Toda sociedad democrática se basa en principios fundamentales que constituyen sus coordenadas organizativas elementales del orden político y social. Entre ellos se encuentran el pluralismo democrático, ser sociedades abiertas a los cargos; y sobre todas las cosas, tener un compromiso indeclinable, lo que implica sistemas institucionales eficaces, para la garantía plena de los derechos humanos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Lo anterior se traduce entonces en regímenes donde, independientemente de las diferencias en los modelos y estructuras de gobierno y procedimentales, se establece lo que se ha denominado de forma común, como el “imperio de la ley”. En esa medida, la existencia del Estado se entiende como un “Estado social de derecho”.
Es frente a ello que importa de manera sumamente relevante la reciente publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, en la cual la información del INEGI obliga a poner sobre la mesa una de las problemáticas más profundas y vergonzosas de México: la impunidad. Este fenómeno, que atraviesa todas las capas sociales, ha crecido hasta convertirse en una patología estructural que mina la confianza en las instituciones y profundiza el escepticismo social frente a la posibilidad de un Estado de derecho efectivo.
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La ENVIPE 2024 revela cifras estremecedoras. Una de las más impactantes es la llamada “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denuncian o que no derivan en una carpeta de investigación. Según el informe, el 92.9% de los delitos cometidos en el país no son denunciados, lo que implica que más de 9 de cada 10 crímenes permanecen en las tinieblas del sistema de procuración e impartición de justicia, sin que las autoridades logren revertir estructuralmente las condiciones que permiten la reproducción sistémica de estas condiciones. Este dato, de suyo desolador, es a la vez la principal muestra de la desconfianza generalizada de la ciudadanía en un sistema que parece estar diseñado para no funcionar.
En algunos estados, la situación es aún más alarmante. Entidades como Guerrero, Oaxaca y Michoacán destacan como los focos rojos de la impunidad en el país, donde más del 95% de los delitos no son denunciados. Es estas condiciones, debe comprenderse que la impunidad ha dejado de ser una “mera falla del sistema” para convertirse en una norma tácita, pues en todo el territorio nacional prevalece un profundo vacío de autoridad que lleva a que el crimen ocupe cada vez más territorios y tenga cada vez mayor control sobre las actividades esenciales de la vida pública y privada en el país.
Las razones detrás de esta cifra negra son claras. Según la ENVIPE, los ciudadanos evitan denunciar principalmente por dos razones: consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo y, en muchos casos, temen represalias por parte de los mismos delincuentes o, incluso, de las propias autoridades. Esta combinación de miedo y desesperanza muestra el grado de descomposición al que ha llegado el sistema de justicia mexicano, lo cual además abona al señalamiento relativo a que la reforma judicial que se ha llevado a cabo no es ni de lejos la de mayor pertinencia y probabilidad de eficacia para garantizar justicia universal, pronta y expedita como lo establece la Constitución.
Así pues, la impunidad está estrechamente vinculada a la corrupción: la ENVIPE 2024 revela que, en términos de percepción ciudadana, más del 65% de los mexicanos consideran que los actos de corrupción están presentes en todos los niveles del gobierno, ese porcentaje es equivalente a dos de cada tres ciudadanos. En estados como Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México, la corrupción percibida supera el 70%, siendo uno de los principales factores por los que los ciudadanos se abstienen de buscar justicia.
La corrupción no solo se refleja en las “mordidas” que se deben pagar para que algún trámite o una denuncia avancen, sino también en las complicidades entre funcionarios públicos y delincuentes, que aseguran que los casos se “pierdan” o sean manipulados para beneficiar a los criminales. Este entramado de corrupción e impunidad no solo perpetúa el delito, sino que envía un mensaje claro a la sociedad: no hay consecuencias para aquellos que violan la ley, siempre y cuando puedan comprar su salida.
Otra cifra reveladora de la ENVIPE 2024 es la percepción sobre la eficacia del sistema judicial. Solo un 12% de los encuestados cree que las autoridades son capaces de resolver los crímenes. Este dato evidencia una crisis de confianza que se ha venido gestando por años, alimentada por la ineficacia, la corrupción y la falta de voluntad política para enfrentar de manera seria la problemática de la impunidad, y esto aplica no sólo a los tribunales, sino a las corporaciones policiacas y a las fiscalías tanto de los estados como a la Fiscalía General de la República. En esto, es de suma relevancia destacar la urgencia de revisar el sistema de justicia penal acusatorio, que comenzó a implementarse desde el 2008; y cuyos resultados a la fecha son evidentemente deplorables.
Esta situación no solo afecta a las víctimas directas de los delitos, sino que también tiene un impacto devastador en el tejido social. El sentimiento de inseguridad y desprotección se extiende, generando una espiral de desconfianza y aislamiento. Los ciudadanos prefieren no involucrarse, conscientes de que el sistema de justicia no solo es ineficiente, sino que puede volverse en su contra.
México vive una crisis de impunidad que ha carcomido los cimientos del Estado de derecho. La ENVIPE 2024, con su desolador panorama de cifra negra, corrupción y desconfianza en las instituciones, deja claro que el sistema de justicia en el país está fracturado y rebasado. Sin un cambio radical en las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, una transformación del sistema judicial y de procuración de justicia, y un combate frontal contra la corrupción, la impunidad seguirá siendo la norma, y los ciudadanos seguirán viendo cómo la justicia es un privilegio reservado para unos cuantos.
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Investigador del PUED-UNAM
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