Incluir a los jóvenes rurales no solo les permitirá desarrollar su potencial de contribuir a un desarrollo más inclusivo y sostenible, sino también, incrementar la capacidad de los territorios rurales de adaptarse a la nueva coyuntura económica y social que enfrentamos
Por Daniela Castillo | @Rimisp
La juventud es una etapa en la que se forman y consolidan las aspiraciones y trayectorias de vida de las personas. Estas trayectorias son altamente sensibles a la estructura de oportunidades que les ofrece el territorio donde las y los jóvenes habitan. La culminación o no de los estudios básicos, el ingreso a la educación técnica o superior y el embarazo adolescente, son algunos de los hitos de esta etapa que definen el tipo y la calidad de empleo al que las personas acceden, así como los ingresos que recibirán.
Sin embargo, las oportunidades que los territorios ofrecen a las personas jóvenes no se distribuyen de manera homogénea al interior de los países. Los territorios rurales suelen poseer menor infraestructura educativa y de salud, menor conectividad, baja diversificación económica y una débil capacidad de agencia, limitando así las posibilidades de desarrollo de sus habitantes.
Pero esta no es una regla inquebrantable. El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019, elaborado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, analizó seis territorios latinoamericanos, rurales y rural-urbanos, que han logrado correr las barreras que limitan el desarrollo de las personas jóvenes, otorgándoles mayores oportunidades de inclusión económica. Dos de los casos analizados corresponden a los municipios de Amealco de Bonfil (Querétaro) y Allende (Nuevo León) en México.
El estudio encontró que la dinámica económico-productiva de ambos territorios está fuertemente influida por su cercanía a centros urbanos de gran tamaño. En ambos territorios se observa un creciente desplazamiento de los habitantes de zonas rurales a centros urbanos que ofrecen oportunidades económicas, pero que no los obliga a migrar en forma permanente.
Además de la alta conectividad, en Amealco de Bonfil la valoración social de la interculturalidad, la consideración e incorporación de las distintas expresiones, intereses y expectativas en los programas estatales y municipales, y otras intervenciones de la sociedad civil han creado nuevas oportunidades educativas y sociales para la juventud.
En Allende, por su parte, se observó que los esfuerzos de coordinación entre la institucionalidad pública y la sociedad civil han sido importantes para generar oportunidades de continuidad de estudios e incrementar, así, las opciones de empleabilidad de los jóvenes.
Hoy más que nunca, los aciertos de inclusión de estos territorios resultan del todo relevantes. Los jóvenes rurales no solo tienen mayores niveles educativos, sino también más cercanía a las nuevas tecnologías y mayor inclinación a la innovación comparados con sus padres.
Incluir a los jóvenes no solo les permitirá desarrollar su potencial de contribuir a un desarrollo más inclusivo y sostenible, sino también, incrementar la capacidad de los territorios rurales de adaptarse a la nueva coyuntura económica y social que enfrentamos, tras la diseminación global del Covid-19.
Daniela Castillo Rodríguez es asistente de investigación de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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