Impunidad y democracia

por Mario Luis Fuentes

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad, en México hemos creado un sistema que propicia la detención de miles de inocentes y la libertad de miles de responsables. Ocupamos el penúltimo lugar internacional en materia de impunidad; tenemos sólo 4 jueces por cada cien mil habitantes, cuatro veces menos que el promedio mundial; 92% de los delitos no son denunciados; y a 46% de las personas detenidas en prisiones no les ha sido dictada sentencia. Esto revela un sistema judicial en crisis.

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El diagnóstico presentado por el Índice Global de Impunidad (IGI), coordinado en México por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) es contundente; México es un país en el que la impunidad está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y con ello, la confianza que se tiene en la democracia como régimen de gobierno que permite la construcción de sociedades para el bienestar y la inclusión.

La interpretación de los datos del Índice, muestra que los países con más alto nivel de desarrollo humano, es decir, mayor educación, salud e ingresos; así como con menor corrupción y violencia, son aquellos en los que la impunidad tiene una menor presencia. 

Por su parte, ya el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), había mostrado a través de diversos instrumentos demoscópicos, que la cifra negra es equivalente a más del 90%; de hecho, en la medición del 2015 de la ENVIPE, los datos muestran un 92% de delitos que no llegan siquiera a convertirse en una denuncia ante la autoridad.

Estas circunstancias obligan a pensar en la urgencia de concretar la instalación en tiempo y forma, del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual marcaría la transición al nuevo sistema acusatorio, y que por primera vez obligaría a la autoridad a sustentar los casos con base en evidencia científica, así como respetando a plenitud los principios de presunción de inocencia, así como el derecho al debido proceso de los acusados. 

Sólo una buena noticia 

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 en una lista de 193 países considerados. El dato es relevante porque se asemeja a la posición que tiene México en el Índice del Desarrollo Humano; sin embargo, se precisa que de esta lista, únicamente 59 países cuentan con información suficiente para ser incluidos en el cálculo del mismo; y en esta lista, nuestro país ocupa el penúltimo lugar. 

En este contexto, la buena noticia consiste en señalar que México forma parte de los 12 países que pueden considerarse “a la vanguardia” e la generación de información estadística en materia de información en materia de seguridad y justicia; rubros en los que sin duda, tanto el INEGI como el Sistema Nacional de Seguridad Pública han avanzado de manera significativa.

Muy pocos jueces

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad uno de los primeros problemas que deben atenderse es la notable insuficiencia de jueces y magistrados con que contamos para la impartición de justicia. Los datos son dramáticos: mientras que en Croacia, el país con menor impunidad identificada en el Índice, se cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes, en nuestro país hay únicamente 4 por cada 100 mil. Cifra que también es cuatro veces menor al promedio de los países considerados en el Índice, el cual se ubica en 17 jueces por cada 100 mil habitantes.

Este dato permite mostrar la inconsistencia de la publicidad del Poder Judicial de la Federación, en la que se sostiene que en México se garantiza el derecho a una justicia imparcial y expedita, y la realidad relativa a que las apelaciones y los procesos judiciales tardan de tres a cinco veces más el tiempo que indica la Constitución como máximo para ser resueltos.

Detenidos sin sentencia

Juristas como Miguel Carbonell, y expertas en el análisis del sistema penitenciario como Elena Azaola, han advertido que hay un abuso y una desproporción de la prisión preventiva como modelo adecuado para la impartición de justicia. En esa lógica, el Índice destaca lo que ya se había evidenciado tanto a través de estudios académicos como de los Informes sobre el sistema penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 46% de las personas detenidas en prisiones lo están sin haber recibido una sentencia. El resultado del análisis es que hay un grave problema de funcionalidad del sistema de impartición de justicia.

 Policías suficientes, pero poco eficaces 

El IGI muestra que en México habría 155 policías por cada 100 mil habitantes; sin embargo, estamos ante el problema de que, según los datos del INEGI, al menos 8 de cada 10 personas considera que las policías municipales son poco o nada eficaces en su desempeño; en otras mediciones, el promedio de desconfianza en las policías, en general, es de dos de cada tres personas. Frente a los datos de México, el promedio del número de policías por cada 100 mil habitantes, entre los países que integran el Índice es de 133.

Presuntos culpables…

 Uno de los aspectos ligados a la impunidad es el caso de la corrupción, la cual no sólo no es combatida adecuadamente, sino que es el propio sistema el que la alienta y propicia su reproducción. Desde esta perspectiva es importante reproducir el diagnóstico del IGI: “Esta situación refleja que en los primeros eslabones del proceso impere una lógica de trabajo por cumplimiento de metas, donde más personas detenidas y procesadas es igual a mejores resultados… Bajo esta premisa los cuerpos de seguridad estarían presentando un alto número de gente inocente, permitiendo además actos de corrupción que constituyen la salida cotidiana de aquellos verdaderamente responsables que sí fueron contactados por los cuerpos de seguridad y las primeras instancias judiciales”.

*Columna publicada con el mismo nombre  en el periódico Excélsior, 09- Febrero- 2016, p.25

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