Índice de Estado de Derecho en México, 2020-2021

Dando continuidad a los dos artículos anteriores, en esta ocasión analizaré la parte del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) enfocado al capítulo de México. Aprovecho la oportunidad de las elecciones del próximo domingo 6 de junio para presentar un esbozo relacionando los resultados del estudio con el contexto electoral que vivirá nuestro país.

Sigue al autor, Jorge Mier y de la Barrera, en Twitter @Jmier72

Como he mencionado, durante más de una década el WJP ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Desde 2018, publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país. Este índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.

Lee el articulo: Índice de Estado de derecho, 2020 (II)

El Índice de Estado de Derecho

La tercera edición del IEDMX (2020-2021) presenta nuevos datos e indicadores, organizados en ocho factores que lo integran: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil y 8) justicia penal.

Los resultados del IEDMX 2020-2021 evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. A pesar de lo anterior, los datos muestran algunos cambios en ciertos aspectos del Estado de Derecho.

Al igual que en el Índice de Estado de Derecho mundial, el IEDMX utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho. En el IEDMX 2020-2021 se observa que la brecha entre las 32 entidades federativas y el puntaje idóneo sigue siendo extensa, lo cual significa que todas tienen aún retos importantes.

Los estados con elecciones

Como sabemos, este año se renovarán 15 gubernaturas. De estos 15 estados, Campeche (0.44) y Querétaro (0.44) son las entidades de la República que ocupan la tercera y cuarta mejor posición, respectivamente, dentro del IEDMX 2020-2021.

Por otro lado, las entidades que destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales del IEDMX, en las tres ediciones que han sido publicadas son: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Nayarit (de 0.37 a 0.42), Sonora (de 0.36 a 0.40) y Guerrero (de 0.29 a 0.36).

Además, desde la última edición del IEDMX 2019-2020, se registraron incrementos modestos en los puntajes de Zacatecas (de 0.43 a 0.44), Sinaloa (0.42 a 0.43), Chihuahua (de 0.40 a 0.41), Michoacán (de 0.39 a 0.40), San Luis Potosí (0.38 a 0.39) y Tlaxcala (0.37 a 0.38).

En el otro sentido, Baja California fue el único estado que mostró un descenso en sus puntajes, pasando de 0.40 a 0.39.

Finalmente, Colima (0.41) y Nuevo León (0.43) permanecieron sin cambios.

Por lo tanto, dentro de los estados que tendrán elección a gobernador este año, los mejor rankeados dentro del IEDMX 2020-2021 son: Campeche (PRI), Querétaro (PAN), Zacatecas (PRI), Nuevo León (Independiente), Baja California Sur (PAN), Sinaloa (PRI), Nayarit (PAN), Colima (PRI) y Chihuahua (PAN). Mientras tanto, Sonora (PRI), Michoacán (PRD), Baja California (Morena), San Luis Potosí (PRI), Tlaxcala (PRI) y Guerrero (PRI), se encuentran por debajo el promedio de los 32 estados.

El índice y la pandemia

Uno de los principales hallazgos del informe es que la pandemia de Covid-19 y la aplicación de las medidas sanitarias trajeron consigo algunas “disrupciones” en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

Dentro de los avances y retrocesos del Estado de Derecho en México, el documento destaca que el principal reto durante la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal. El puntaje para este factor cayó en 16 estados en un año (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas). Los indicadores con descensos más marcados fueron los de eficiencia y eficacia de los sistemas de impartición de justicia, y el que mide el debido proceso de las personas acusadas de algún delito.

Como lo señala el estudio, los datos sugieren que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos. De hecho, la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias. De aquí la importancia del diseño y puesta en marcha de mecanismos de juicio en línea como los que está implementando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El reto de la justicia y la investigación penal

Por otro lado, el documento indica que el país sigue enfrentando retos en el área de investigación penal. Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue aquel que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público. De hecho, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del INEGI.       

La seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país. No obstante, se obtuvieron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados, de acuerdo con la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019.

Finalmente, los datos del Índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico. A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos.

Lo que viene…

Como hemos señalado de manera reiterada, a partir de los resultados las elecciones del 6 de junio se deberá trabajar en las diversas áreas de oportunidad que se presentan en el informe. Las autoridades que se elijan este año deberán considerar estos datos en los procesos de planeación de sus respectivas administraciones. Hacer conciencia sobre los resultados que arroja el IEDMX implica darle el valor que le corresponde a las leyes, como base de un Estado de Derecho.

Además, en este momento más que nunca, es necesario no perder de vista que el Estado de Derecho es el eje primordial sobre el cual se sustenta todo sistema político y económico, así como la organización de la sociedad: la definición de democracia tiene que ver con un sistema de organización social que funcione de manera adecuada. De ahí la importancia de que en este proceso electoral sean reconocidos los resultados por todos los participantes, lo que implica respaldar a las autoridades electorales que tienen en sus manos la ejecución y el buen término de dichas elecciones, porque no debemos olvidar que la democracia electoral es parte de este sistema de organización que tanto nos ha costado construir.

Estado de Derecho y respeto a las leyes, en el que todos los ciudadanos, instituciones, entes públicos y privados estemos sujetos al cumplimiento de las mismas, pero, con la certeza de que esa ley a su vez es respetuosa de los derechos, aplicándose de manera equitativa, justa y eficiente. Estos son los elementos que armonizan el Estado de Derecho con la justicia, y ese debe de ser nuestro compromiso como ciudadanos, hoy y siempre.

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