La detención de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López abre un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado en el país. Los detalles relativos a cómo fueron capturados, y si fue o no en el territorio nacional son mucho más que cuestiones anecdóticas, pues de lo que realmente haya ocurrido dependen las consecuencias que este evento traerá para el funcionamiento de una de las organizaciones criminales que considerada entre las más poderosas del mundo.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Los detalles que conoceremos en el público serán mínimos. Una operación llevada a cabo con tanto sigilo, incluso con el desconocimiento del gobierno mexicano, revelan sobre todo el nivel de desconfianza explícita que tienen las agencias norteamericanas responsables de la detención, respecto de las autoridades mexicanas; de ahí el escueto comunicado de la embajada norteamericana en México, que destaca otros procesos de colaboración, pero deja claro que, en este caso, se trata de un esfuerzo exclusivo de su gobierno.
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Las noticias que se han dado hasta ahora son enfáticas en señalar que se trató de un arresto, y no de una entrega pactada de los criminales. Lo cual podría significar que hay una nueva lógica de las agencias norteamericanas en la lucha en contra del crimen organizado y ante lo cual, las amenazas de Donald Trump, respecto de que el gobierno de aquel país podría intervenir abiertamente en nuestro territorio, de llegar a la presidencia de los EEUU, cobran un nuevo cariz, pues parece ser que no será hasta entonces, sino que, en realidad, hay una presencia y acción permanente de agentes, autorizados o encubiertos, norteamericanos en México.
La otra cuestión de fondo que sale a flote una vez más es la inmensa impunidad que prevalece en nuestro país, pues todos los relatos informales y los expedientes oficiales, tienen un registro de al menos cinco décadas de operación ininterrumpida de Zambada como líder del crimen organizado, sin jamás haber sido detenido y sin jamás haber sufrido atentados graves conocidos en su contra.
¿Cómo se consigue ser jefe de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del planeta durante cincuenta años sin ser detenido por las autoridades del país donde se tiene su principal base de operaciones? ¿Cómo se logra tener la capacidad de circular en el territorio nacional, y presumiblemente por varios países, teniendo fichas de detención internacionales, sin ser molestado durante décadas?
Evidentemente la respuesta se encuentra en el concepto de la impunidad, es decir, la condición de quedar sin castigo, mereciéndolo de acuerdo con el derecho. Estimaciones no oficiales indican que el crimen organizado en México genera ganancias de más de 36 mil millones de dólares al año, es una cifra equivalente a aproximadamente 684,000 millones de pesos, una cifra que supera en varias veces el costo del tren Maya.
Con estas cifras, que se estiman como ganancias netas, es posible imaginar la capacidad corruptora de las bandas del crimen organizado, porque hay otras organizaciones que compiten en calibre y capacidad operativa con el llamado Cartel de Sinaloa, y entre los cuales se encuentran el denominado Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel de Juárez, el “Del Golfo”, entre otros, cuyo número se estima en al menos 20 organizaciones adicionales con poderosas estructuras locales y regionales, que pactan y acuerdan con los cárteles de mayor poderío.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestra que, a nivel local, la proporción de personas que han tenido contacto con autoridades de seguridad pública y que han experimentado actos de corrupción, es de 47.5%; pero además, el seguimiento en el tiempo permite estimar que el promedio es prácticamente el mismo para los últimos seis años, lo que muestra que, al menos en el pasado reciente y hasta ahora, la corrupción no se ha reducido ni se han logrado abatir las prácticas de transacciones ilegales al amparo del poder.
Cuánto y de qué manera afectarán estas detenciones las estructuras y mecanismos operativos y financieros del denominado Cártel de Sinaloa es una cuestión que sólo será aclarada con el tiempo; pero quedan muchos temas laterales que deben abordarse con seriedad en nuestro país.
En primer lugar, se tiene una grave crisis forense en el país, debido a los miles de cuerpos que permanecen en los servicios médicos forenses de todo el territorio nacional. A ello se suman los aspectos más graves de la desaparición forzada: por un lado, la inmensa cantidad de personas que es enterrada en las fosas comunes, porque no se logra su identificación; y los miles de personas que se estima que hay en fosas clandestinas en todo el territorio nacional.
En segundo término, se encuentra la ahora inexistente política nacional de prevención de adicciones, ámbito en el cual no tenemos siquiera un diagnóstico aproximado de la magnitud del problema que enfrentamos; pero que dados los datos disponibles sobre la atención de personas con intoxicación por consumo de alcohol y otras drogas, muestran que la incidencia se ha incrementado de manera relevante en los últimos años.
El tercer factor relevante es el nivel de consumo de drogas en los EEUU, particularmente de fentanilo, que está provocando la muerte de al menos 80 mil personas cada año de aquel lado de la frontera; lo cual se suma a la política de producción y distribución de armas, miles de las cuales terminan en México y permiten que los grupos criminales estén cada vez más y mejor equipados y pertrechados.
Sin la impunidad rampante continúa imperando tanto en México como en los EEUU, y la protección que se otorga a los criminales, no sólo para la realización de sus actividades criminales, particularmente en el sector financiero, que permite el blanqueo de recursos y la “legalización” del dinero mal habido, y que permite la reproducción de los circuitos de la crueldad criminal.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: Impunidad a delincuentes, impunidad financiera
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