Las niñas y los niños de 6 a 11 años (la edad escolar) (IDN 6-11 años)
México Social agradece al PUED-UNAM la autorización para reproducir el presente documento en esta edición.
En el año 2005, el Consejo Consultivo de UNICEF México y el propio UNICEF-México, convocaron a un grupo de académicos y expertos para construir el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana; un ejercicio que se había llevado a cabo con anterioridad en algunos países de América Latina, cuyo propósito fundamental es contar con una herramienta de medición del grado de incumplimiento de los derechos que tienen las niñas y los niños en diferentes etapas de su desarrollo.
En ese año se construyeron tres Índices: el primero, relativo a los derechos de las niñas y niños de 0 a 5 años de edad; el segundo, relativo al segmento de 6 a 11 años; y el tercero, dedicado al análisis de la situación en que viven las y los adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad.
El Índice que aquí se presenta actualiza la información disponible para el grupo de edad entre los 6 y los 11 años de vida, que corresponde a lo que se conoce en el lenguaje especializado como “la edad escolar”, considerando que en México la edad normativa oficial para cursar los estudios de educación primaria se ubica precisamente en ese segmento.
Es importante destacar que en el Índice de 2005 se utilizaron los datos disponibles hasta ese momento, los cuales están referidos al año 2003. Es decir, ha transcurrido ya más de una década desde que se llevó a cabo esta medición, en la cual se mostraba un promedio nacional de 6.53 puntos, en una escala de 0 a 10, en donde el cero representa la peor situación de incumplimiento de derechos de la niñez, y el 10 la mejor situación posible de cumplimiento.
El valor obtenido se construyó con base en un promedio de seis años de información (1998-2003). Este promedio permitió dar cuenta en su momento de los avances, pero, sobre todo, de los retos que teníamos como país en materia de cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana.
Como es evidente, a diez años de esta medición han cambiado distintos factores. El primero de ellos es el contexto y, por lo tanto, el criterio y enfoque desde el que debe construirse la nueva estimación estadística que aquí se propone. El segundo es el relativo a la información disponible, la cual es mucho mayor no sólo en cantidad sino también en calidad en lo relativo a la niñez.
Entre los elementos de contexto que se han modificado debe destacarse el relativo a las condiciones en que se encuentra la educación primaria en nuestro país. A pesar de los hallazgos del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos, 2013, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los que se muestra la severa crisis del sistema educativo, en lo relativo a la cobertura y matriculación en este nivel educativo, México ha avanzado de manera importante.
Por ejemplo, en lo relativo a la asistencia escolar, uno de los indicadores centrales en el Índice del 2005, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), informa en el documento Panorama Educativo de México, 2012, lo siguiente: “En 2010, prácticamente se llegó a la universalización en la asistencia escolar (97%) de los niños con edad de cursar la educación primaria (6 a 11 años)”.
Esta realidad ha llevado a la decisión de sustituir este indicador en el presente Índice, poniendo énfasis en los niveles de rezago que permanecen, sobre todo en lo relativo a la eficacia de la educación. Desde esta perspectiva, se utiliza para la construcción de este Índice el indicador relativo a la probabilidad que tienen las niñas y niños en educación primaria de avanzar en sus estudios sin interrupciones en el marco de la que es considerada como la edad normativa.
Es decir, lo que se mide en este Índice, como uno de los indicadores de eficacia y cumplimiento del derecho a la educación, es la probabilidad que tienen las niñas y los niños de concluir la primaria en seis años, de tal forma que puedan continuar en edad normativa, a los 12 años, en la educación secundaria.
Otra modificación relevante que se da en este Índice es la relativa al indicador denominado como “Muertes en Exceso Evitables”, acuñado por diferentes estudios internacionales y que fue retomado en el año 2004 por la Secretaría de Salud en su análisis sobre la mortalidad en México.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, habría 48 causas de mortalidad evitable o en exceso evitable; es decir, que dado el grado de avance de la medicina y de la infraestructura y recursos disponibles, son padecimientos que podrían curarse o tratarse con efectividad, por lo que los decesos que se contabilizan año con año por tales causas no debieron ocurrir jamás. Estas causas son consideradas en su totalidad en la presente estimación del Índice.
Por otro lado, debido a la ya señalada mayor disponibilidad de información, se propone una medición adicional con variables y datos disponibles que no fueron considerados en el Índice de 2005. Estos datos son los relativos al nivel de pobreza en que viven las niñas y los niños en nuestro país, así como los niveles identificados de trabajo infantil para la población de 5 a 13 años de edad.
