Como mencioné en mi artículo previo, México se ubica en el lugar 104 del Índice de Estado de Derecho 2020, de un total de 128 países. Por otro lado, a nivel América Latina y el Caribe, nuestro país ocupa uno de los últimos lugares del ranking, sólo por encima de Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, y perdiendo terreno, con respecto a 2019, frente a Guatemala, República Dominicana y Belice. Por lo tanto, se observan muchas áreas de oportunidad para México con base en los ocho factores del Índice de Estado de Derecho, las cuales menciono a continuación.
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Límites al poder gubernamental:
Mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley. Incluye los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas. También incluye los controles no gubernamentales, como una prensa libre e independiente. En este factor, México debería de poner especial énfasis en los límites a los poderes Legislativo y Judicial, a las auditorías independientes, a las sanciones por conductas indebidas y a los contrapesos no gubernamentales.
Lee la primera parte del articulo: ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO 2020
Ausencia de corrupción:
Mide la ausencia de corrupción en el gobierno. Este factor toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Se analiza la corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la policía y el ejército. Al respecto, para nadie es novedad los elevados niveles de corrupción que existen en dichos ámbitos en nuestro país. Cabe señalar que es el factor en el que México aparece peor evaluado.
Gobierno abierto:
Mide la apertura del gobierno, y si éste publica información, empodera a las personas con herramientas para exigir rendición de cuentas, y si fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este factor mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el gobierno. Al revisar el caso específico de México, se observa que el factor de Gobierno abierto es en el que México muestra la mayor fortaleza, al ser el factor que se encuentra por encima de los indicadores de América Latina y el Caribe, con excepción de lo que a participación cívica se refiere.
Derechos fundamentales:
Reconoce que para que un sistema sea un Estado de Derecho, debe respetar los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. Dado que existen otros índices que miden los derechos humanos, y que sería imposible medir la adhesión a todos ellos, este factor se centra en una lista de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que están intrínsecamente relacionados con el Estado de Derecho. Nuestro país necesita trabajar este factor en lo referente a: disminuir la discriminación, generar condiciones que garanticen de mejor forma la vida y la seguridad, avanzar en cumplimiento del debido proceso legal, así como garantizar la libertad de expresión y los derechos laborales.
Orden y seguridad:
Mide si la sociedad puede garantizar la seguridad de las personas. La seguridad es una función fundamental del Estado, y una característica de una sociedad con Estado de Derecho. También es una precondición para la realización de derechos y libertades que el Estado de Derecho busca promover. Este factor resulta interesante, ya que es uno de en los que nuestro país aparece mejor evaluado. Sin embargo, ello es debido a la construcción del mismo, ya que, a pesar de que la calificación de México en cuanto a ausencia de delitos es baja, la de ausencia de conflicto civil es la más alta. Esto quiere decir que México es un país en el que hay elevados índices delictivos, pero en el que los conflictos civiles son prácticamente inexistentes, de acuerdo con la medición del índice.
Cumplimiento regulatorio:
Mide si las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva. Este factor no evalúa las actividades que el gobierno decide regular, ni considera si la regulación es apropiada; más bien, se enfoca en la implementación y aplicación de dichas regulaciones. Aquí México debe de pones especial atención en lo referente a reducir el influyentismo, el retraso de trámites injustificados, el respeto al debido proceso y la expropiación sin compensación adecuada.
Justicia civil:
Evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles, asequibles, y si están libres de corrupción, discriminación, e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin retrasos que no son razonables, y si las decisiones se aplican de manera efectiva. Finalmente, mide la accesibilidad, imparcialidad, y efectividad de los mecanismos alternativos de solución de disputas. Aquí, las áreas de oportunidad se vislumbran en conseguir una justicia accesible, erradicar la discriminación, la corrupción, el influyentismo, los retrasos injustificados, la aplicación efectiva de dicha justicia y la puesta en marcha de mecanismos alternativos imparciales y efectivos.
Justicia penal:
Evalúa el sistema de justicia penal de cada país. Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto clave del Estado de Derecho, pues es el mecanismo para reparar agravios y emprender acciones hacia los individuos que cometan delitos contra la sociedad. Este factor considera a la policía, defensores, fiscales, jueces, y personal penitenciario. Aquí es en donde, al igual que se observa en el factor de ausencia de la corrupción, las áreas de oportunidad son más evidentes. Se debe de invertir en investigaciones efectivas, impartición de justicia puntual y efectiva, en un sistema penitenciario efectivo, así como en erradicar la discriminación, la corrupción, las influencias indebidas, y en el garantizar el debido proceso legal.
Como sabemos, este año se elegirán 15 nuevas gubernaturas. Las nuevas administraciones deberán observar las áreas de oportunidad señaladas, y aprovechar dicha coyuntura en los procesos de planeación.
Finalmente, les comento que se acaba de publicar el Índice de Estado de Derecho en México 2020, el cual arroja información por cada una de las 32 entidades de la República, y que analizaremos en mi siguiente artículo.
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