El extremismo y la polarización han cobrado fuerza, especialmente en Europa, América Latina y Estados Unidos. Esto se hizo evidente en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, donde el ascenso de la extrema derecha desestabilizó el escenario político de Francia y Alemania.
Escrito por: Magdalena Sepúlveda
Para contrarrestar esta amenaza existencial a la paz social, los gobiernos deben invertir en servicios públicos de calidad como la educación, la sanidad y las infraestructuras que marquen una verdadera diferencia en la vida de los ciudadanos.
Así pues, el dilema principal para la democracia es cómo obtener ingresos. La respuesta es sencilla: ir por el dinero allí donde se encuentra, en manos de las grandes multinacionales y los superricos que son expertos en ocultarlo para evitar pagar los impuestos que les corresponde.
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La buena noticia: La idea de un impuesto mínimo global sobre los ultrarricos está ganando impulso. No sólo es lo que corresponde hacer, sino también lo más popular, como demuestran sondeos recientes. Una encuesta realizada por la iniciativa Earth4All entre 22.000 ciudadanos de las mayores economías del mundo muestra que una abrumadora mayoría de los encuestados del G20 (68%) apoya un aumento de impuestos a los ricos para financiar cambios significativos en la economía y calidad de vida.
Otra encuesta, encargada por Patriotic Millionaires, una ONG de millonarios estadounidenses, reveló que más del 60% de los encuestados consideraban que el aumento de la desigualdad es una amenaza para la democracia. La mayoría (62%) de los 800 adultos entrevistados con activos superiores a 1 millón de dólares -excluidas sus viviendas- apoya una iniciativa internacional para gravar a los superricos.
En otras palabras, existe una percepción generalizada de que el actual sistema internacional es anticuado, injusto y fomenta altos niveles de evasión y elusión fiscal por parte de los poderosos.
La reciente propuesta de la presidencia brasileña del G20 de negociar un estándar global de un gravamen de al menos 2% a sobre los superricos de mundo, unos 3.000 individuos, ha renovado la atención sobre esta cuestión. En esta línea, el profesor Gabriel Zucman, colega mío en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de Corporaciones (ICRICT), ha elaborado el Plan de acción para un impuesto mínimo coordinado sobre los ‘milmillonarios’ que le encargara la presidencia brasileña del G20. Publicado antes de la Cumbre de Ministros de Finanzas del G20 de julio, el informe aporta ideas para la aplicación de dicho impuesto, iniciativa apoyada también por España, Francia y Sudáfrica, entre otros países.
Incluso la última cumbre del G7 en Italia se ha comprometido a trabajar con Brasil para avanzar en la cooperación internacional en esta materia[i].
Diez años atrás, varios escándalos de abusos revelados por whistleblowers, como los Panamá Papers, Luxleaks y los Pandora Papers, abrieron los ojos a los ciudadanos de todo el mundo y llevaron a que el G20/OCDE pusieran en marcha el proceso de reforma que culminó con la “solución de los dos pilares“. Esta es una propuesta para que las mayores empresas multinacionales paguen impuestos en todos los lugares en los que operan (Pilar Uno); y sostiene que debe haber un tipo global mínimo del 15% en el impuesto de sociedades (Pilar Dos).
Aunque esta solución ayudó a avanzar en la la reforma progresiva, el resultado dista mucho de favorecer a los países en desarrollo. Desilusionados por estos resultados adversos y las manipulaciones de las economías avanzadas durante el proceso de negociación, los países decidieron llevar el debate a las Naciones Unidas.
El pasado mes de noviembre, un proyecto de resolución de la Unión Africana fue aprobado masivamente por la Asamblea General de la ONU. Y así comenzaros las negociaciones de una convención marco de la ONU sobre cooperación fiscal. Un comité intergubernamental ad hoc está preparando los términos de referencia de este nuevo organismo que se presentarán en agosto.
Las negociaciones avanzan también en América Latina. Los vientos a favor de la coordinación fiscal regional han llevado a la creación de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC), que Chile preside este año.
Si esta tendencia creciente de cooperación fiscal continúa en la dirección correcta, los países en desarrollo podrían disponer de los recursos necesarios para invertir en mejores servicios públicos y hacer frente a desafíos globales como la emergencia climática (el pasado mes de mayo fue el más caluroso jamás registrado y el duodécimo mes consecutivo de temperaturas récord para el planeta). Estos fenómenos deben abordarse urgentemente, precisamente con inversión en servicios públicos.
Por desgracia, décadas de privatización y comercialización han desgastado los servicios públicos y agravado la desigualdad. Tenemos que revertir esta tendencia aumentando la movilización de los recursos nacionales mediante la cooperación fiscal que proponen Brasil en el G20 y la Unión Africana en la ONU.
Esta puede ser la única esperanza para que las economías emergentes, agobiadas por una deuda insostenible y una inflación descontrolada, consigan los recursos necesarios para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Gravar a las multinacionales y a los superricos con impuestos justos puede generar los fondos necesarios. Esto reforzará la cohesión social y proporcionará las herramientas para superar las amenazas que se ciernen sobre nuestras democracias.
Los servicios públicos de calidad son la base del funcionamiento toda sociedad y la principal herramienta para afrontar los desafíos mundiales e impulsar un cambio significativo. Invertir en ellos puede proporcionar un antídoto eficaz contra las amenazas del extremismo y el populismo, salvaguardando así nuestro futuro.
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[i] “Seguiremos trabajando de forma constructiva con la Presidencia brasileña del G20 para avanzar en la cooperación internacional. Trabajaremos para aumentar nuestros esfuerzos dirigidos a una fiscalidad progresiva y justa de las personas”, Comunicado de los Líderes del G7 de Apulia, 15 de junio de 2024.
(*) La Dra. Magdalena Sepúlveda es Directora Ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR). También es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Fue Relatora Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos.
Frase clave: impuesto a los miltimillorarios
