El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos federal y estatal (CNDHF-E) 2020. Este censo contiene información sobre la quejas sobre presuntos hechos violatorios de derechos humanos que se presentaron en 2019 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las entidades federativas (OPDH).
Entre los principales resultados se encuentra que en 2019 fueron reportados 140,486 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en 28,467 expedientes de la CNDH y 112,019 de los OPDH.
Las instituciones más señaladas como probables responsables de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en los expedientes de queja fueron el IMSS y la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General:
En los expedientes de la CNDH, “el 25% de los expedientes se señaló al Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo que respecta a los OPDH, en 18.9% de los expedientes, la institución señalada fue la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General”, refiere el CNDHF-E 2020.
Cabe señalar que tanto en los expedientes de la CNDH como de los OPDH, el principal hecho violatorio denunciado fue la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, el cual, de acuerdo con el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal, implica:
- Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
En cuanto a las sanciones, el censo reporta que en 2019 hubo 786 servidores públicos sancionados y que el 49.8% de estas sanciones fueron el apercibimiento o una amonestación.
Asimismo, la mayor parte de los servidores públicos sancionados en la CNDH y los OPDH, pertenecían a una institución encargada de la seguridad pública o vialidad.
Las quejas de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos relativas a las instancias de seguridad y justicia fueron sobre los siguientes hechos: 5,551 detenciones arbitrarias, 5.012 tratos crueles inhumanos o degradantes, 2,143 hechos de tortura, 281 hechos de desaparición forzada, 68 ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias y 22 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales.
En 2019 hubo una cifra de 110,864, en la CNDH 27 850 y en los OPDH 83 014. De acuerdo con el tipo de víctima, los hombres representaron 53.4%, las mujeres 43.5% y los grupos vulnerables 1.4%, el resto (1.7%) no fue posible indentificar el sexo y el tipo de víctima.
En lo que respecta a los presuntos hechos violatorios que se cometieron a las víctimas, en total se registraron 157 889, 18.0% (28 467) de ellos en los expedientes calificados como presuntamente violatorios en la CNDH y 82.0% (129 422) en los correspondientes de los OPDH14.
Los principales presuntos hechos violatorios que se cometieron a las víctimas registradas en los OPDH15 fueron: tortura, presunto hecho violatorio que más se cometió a los hombres, y, en el caso de las mujeres, la violación de los principios básicos de la educación (que debe ser: laica, gratuita, inclusiva y de calidad=.
Durante 2019, a nivel nacional, se promovieron 12 843 medidas y acciones para la protección y defensa de los derechos humanos, 91.6% por los OPDH y 8.4% por la CNDH. Las medidas precautorias o cautelares fueron las más frecuentes tanto en la CNDH como en los OPDH.
