Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), confirman lo que y ase había anticipado mediante mediciones independientes: el impacto de las emergencias sanitarias y económica, ha provocado que millones de personas hayan caído en lo que se denomina como “situación de pobreza”.
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La situación que existía previa a la pandemia era ya intolerable; y en buena medida, ello explica la masiva votación por un proyecto que logró construir una narrativa creíble en torno a su preocupación por las personas pobres; sin embargo, los datos que ahora muestran que esas condiciones se profundizaron, y cuya solución se complejiza aún más, luego de años récord de violencia, en todas sus formas, entre el 2018 y el 2020.
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Los primeros análisis, muestran que la política social de esta administración ha sido insuficiente para evitar el incremento en la pobreza, pero también para resolver los factores estructurales que la determinan. En efecto, si bien es cierto que las transferencias de ingresos amortiguaron el impacto de la crisis, distan mucho de ser la solución de fondo a su superación y, sobre todo, para la construcción de capacidades del país para evitar un impacto de esta magnitud ante futuras crisis.
Preocupa en ese sentido que, ante la medición oficial de la pobreza, el titular del Ejecutivo desconozca los resultados, pues de acuerdo con el mandato constitucional, esa información y ninguna otra, es la que determina constitucional y legalmente el sentido de las políticas sociales y acciones de gobierno para la reducción de la pobreza en el país.
El Gobierno de la República debe reconocer que, ante un panorama como el que muestran los datos, lo urgente es convocar a un diálogo plural, serio y responsable, sobre cómo resolver esta dura problemática, porque no es imponiendo una sola visión o negando la realidad como se podrá romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza.
Lo primero que debe reconocerse es que los próximos 12 meses deben desarrollarse acciones para superar la emergencia social. Mejorar los mecanismos y criterios de distribución de los recursos, dirigirlos hacia quienes en mayor medida enfrentan la profundidad de la pobreza y comenzar a reconstruir a la economía para insertarla en un nuevo curso de desarrollo.
Hay al menos cinco medidas que deberían instrumentarse; comenzando con su preparación desde ahora, y con miras a comenzar a instrumentarlas en los próximos meses. La primera de ellas, es incrementar sustantivamente la inversión productiva del Estado, la cual se encuentra en los niveles históricos más bajos; esto debe realizarse con base en criterios de sostenibilidad, y dirigidos a dinamizar el consumo interno, la reindustrialización del país, así como la construcción de una nueva era de inversión en ciencia y tecnología para incrementar la productividad y la capacidad de generación de riqueza en el país.
En segundo término, es urgente una nueva estrategia de apoyo y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, reconociendo que son las unidades económicas que mayor número de empleos generan, pero que, paradójicamente, son las que producen menor proporción de riqueza en el país.
La tercera medida urgente es replantear la estrategia de salud: avanzar en serio hacia un sistema de cobertura universal, con calidad homogénea a servicios y medicamentos, que no esté vinculada al empleo de las personas, y que al mismo tiempo permita revertir las tendencias de morbilidad y mortalidad, con base en una nueva estrategia nacional de prevención y promoción de la salud.
Un tema que es urgente revisar es la política fiscal. Es cierto que el presidente de la República ha ofrecido no crear más impuestos o incrementar los que ya existen. Pero lo es también el hecho de que, de no resolver la fragilidad fiscal del Estado, no se contará con los recursos necesarios para atender la emergencia y salir de ella con base en una nueva lógica de bienestar generalizado.
Como quinta medida, de la mano de lo anterior, es urgente revisar la estrategia hacendaria del país y el pacto fiscal de la federación, ante la evidencia de que los mecanismos de transferencia de recursos, y la incapacidad de las entidades de la República de recaudar más y mejor, ha ido en sentido inverso de los objetivos que se plantearon en la reforma constitucional al artículo 115 en la última década del siglo pasado.
Estas medidas deben realizarse, simultáneamente, con la pacificación del país, pues es imposible hablar de bienestar en un país donde cada año son asesinadas más de 35 mil personas; donde cada año se denuncian cientos de miles de casos de violencia intrafamiliar, decenas de miles de casos de violación, y decenas de miles de casos de abuso, explotación y hostigamiento sexual.
Los datos del CONEVAL revelan que el grupo de población más empobrecido es, una vez más, el de las niñas y los niños; y con base en la pertenencia étnica, son los pueblos originarios quienes siguen siendo los que enfrentan las mayores carencias.
Esos datos obligan a que el Estado mexicano asuma con seriedad su obligación de replantear su política de niñez y su política hacia los pueblos y comunidades indígenas; pues en la realidad que tenemos, hay una violación flagrante al Principio del Interés Superior de la Niñez, así como a todo lo contenido en el artículo 2º de nuestra Carta Magna en materia de derechos de las personas indígenas y también las afrodescendientes.
Urge pues, más a poyo a los hogares; más asistencia a través de la intervención de trabajadoras y trabajadores sociales; apoyos psicológicos y de asistencia jurídica; una estrategia nueva de atención a la salud mental; y un largo etcétera que requiere la movilización consensada de todo el esfuerzo, recursos y capacidades de la República para reencauzarla hacia una ruta efectiva hacia el bienestar generalizado.
Negar la realidad polarizará más al país; y aún peor; sólo va a provocar que más personas sufran las consecuencias de vivir en la pobreza, porque para ellos no hay tiempo: el hambre es palpable a diario; la enfermedad evitable es una amenaza perpetua; y el estigma de ser los parias de la sociedad, a través del clasismo y el racismo que prevalecen en México, se mantiene como una de las peores expresiones de nuestra cultura.
No hay duda. Es el momento de concitar a todas las voces, a todas la visiones, para realizar el ideal de este gobierno, de atender primero a los pobres, y lograr que salgan de esa condición.
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