Considerando que de acuerdo con varios estudios del INEE los contextos educativos y sociales en que viven las niñas y los niños son determinantes de su aprendizaje, se decidió considerar en la medición alternativa un conjunto de variables, disponibles para las 32 entidades federativas, que dan cuenta precisamente de este contexto.
Las variables incluidas son: a) grado promedio de escolaridad de la población; b) disponibilidad de bibliotecas públicas por habitantes; c) tasa de reprobación en educación primaria; d) tasa de eficiencia terminal; y d) tasa de analfabetismo.
Lo anterior porque, desde una visión integral de los derechos humanos, resulta evidente que los niveles educativos de las madres y los padres, así como la disponibilidad de bienes y servicios culturales, es determinante, no sólo del rendimiento y aprovechamiento escolar, sino de las posibilidades que tienen las niñas y los niños de acceder a otros derechos.
Por ejemplo, la literatura especializada muestra que las niñas y los niños cuyos padres o abuelos tienen una mayor escolaridad, tienen mayores probabilidades de transitar adecuadamente en el tramo completo de la trayectoria escolar, al menos en el nivel de la educación básica.
La literatura especializada muestra también que las niñas y niños cuyas madres y padres tienen una baja escolaridad o son analfabetas tienen mayores probabilidades de enfermar o morir por las causas de morbilidad y mortalidad identificadas como “en exceso evitables”.
Finalmente, para cerrar esta consideración, es indiscutible que vivir en condiciones de pobreza, o tener que trabajar para contribuir al ingreso familiar, vulnera no sólo su derecho a no ser explotados o vivir con base en estándares mínimos de bienestar, sino que además afecta la garantía de otros derechos como el de la salud, el derecho al juego, el derecho a la alimentación y, en los casos extremos, el propio derecho a la vida.
La consideración de estos indicadores genera un efecto mayúsculo en la estimación que se tiene en el Índice, pues entidades que, con base en las variables consideradas en la medición de 2005, estaban entre las 10 primeras, cambian drásticamente de lugar en la medición alternativa.
Quizá el ejemplo más dramático es Tlaxcala, el cual aparece en el lugar nueve en la medición de 2005, y en el tercer mejor lugar en la estimación 2004-2012, y que, sin embargo, al considerar las variables adicionales, cae hasta el lugar 26, es decir, se ubica como la octava entidad con menor nivel de cumplimiento de los derechos de la niñez en el país.
Destaca también que el Distrito Federal y Nuevo León aparecen en las dos propuestas de medición como las entidades con mayor grado de cumplimiento de los derechos de la niñez, y que Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantienen como los tres estados con mayores rezagos, siendo Guerrero el que menor grado de avance presenta y mayores carencias reporta.
Cabe destacar que en la medición alternativa del Índice el promedio nacional obtenido para el periodo 2004-2012 es de 5.2, en una escala de 0 a 10, y que en la medición comparable con la que se llevó a cabo en 2005 (con datos 1998-2003), el promedio es de 5.4.
Al ser esto así, lo más relevante a considerar es la urgencia de construir un nuevo sistema de protección integral de los derechos de la niñez. Los datos del Índice revelan que es necesario construir en los próximos meses y años un nuevo diseño institucional que permita la coordinación entre dependencias y organismos de la administración pública federal; mejore la interacción entre la Federación, los Estados y los Municipios; y facilite y promueva la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños.
Si nuestro país puede asumir una meta de dimensiones éticas relevantes para el corto plazo, ésta no puede ser otra sino la de edificar un país apropiado para la niñez, en el que se dé pleno cumplimiento al mandato constitucional de velar siempre por el interés superior de la niñez, el cual significa en todo momento invertir y dedicar hasta el máximo de los recursos disponibles en la protección de los derechos de las niñas y los niños.
Para lograr lo anterior, sin embargo, hace falta un acuerdo político de dimensiones mayores, pues alcanzar tal objetivo exigiría redefinir principios, prioridades y objetivos del desarrollo nacional; es decir, se necesitaría modificar los criterios de planeación y presupuestación de todo el entramado institucional, con el propósito de avanzar aceleradamente hacia el cumplimiento universal, integral y oportuno de los derechos de la niñez mexicana.
Como puede verse, la tarea que tenemos por delante es titánica y demanda el esfuerzo de toda la sociedad.
Debemos asumir como mandato ético lograr que ninguna niña y ningún niño se quede atrás: contamos con los recursos, con las capacidades y con las infraestructuras suficientes como para cimentar un nuevo futuro de bienestar, fundado en la protección integral de la niñez.
