por Clara Salazar
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las implicaciones que la información sociodemográfica en materia de vivienda tiene para solventar lo planteado en el PND 2013-2018. En aras de este objetivo presentamos brevemente el concepto de vivienda en el PND, y pasamos a ponderar la información necesaria que debe ser reunida y organizada para implementar la política pública propuesta en la materia
Nuestro razonamiento sobre la información se dirige a dos momentos: el primero, que sirve de insumo para identificar la problemática concreta que se pretende atacar; y el segundo, que implica la formulación de políticas y la realización de acciones concretas.
La vivienda digna como concepto
La problemática de la vivienda está incorporada en el PND 2013-2018 en la Meta II, “México Incluyente”, en donde se plantea a los mexicanos el acceso a “vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial”. Estos conceptos provienen del Artículo 4, de la Carta Magna, en donde se reconoce como un derecho universal, al señalarse que “(…) toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
La Ley de Vivienda (27 de junio de 2006) refrenda ese compromiso, y la define en su Artículo 2, como aquella “(…) que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes (…)”. Las dimensiones sociales y espaciales involucradas en el discurso oficial hacen de la consecución de una “vivienda digna” un concepto confuso de asir en términos concretos y de transferir en acciones específicas.
Información suficiente, utilización irresponsable, decisiones erróneas
Los diagnósticos sobre la problemática de la vivienda se han orientado fundamentalmente a identificar el rezago habitacional (carencias de vivienda por calidad física y espacial), y a estimar la generación de nuevos hogares. Gran parte de esa información se encuentra en los Censos, Conteos y en la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares, ENIGH, como se puede ver en el cuadro “Información fundamental para un diagnóstico de vivienda”.
Estas fuentes contienen en general información amplia y suficiente para dar cuenta del déficit habitacional; por un lado, permiten conocer la cantidad y el tipo de acciones que deben implementarse para abatirlo, y por otro, realizar proyecciones sobre la cantidad de acciones de vivienda nueva que deben construirse para cubrir los nuevos hogares que se formarán en un periodo de tiempo determinado.
La existencia de cuantiosa información estadística producida y publicada sobre las características de los hogares y las viviendas no ha garantizado, sin embargo, su utilización en forma responsable para la generación de la política de vivienda. Los datos derivados del Censo de 2010 son reveladores: alrededor de una de cada tres viviendas habitadas carece de agua entubada dentro de la vivienda; una de cada diez no cuenta con drenaje o fosa séptica, y una de cada veinte carece de materiales de techo adecuados.
A pesar de los rezagos ya conocidos, la política federal de vivienda implementada en la primera década de este siglo ofreció un número nunca alcanzado de créditos para vivienda, pero orientó la mayor parte de su presupuesto a la producción de vivienda nueva. A partir de datos de la Conavi puede afirmarse que entre 2000 y 2010 se otorgaron un total de 10,484,110 financiamientos para vivienda, de los cuales 5,207,119 fueron destinados a la adquisición de vivienda nueva completa. Esto significa que se construyeron en promedio 500 mil viviendas anuales. La demanda efectiva parece haber sido inferior; BBVA reporta que para fines de 2012 el ritmo anualizado era del orden de 370 mil viviendas, y que se estaba construyendo en el límite de lo que se consumía. Además, estima que los adquirientes eran fundamentalmente población de sectores medios y medio-altos (BBVA, 2013:12).
La lógica de producir vivienda nueva sin estratificar los hogares que la requieren por niveles de ingreso y derechohabiencia es omitir que no todos los que necesitan una vivienda son demandantes de ella en el mercado formal; como se ha documentado en varios trabajos, una parte importante de los hogares acceden al suelo sin seguridad jurídica y autoconstruyen su vivienda. Datos de la ENIGH (2012) indican que sólo 17% de los hogares habita en una vivienda comprada hecha; y que únicamente 10.4% de los hogares obtuvieron un crédito de alguna institución para adquirirla.
