por Ma. Ignacia Fernández
La pobreza en México se mantiene en cifras inaceptablemente altas, particularmente en las áreas rurales del país, donde de acuerdo con la información oficial de Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en 2016 el 58.2% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, el 29.2% en pobreza por ingresos y el 17.4% en pobreza extrema rural.
La pobreza en México se mantiene en cifras inaceptablemente altas, particularmente en las áreas rurales del país, donde de acuerdo con la información oficial de Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en 2016 el 58.2% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, el 29.2% en pobreza por ingresos y el 17.4% en pobreza extrema rural. Prácticamente las mismas cifras de hace 20 años, a pesar de un sinnúmero de esfuerzos por combatirla.
Las crisis económicas más recientes, en 1995 y 2008, mostraton tanto su fuerte impacto empobrecedor como la poca sostenibilidad de las reducciones alcanzadas en los niveles de pobreza. Aunque ésta no es una situación exclusiva de México, se trata de un problema que requiere ser abordado de manera decidida, recuperando la necesaria vinculación entre política económica y política de desarrollo social.
Este es, a nuestro modo de ver, un aspecto crítico y central de cualquier esfuerzo encaminado a superar la pobreza rural en forma sostenida. Debemos revertir la tendencia instalada, según la cual, el desarrollo rural, y en particular su componente de desarrollo económico, abandona la preocupación por integrar a aquellos hogares y comunidades que van quedando atrás, dejando a la política social, y particularmente a los programas de transferencias monetarias condicionadas –como Progresa-Oportunidades-PROSPERA–, la acción pública de alivio de la pobreza.
Superar esta disociación prevalente entre las políticas de protección social y las de fomento productivo rural significa abordar de forma integral la situación de hogares, comunidades y territorios que enfrentan pobreza y vulnerabilidad persistentes, partiendo por reconocer su carácter de sujetos con potencial productivo. A partir de ahí, nuestra propuesta se funda en tres grandes principios:
- Partir de un enfoque territorial, que ubique al territorio como el sujeto principal de la política, proponiendo soluciones suficientemente flexibles, pero integrales, que aborden al mismo tiempo las carencias y necesidades de los hogares y comunidades, con la generación de oportunidades territoriales de desarrollo económico a través de la infraestructura, la información y un conjunto amplio de bienes y servicios públicos habilitantes.
- El reconocimiento de la diversidad y multidimensionalidad de situaciones de pobreza, que se expresa en la diversificación de estrategias de sobrevivencia y generación de ingresos de los hogares rurales, localizados en territorios también diversos desde el punto de vista de su potencial de integración con dinámicas de acceso a bienes y servicios normalmente situados en ciudades y que redundan, además, en dispares condiciones de bienestar.
- La centralidad de las organizaciones locales como motor del desarrollo cooperativo de actividades productivas para la generación de ingresos, y la consecuente necesidad de fortalecer el tejido organizacional de los territorios, así como las capacidades de otras instituciones claves para el desarrollo local, como los municipios.
Tres principios que no son fáciles de llevar a la práctica. Se requiere de mucha voluntad política para abordar con decisión la urgente necesidad de rediseño de la arquitectura institucional de fomento productivo, superando su carácter regresivo y desarticulado, agrupando una oferta dispersa y definiendo un conjunto de objetivos alineados con los propósitos del desarrollo rural. Ello sin renunciar a la articulación interinstitucional, porque son muchos los organismos y Secretarías que pueden aportar a esta estrategia, de manera tal de asegurar la integración de una oferta territorial bajo la forma de un menú de bienes y servicios públicos, cuyo propósito sea crear condiciones e incentivos que ayuden a detonar procesos de desarrollo escalables.
Ma. Ignacia Fernández: Directora Ejecutiva de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
www.rimisp.org | ifernandez@rimisp.org