Lo que nos hace falta entonces es un nuevo diálogo político que ponga al centro de todas las decisiones del Estado el catálogo de derechos que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen a las niñas y a los niños; y esa es la tarea que todas y todos tenemos la responsabilidad de impulsar.
El diseño del Índice
La medición que aquí se propone parte en primer lugar de la metodología utilizada en el Índice construido en 2005, el cual se concentró en la medición del cumplimiento de cuatro derechos fundamentales: 1) el derecho a la vida; b) el derecho a la salud; c) el derecho a la educación; y d) el derecho a vivir protegidos frente a toda forma de abuso, maltrato y violencia.
La medición tuvo como resultado la agrupación de la información disponible en tres dimensiones, que incluyeron diversos indicadores. A continuación se explica cómo son retomados en este ejercicio, con el fin de poder llevar a cabo comparaciones sobre la situación que guardaban y guardan los derechos de la niñez mexicana en los últimos diez años para los que disponemos de información.
1. Derecho a la vida
A pesar de que en la teoría de los derechos humanos todos los derechos tienen el mismo peso y rango, la garantía del derecho a la vida constituye la condición de posibilidad de acceder a la garantía de todos los demás.
Proteger la vida de las niñas y los niños constituye sin duda un imperativo categórico para las sociedades contemporáneas: la conciencia de su vulnerabilidad y dependencia respecto de las personas adultas los convierte en los seres que en mayor medida demandan y requieren atención, cuidado, cariño y dedicación. Desde esta perspectiva, el cumplimiento del derecho a la vida es una exigencia y una responsabilidad ineludible para todos los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, por lo que no sólo deben desarrollar políticas públicas para su bienestar y nivel de vida digno, sino también para coadyuvar y permitir a las familias de las niñas y los niños acceder a la posibilidad efectiva de procurar su bienestar.
Dicho lo anterior, es importante destacar que en el Índice del 2005 se lee, respecto de la medición propuesta para medir el grado de incumplimiento del derecho a la vida de las niñas y niños en el grupo de edad en análisis: “El indicador se construye dividiendo el número de defunciones de la población de 6 a 11 años, ocurridas en un año, entre la población de niños en ese rango de edad por cada cien mil niños. Los datos provienen del registro de ‘muertes por causas evitables’ de la Secretaría de Salud y las cifras de población de referencia son provistas por el Consejo Nacional de Población”.
Debe decirse que en el Informe que presentó la Secretaría de Salud sobre esta temática en el año 2006 se define la muerte en exceso evitable como: “aquella debida a condiciones que producen muertes innecesarias y prematuras que, dados los avances del conocimiento médico, no deberían ocurrir si se tiene acceso a servicios de salud de adecuada calidad” (I).
En este documento de la Secretaría de Salud se definen 48 causas de mortalidad, entre las que se incluyen los accidentes de tránsito; sin embargo, en la medición del Índice de 2005 los accidentes fueron incluidos como parte del derecho que tiene la niñez de vivir protegida frente a toda forma de maltrato, abuso y violencia.
Como existe el interés de hacer comparable la medición actual con la de hace 10 años, se excluyó de las 48 causas de muerte evitable la de los decesos por accidentes de tránsito, incluyéndola en los indicadores relativos a las defunciones por violencia.
Entre las causas que mayor mortalidad provocan, en la lista de las 47 restantes y consideradas como en exceso evitables, se encuentran: a) tuberculosis; b) enfermedades infecciosas intestinales; c) hepatitis viral; d) septicemia; d) neumonía y otras enfermedades respiratorias bajas; e) desnutrición y otras afecciones nutricionales; f) leucemias y otros tipos de cánceres y tumores; g) diabetes mellitus; h) epilepsia; i) asma; j) apendicitis; k) malformaciones congénitas; y l) los suicidios, en el grupo de 10 y 11 años.
Como puede verse, se trata de defunciones provocadas fundamentalmente por la pobreza, la desigualdad, la carencia y la privación en el acceso a servicios sociales fundamentales; al descuido en el cuidado y a las condiciones de contexto que revelan profundas deficiencias en las políticas públicas dirigidas a garantizar la justicia social y los derechos humanos para todas las niñas y los niños.
2. Derecho a la educación
Desde el índice de 2005 se advertía que –una vez más- aun reconociendo la integralidad con que deben garantizarse los derechos de las niñas y los niños, el derecho a la educación constituye un elemento que condiciona de alguna manera el cumplimiento de otros derechos, en el presente y en el futuro de las personas.