Decisiones equivocadas de política pública en materia de vivienda, que contribuyeron a engrosar posiblemente los cinco millones de viviendas deshabitas registradas en el censo 2010, no pueden justificarse con base en la falta de información estadística. Ésta existe, y si bien es perfectible, hubiera sido suficiente para generar una política pública dirigida a mejorar las condiciones de vida de la población. Además de las fuentes de información ya mencionadas, existen otras que permiten identificar la demanda efectiva de vivienda y evaluar la oferta en el mercado formal. Dentro de éstas se encuentran las Estadísticas de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Igualmente, la proveniente de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) y los Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS).
Escasez de información
En el PND 2013-2018 se propone que para el desarrollo de una vida digna debe proveerse “un entorno adecuado” para la vivienda; la regularización jurídica de ésta en las áreas urbanas; la construcción y mejora en las áreas rurales; y la reducción del rezago habitacional. Para conseguir lo anterior se plantea impulsar acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas, así como orientar créditos y subsidios del Gobierno de la República hacia proyectos que fomenten el crecimiento urbano ordenado.
Para implementar las estrategias planteadas en el PND es necesario construir indicadores adecuados sobre los determinantes de la demanda efectiva de vivienda a producir por el sector formal, para lo cual, como hemos dicho, existe información suficiente. Sin embargo, es indispensable también dar cuenta de otras formas de relación social a través de las cuales los hogares acceden a ese bien en México. La construcción de datos sobre la vivienda en alquiler, la vivienda cooperativa, la vivienda en comodato y la vivienda en préstamo son necesarios para fortalecer los derechos de propiedad de los hogares, porque asegura que toda persona pueda gozar garantías de protección legal contra el desalojo o cualquier forma de hostigamiento relacionada con el lugar que habita.
Hasta el momento la información sobre estas formas de tenencia de la vivienda es casi inexistente porque los organismos encargados de producir información parten del paradigma de la propiedad privada, como contrato jurídico, y excluyen cualquier otra forma de relación social y también legal de acceso a la vivienda.
Es posible que, a excepción de la vivienda en renta, las otras relaciones sociales con las viviendas presentadas aquí hayan sido incorporadas dentro de la categoría informal. Debe mencionarse que tampoco existe información respecto de la magnitud de la población que habita en asentamientos informales. La información más cercana a la seguridad jurídica de la propiedad es la ofrecida en la ENIGH, que la clasifica como propia, rentada, intestada o en litigio. La misma fuente capta información sobre los hogares que cuentan con escrituras o título de propiedad, así como formas de adquisición de la vivienda. Si retomamos que sólo 25% de los jefes de hogar declararon haberla comprado hecha; 18.5% haber contado con un financiamiento; y 25% no tener escrituras, no es arriesgado concluir, que las formas de acceso a la vivienda incluyen una diversidad de relaciones sociales que no están registradas.
En la medida en que la “vivienda digna” es conceptualizada en función de la normatividad en la Ley Federal de Vivienda vigente, aparece como central la información referida a la misma. El carácter federativo del país implica la existencia de una variedad de regulaciones locales que clasifican la vivienda según el precio que tiene en el mercado, y exigen menores equipamientos y servicios para los conjuntos habitacionales de menores recursos. Con lo anterior transmiten que los hogares con mayores ingresos son los que pueden acceder a una vivienda más digna.
Finalmente, es importante destacar que el registro de cinco millones de viviendas deshabitadas podría constituir un stock de vivienda a incorporar dentro de la política habitacional, pero se desconocen sus características. Para poder incluirla es necesario realizar un censo de esa vivienda, de modo de identificar la proporción que de ella puede contribuir a abatir el rezago habitacional. La disponibilidad de esa vivienda y las acciones que puedan tomarse sobre ella depende de aspectos como el estrato socioeconómico y el tamaño de los hogares al que podría dirigirse. Así, cuenta el precio, pero también la condición de habitabilidad, y la situación jurídica de la vivienda.•
Referencias:
I. BBVA, Bancomer (2010) “Situación Inmobiliaria” Documento de acceso libre, enero, URL:http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1301_SitInmobiliariaMexico_Ene13_tcm346-370636.pdf, última consulta 14 agosto de 2013.
II. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2012 a) “Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto a Hogares, 2012”, información de acceso libre, julio, URL: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/ última consulta 01 agosto de 2013.
III. PEF (2013) Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018”, SHCP, México. Documento de acceso libre en la página, mayo, URL: http://pnd.gob.mx/ , última consulta 01 agosto de 2013.
