financiamiento. Para las pensiones se introduce la capitalización individual de administración privada, y en la salud, la separación entre financiamiento y prestadores de servicios.
