¿Es lo mismo el hambre que la pobreza? No. Se puede ser pobre pero no padecer hambre. En sentido inverso, el hambre implica siempre necesariamente pobreza en sus más atroces dimensiones.
Sobre ambas cuestiones en México tenemos indicadores literalmente de espanto. Porque en lo relativo al derecho a la alimentación está involucrada también las cuestiones del sobrepeso y la obesidad; los cuales se asocian a más de 250 mil defunciones anuales en el país.
En ese sentido, es importante decir que tanto la administración de Enrique Peña Nieto como la de Andrés Manuel López Obrador tuvieron una ventaja comparativa respecto de sus antecesores: ambos mandatarios sabían, al inicio de su administración, de qué magnitud es la problemática que se tiene en el país, con base en los resultados tanto de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares que levanta bienalmente el INEGI, como la medición multidimensional de la pobreza que, con base en la información del Instituto, calcula el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Resultados mediocres
En el caso de Peña Nieto los resultados fueron mediocres en la reducción de la pobreza y catastróficos en lo que respecta al crecimiento exponencial en los indicadores de malnutrición, morbilidad y mortalidad a causa de la diabetes, la hipertensión y directamente por la obesidad y otros trastornos por híper alimentación, como se cataloga en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10-2).
En efecto, entre los años 2012 y 2018 el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 45.5% de la población nacional, a 41.9%. Mientras que en números absolutos el indicador pasó de 53.34 millones de personas, a 52.42 millones en el periodo referido. Lo anterior significa que en todo el sexenio, el número absoluto se redujo en alrededor de 924 mil personas.
El dato es relevante para la administración del Presidente López Obrador porque el compromiso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es erradicar la pobreza y el hambre, en todas sus formas y manifestaciones, a más tardar en el año 2030. Es decir, el reto de la presente administración se encuentre en sacar de la pobreza al menos a 30 millones de personas para que el país esté en condiciones de erradicar la pobreza en los siguientes seis años que restarían para llegar al 2030.
Debe considerarse además que la tarea puede dificultarse aún más, si se considera que en los últimos tres años ha habido casi 100 mil asesinatos en el país, y que no es lo mismo vivir con contextos de pobreza y relativa paz, que en pobreza y con violencia.
Rumbo a las decisiones y salidas
Ahora bien, a la hora de los diagnósticos que sustentan las decisiones, debe tenerse cuidado con las hipótesis de trabajo. Por ejemplo, en esta administración se ha asumido que a mayor pobreza, mayor violencia. Sin embargo, en los últimos dos años de la administración de Peña Nieto se dio la mayor reducción de pobreza, y simultáneamente el mayor crecimiento de la violencia y la criminalidad de su mandato.
Las proyecciones económicas alertan que en los siguientes años el país crecerá apenas en niveles cercanos a los promedios de las pasadas dos décadas. En medio del mar de sangre y cuerpos descuartizados en que hoy estamos atrapados, parece ser la peor de las combinaciones posibles.
Las salidas, sin duda, deben construirse de manera simultánea e integral: erradicar principalmente la corrupción es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora lo que falta es reducir la muerte evitable; erradicar el hambre; erradicar la pobreza y reducir urgentemente la violencia. Lo otro es simplemente intransitable.
@saularellano www.mexicosocial.org
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