por José Rosario Marroquín
En México es posible avanzar significativamente para garantizar la dignidad de todas las personas; sin embargo, es necesario tomar las decisiones acertadas. Vivimos, como en todas las épocas, una disputa por el poder del Estado, y es preciso no delegar en éste todo lo que deseamos; propongo a continuación tres ideas sobre lo que debe hacerse si queremos avanzar hacia la construcción de un Estado democrático de derecho
Políticas con perspectiva de DDHH
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH) plantea que una política al respecto “constituye una labor (…) amplia y profunda encaminada a construir un Estado donde el respeto a los derechos fundamentales de la persona sean su centro y su fin, a través de la participación de todos los actores involucrados”. Establece también que sus objetivos tienen una vinculación estrecha con los del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente con una de las estrategias del eje “Estado de derecho y seguridad”, aunque indica que la relación es más profunda.
Las anteriores afirmaciones expresan con claridad la intención gubernamental de sumarse al discurso cada vez más reconocido de los derechos humanos. En consonancia con este discurso, el Estado mexicano ha desarrollado una actividad asombrosa ante las instancias internacionales que están atentas al cumplimiento de los compromisos internacionales. En el mismo sentido se ha avanzado al reconocerse constitucionalmente que las personas en México deben gozar de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte.
Las buenas intenciones tropiezan, sin embargo, con la realidad revelada por el registro de violaciones a derechos humanos ocurridas en las diversas regiones del país. Las atrocidades cometidas o permitidas por las autoridades mexicanas constituyen la evidencia que permite calificar como incumplido el primer objetivo del PNDH: se carece de una perspectiva de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas de la administración pública federal. Y ante este hecho carecemos de mecanismos jurídicos o administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos (Objetivo 2). Carecemos, además, de informes concentrados que nos permitan evaluar el grado de cumplimiento respecto de los indicadores establecidos en el mismo programa. Estos se encuentran dispersos en los informes de algunas secretarías federales.
La totalidad de los derechos humanos debe ser garantizada por todas las instancias de la administración pública, y la actividad gubernamental debe ser regulada por planes que incorporen de manera efectiva una perspectiva de derechos humanos en todas las áreas, tanto en los ámbitos de seguridad y justicia, como en los de la política social y la económica, y deberán estar acompañados por indicadores que den cuenta de su incidencia real en los ámbitos de la vida cotidiana; además, es necesario contar con evaluaciones rigurosas y complexivas que den cuenta de su aplicación y de su eficiencia.
Hay, sin embargo, un problema cultural que debe erradicarse para garantizar el ejercicio de los derechos: el autoritarismo derivado de una comprensión del poder al servicio del Estado. Se requiere una comprensión diferente del ejercicio gubernamental que implica modificaciones legislativas y administrativas y debe ser acompañada por la participación ciudadana en los ámbitos de la planeación y el monitoreo de las acciones realizadas, así como el establecimiento de mecanismos que permitan corregir las prácticas equivocadas y la aplicación de controles efectivos sobre los actos de los funcionarios.
Insatisfacción social
La calidad de nuestra democracia se ve mermada por la inexistencia de instancias que obliguen a los representantes a reflejar el interés público mediante la ponderación equitativa de las preferencias ciudadanas: carecemos de instrumentos para hacer rendir cuentas a quienes han sido elegidos mediante el voto y para aplicar las medidas que permitan corregir decisiones erróneas. Estas deficiencias están condicionadas por los límites a la participación política. Las propuestas de reforma política no han franqueado la barrera del sistema electoral y no han puesto límites a la intervención de poderes informales en la elección de los gobernantes.
La toma de decisiones políticas ha privilegiado el poder de los representantes en detrimento de las vías de participación y de los instrumentos que garanticen a la ciudadanía el control sobre las decisiones, sobre todo cuando éstas se traducen en afectaciones significativas a la vida de los pueblos. Ante esta ausencia de canales, que constituye un rasgo autoritario de nuestro régimen político, los colectivos afectados han recurrido a modos legítimos de protesta y exigencia de derechos que han sido reprimidos por autoridades estatales y federales.
A esta falta de mecanismos de expresión, información y participación se suma la existencia de un marco regulatorio autoritario orientado a controlar las libertades de información y expresión y que ha favorecido la consolidación de monopolios mediáticos. Del mismo modo se ha restringido, por regulaciones autoritarias, la posibilidad de una oferta informativa, en igualdad de condiciones, desde los medios ciudadanos y comunitarios.
Es urgente garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos a la información, a la libre expresión, a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, y a la participación política. Estos derechos no han sido plenamente garantizados por el marco normativo interno ni por las prácticas gubernamentales.
Acerca de los derechos de participación política conviene recordar el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce los derechos: “a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y de ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
Ajustar cuentas
Para avanzar hacia nuevas formas de abordaje de la seguridad y de ampliación de las libertades el próximo gobierno federal debe comenzar por ajustar cuentas con el pasado mediato e inmediato; y debe optarse por construir una vía eminentemente civil para garantizar la seguridad y la libertad, es decir, debe actuarse para acotar el fuero militar y construir un ámbito específico para la acción de los militares, el cual no debe ser, bajo ninguna circunstancia, el de la seguridad ciudadana.
En esta misma línea, la obligación de aplicar las reformas en materia de justicia en el año 2016 deben estar guiadas por una profunda convicción de respeto a los derechos humanos. Todos los esfuerzos deben concentrarse en la erradicación del autoritarismo y de las condiciones que lo hacen posible en el ámbito de las diversas instancias gubernamentales.
Cualquier esfuerzo creíble en materia de derechos humanos deberá estar inspirado por una fuerte convicción de que una sociedad libre no constituye un problema, y sí lo constituye, en cambio, cualquier iniciativa que apueste a garantizar los intereses facciosos de quienes luchan por hacerse, en el México violento de hoy, de un lugar en la estructura estatal.•
