El pasado martes 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno mexicano compró 12 plantas de gas natural y un parque eólico a la compañía española Iberdrola, una de las principales empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica a nivel mundial. Esta decisión, que el presidente eligió dejar “bajo las sombras” hasta considerarlo un hecho, ha generado incertidumbre en torno a sus posibles repercusiones en el sector energético mexicano, el incremento de la deuda pública y el impacto en la inversión privada.
Escrito por: Alexandro Méndez González
Al tratarse de una operación de venta de 6 mil millones de dólares, expertos señalan que la inversión extranjera directa se reducirá en esa misma cantidad y no solo eso, sino que, en este contexto, al que el presidente llama una “nueva nacionalización” del sector, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estará a cargo del 55% de la generación eléctrica del país, resulta poco probable que otros inversionistas privados, como Naturgy, Mitsubishi, Mitsui, SAAVI, Enel y Sempra (compañías energéticas con inversiones en México) se arriesguen a asignar mayores recursos al país, ante la preocupación que genera una política energética orientada a fortalecer a las empresas estatales.
Te invitamos a leer: La corrupción tiene nuevas caras
Además, se prevé que la deuda pública aumente, pues la adquisición de estas 13 centrales no se llevó a cabo de forma directa por parte del gobierno mexicano, sino que la compra se realizó a través del gestor de fondos Mexican Infraestructure Partners (MIP), con respaldo del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Debido a ello, como ha señalado el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), las plantas no son realmente propiedad del Estado mexicano y, aunque resultaran ser plantas eficientes y productivas (y no “chatarra”, como se ha dicho en algunos medios), representarán en el futuro una cantidad considerable de gastos de mantenimiento de su infraestructura y operación.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque para esta adquisición se contó con financiamiento público, en realidad las centrales y la gestión del fideicomiso se mantendrá mayoritariamente privado y la CFE no incrementará su participación en la generación de energía eléctrica. Cabe señalar que aún está pendiente que se dé a conocer cuál será la participación de las entidades públicas y la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales a través del MIP.
A todo ello se suman las dudas que ha generado la capacidad de la CFE para operar las plantas, pues las cifras del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (Sener) revelan que, entre febrero de 2019 y febrero de 2023, disminuyó 8% la generación eléctrica en México y, además, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Inegi sobre la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica indica que estas actividades registraron una disminución de 20.5% entre enero de 2019 y enero de 2023.
Además, según datos de la Plataforma México, Clima y Energía, la inversión del país en proyectos de generación de energías limpias se ha reducido en la actual administración, al pasar de 5.89 mil millones de dólares en 2017, a 4.25 mil millones en 2019 y 705.9 millones de dólares en 2021. En un mundo donde el sector energético se ha puesto en manos de la iniciativa privada, lo que ha abonado a su modernización, competitividad, eficiencia, rentabilidad y a la mejora continua de este servicio, el gobierno mexicano ha decidido remar contracorriente, apostando por una “nacionalización” poco rentable a largo plazo, en lugar de invertir en proyectos de energías renovables, que son el futuro del sector. Esta decisión, a la larga, podría salir mucho más cara para nuestro país. Sin duda, los mexicanos seguiremos pagando los platos rotos de las malas decisiones de nuestros gobernantes.
También podría interesarte: La corrupción tiene nuevas caras
