Impunidad, un problema sistémico y el refacultamiento ciudadano

La impunidad en México sigue siendo una herida abierta que lacera el tejido social y debilita las bases institucionales de la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. El Índice Global de Impunidad 2024 (IGI 2024), publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez, ofrece una radiografía preocupante: México ocupa la posición 80 entre 94 países evaluados, con un índice de 46.19, superando significativamente tanto el promedio global (31.64) como el regional para América (36.89).

Escrito por:   José Ojeda Bustamante

¿Qué es la impunidad? Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU, 2005), la impunidad es “la inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

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Este fenómeno no es una cifra más. Se traduce en víctimas sin reparación, delincuentes sin castigo y una sensación de vulnerabilidad que permea la vida cotidiana. Pondremos como ejemplo a Puebla, como entidad federativa, enfrenta retos específicos que exigen atención urgente. ¿Cómo impacta la impunidad en nuestra vida diaria? ¿Qué estrategias pueden adoptarse para enfrentar este reto? Analicemos el panorama y las posibles soluciones.

El informe destaca que la impunidad en México es sistémica y multidimensional. En las cinco dimensiones evaluadas —seguridad estructural y funcional, justicia estructural y funcional, y derechos humanos— el país obtiene resultados negativos, lo que refleja una crisis que trasciende la mera incapacidad de sancionar delitos. Se trata de una disfunción institucional que afecta el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la percepción pública de seguridad.

La dimensión de seguridad funcional es particularmente alarmante, con una puntuación de 55.50, lo que evidencia la ineficacia en la prevención e investigación de delitos. A esto se suma una infraestructura penitenciaria insuficiente y una marcada falta de personal en áreas críticas de procuración e impartición de justicia. El reporte subraya que, sin capacidades institucionales sólidas, las estrategias de combate a la delincuencia resultan ineficaces.

Aunque el informe no detalla el desempeño estatal individual en esta edición, la trayectoria del IGI-MEX en 2022 ya alertaba sobre las deficiencias de las entidades federativas. Puebla, en particular, mostró debilidades en la procuración de justicia y la atención a delitos de alto impacto. La limitada capacidad institucional del estado afecta la resolución de casos y, en consecuencia, perpetúa ciclos de violencia y desconfianza ciudadana.

La percepción de inseguridad en Puebla, alimentada por la impunidad, se convierte en un obstáculo para el desarrollo social y económico. La ciudadanía, al no confiar en las instituciones, se ve desincentivada a denunciar delitos, lo que perpetúa una espiral de impunidad. Es urgente que las autoridades locales fortalezcan las capacidades del sistema judicial y adopten mecanismos de transparencia que permitan evaluar con precisión su desempeño.

Un hallazgo relevante del IGI 2024 es la existencia de lo que los autores denominan impunidad estadística: la falta de datos confiables, actualizados y consistentes sobre seguridad, justicia y derechos humanos. Esta carencia, muchas veces intencional, impide evaluar el verdadero alcance de la impunidad y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

En México, a pesar del esfuerzo del INEGI por ofrecer información pública, persisten deficiencias en la calidad y cobertura de los datos proporcionados por los estados. Puebla debe asumir su responsabilidad en esta materia, garantizando la recolección y difusión de estadísticas precisas que permitan un diagnóstico certero del fenómeno.

El informe identifica a Alemania, Luxemburgo y República Checa como los países con menor impunidad, gracias a instituciones sólidas, procesos transparentes y una ciudadanía activa. México y Puebla pueden aprender de estas experiencias adoptando una perspectiva policéntrica, que descentralice la toma de decisiones y fomente la colaboración entre órdenes de gobierno.

Algunas recomendaciones clave son:

1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales: Invertir en capacitación, infraestructura y recursos para el sistema de justicia.
2. Transparencia y rendición de cuentas: Mejorar la calidad y disponibilidad de datos para combatir la impunidad estadística.
3. Participación ciudadana activa y refacultamiento ciudadano: Impulsar procesos de empoderamiento comunitario que permitan a los ciudadanos comprender y ejercer su capacidad para exigir justicia y participar en la toma de decisiones.
4. Coordinación interinstitucional: Impulsar estrategias multinivel que integren esfuerzos federales, estatales y municipales.

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La impunidad no es un destino inevitable, sino una condición que puede revertirse mediante decisiones firmes y políticas públicas basadas en evidencia. Puebla, como entidad clave en el desarrollo regional, tiene la oportunidad de liderar este esfuerzo, demostrando que es posible construir instituciones sólidas y confiables.

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