¿Por qué es indispensable que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas impulse la aplicación del Protocolo Modelo o Protocolo Minnesota? Porque es obligación del Estado mexicano debe garantizar a quienes buscan a sus seres queridos su derecho la verdad, la memoria, la justicia, la reparación del daño y la no repetición.
Por Judith Coronel / @judithcoronelm
El número de personas desaparecidas en nuestro país es incierto, como también lo es el de cadáveres no identificados bajo resguardo de los servicios médicos forenses. Sobre todo si se toman en consideración aquellos cuerpos que con o sin registro o estudios periciales, de ADN y antropología forense entre muchos otros, son enviados a las fosas comunes o crematorios ante la saturación de las gavetas y frigoríficos.
Se nos ha hecho saber por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y otras instituciones que (cifras “oficiales”), desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006 a 2018, en doce años de terror, 40 mil 180 personas estaban en los registros de desaparecidas o no localizadas y había 36 mil 780 cuerpos sin identificar en los Institutos de Ciencias Forenses.
Sin embargo, en una entrevista publicada en la versión digital del prestigiado diario español, El País (16 de diciembre 2019), el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, expuso que a partir de la grave crisis humanitaria que heredó la presente administración y con la actualización de datos que se realiza, se prevé “un incremento importante, como de 30 por ciento”.
Lo que significaría que a 40 mil podrían sumarse un promedio de 12 mil personas cuyas familias se encuentran en espera de respuestas. Familias que son consideras eufemísticamente como víctimas indirectas.
Madres, padres, esposas, esposos, hijas e hijas que buscan en vida, en muerte y fosas clandestinas. Personas que viven en desamparo y desean abrazar a sus seres queridos y que, en el más dramático escenario, necesitan enfrentarse al duelo. Víctimas indirectas en una sociedad que debiese tener por meta la justicia, la no repetición, la reparación del daño, la verdad y la memoria.
La primera versión (1991) de este instrumento recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y que fue dirigida por un grupo de expertos del Minnesota Lawyers International Human Rights Committee, tuvo su más reciente actualización en 2017.
El instrumento original fue denominado “Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias”, coloquialmente conocido como Protocolo de Minnesota o Modelo.
Con su perfeccionamiento, debe constituirse como un método eficaz, de buenas prácticas, apego a las normas nacionales e internacionales que contribuyan a investigar las muertes potencialmente ilícitas e impedir su repetición; garantizar el castigo de quienes resulten responsables; y en especial, coadyuvar a que las familias en búsqueda tengan certidumbre sobre lo ocurrido a sus personas amadas.
Un primer paso, independientemente a que el homicidio los hubiesen cometido integrantes de bandas criminales nacionales o transnacionales o elementos mismos del Estado mexicano, es la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos sin identificar que se encuentran en los Semefo y aquellos que son recuperados en fosas clandestinas o son abandonados a la intemperie por los homicidas.
Deben prevalecer los siguientes principios: investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial y transparente. En los procesos de autopsia e investigación de la escena del crimen, deben participar peritos especializados en antropología forense, entre otros. Se debe contar con un banco de huellas dactilares y de ADN que facilite la identificación al contrastar información institucional, por ejemplo la contenida en el banco de huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cabe mencionar que hasta 2018, ese registro permitió la identificación de poco más de 400 cuerpos que se encontraban en algún Instituto de Ciencias Forenses. Atendiendo al Protocolo de Minnesota, el Estado mexicano debe garantizar el resguardo de la cadena de custodia, pruebas de criminalística forense y en particular el resguardo de los cuerpos mismos, ya que además de ser pruebas irrefutables de que se cometió un crimen, en algún momento deben ser reconocidos y entregados a sus dolientes.
Habrá quienes piensen que ante la saturación, es imposible el resguardo de restos humanos. La respuesta es simple y básica, la creación de Panteones Ministeriales donde los cuerpos sean resguardados hasta su identificación.
El documento “La Desaparición Forzada en México: Una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, contiene valiosas recomendaciones de especialistas internacionales, entre ellas: aplicar un Programa Nacional de Exhumaciones para que se garantice el resguardo y clasificación de los restos humanos conforme al Protocolo de Minnesota.
En 2017, en una investigación de Quinto Elemento, un prestigiado grupo de periodistas dio a conocer que sólo de 2006 a 2016 (10 años) habían sido localizados 2,884 cuerpos en 1,978 fosas clandestinas. Sin incluir los dramáticos hallazgos de 2017 y 2018.
En mayo (2019) el nuevo gobierno mexicano de extracción morenista, creó un registro de fosas clandestinas con información en la que dio cuenta de 81 sitios con 222 fosas clandestinas y poco más de 330 cuerpos recuperados.
La información no incluía al momento de su presentación los hallazgos de años previos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se cuente con un registro lo más ajustado a la realidad posible de personas desaparecidas o no localizadas?
¿Cuándo sabremos cuántas personas están siendo encontradas en fosas clandestinas; cuántas de estas han sido identificadas y entregadas las dolientes familias? Es difícil saberlo. Pero son respuestas urgentes, necesarias, indispensables para comenzar a recomponer el tejido social.
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