Acceder a la garantía del derecho a recibir una educación de calidad prepara a las personas para la adquisición de capacidades y habilidades para nuevos aprendizajes; para vivir en paz y con base en valores democráticos; para asumir una vida en civilidad; y también para adquirir capacidades para incorporarse con éxito, en el futuro, al mundo profesional y laboral.
Retomando esta idea, se asumen los indicadores considerados en el Índice de 2005; sin embargo, dado que para el análisis estadístico uno de los indicadores analizados en 2005 se ha modificado a tal grado en sus valores que no permite un adecuado análisis de las diferencias que existen entre las entidades de la República, se sustituyó por otro que permite medir una dimensión sumamente similar del aprendizaje, y que sí brinda la posibilidad de estimar diferencias entre las entidades de la República. Esto se explica en el siguiente subapartado.
a) Probabilidad de Avance en Edad Normativa
El Índice de 2005 incluía como indicador principal la tasa de asistencia escolar; sin embargo, debido a los avances que ha habido en los niveles de matriculación y cobertura de programas sociales, tales como Oportunidades, las tasas registradas en todo el país son cercanas al 100%, y en algunas entidades incluso se registran tasas de cobertura por arriba de ese indicador
Por esta razón, considerando que el Artículo 3º Constitucional y las recientes reformas educativas ponen el énfasis en la calidad de la educación, se decidió utilizar un “Indicador espejo”, como es el relativo a la Probabilidad de avance en edad normativa de las y los niños.
Este indicador permite conocer la probabilidad que tiene una niña o un niño, en las entidades de la República, de terminar en seis años la educación primaria.
La definición que da de este indicador el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es la siguiente: “Probabilidad de Avance Normativo: Es la probabilidad de que un alumno que ingresa a primer grado de primaria o secundaria, a los 6 o 12 años, respectivamente, continúe ininterrumpidamente sus estudios sin reprobar hasta el último grado del nivel de referencia” (II).
Asimismo, el INEE explica que la utilidad de este indicador es la siguiente: “Brinda una estimación de la eficacia del sistema educativo para atender y mantener a su población escolar en una trayectoria óptima, la cual supone el ingreso al nivel en la edad normativa (6 años para primaria y 12 para secundaria), así como un avance ininterrumpido, sin reprobar o abandonar la escuela, hasta alcanzar el último grado del nivel educativo de referencia”.
Por último, sostiene el INEE, el indicador permite dimensionar la eficacia interna y la eficiencia del sistema educativo.
b) Rezago escolar
El rezago escolar fue asumido en el Índice de 2005 como sinónimo de lo que en algunos textos y mediciones del propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se define como la extraedad grave, es decir, las niñas y los niños matriculados en primaria o secundaria, pero que tienen dos años o más que la edad considerada como normativa para el grado en el que se cursa.
La utilidad identificada por el INEE para este indicador es la siguiente: “Identifica los grados escolares donde un mayor número de alumnos se encuentran en alto riesgo de abandonar la escuela debido a la acumulación de años de atraso escolar” (III). Asimismo, el INEE estima que el indicador permite dimensionar la eficacia interna del sistema educativo.
c) Ineficiencia terminal
Es un indicador que permite conocer el porcentaje de niñas y niños que son inscritos en la primaria pero que no la concluyen. En los indicadores disponibles, este indicador se mide por su inverso, es decir, la Eficiencia Terminal, la cual es definida en el Sistema de Indicadores de la Secretaría de Educación Pública como el: “Número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte escolar inicial del mismo nivel (IV)”.
3. Derecho a vivir protegidos contra toda forma de abuso, maltrato y violencia
México ha sido considerado desde hace muchos años como un país con altos niveles de violencia contra las niñas y los niños. En el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, 2006, puede leerse: “En particular la violencia hacia los menores es poco atendida a pesar de que desde hace muchos años existen en México instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los niños. Esto se debe a la legitimación social del castigo físico y del maltrato emocional como parte de las estrategias aceptables de crianza infantil, siempre que “no sea excesivo” (V).
Asimismo, en el Índice de UNICEF de 2005 se lee lo siguiente: “El derecho a vivir sin maltrato ni violencia considera la expresión última del maltrato, que es el homicidio y la expresión extrema de la violencia social que son los accidentes mortales. Conviene recordar que todas las formas de violencia y casi todos los accidentes pueden ser evitados; por eso la mayoría de las muertes accidentales son legalmente consideradas homicidios negligentes pues implican violencia social e imprevisión. El incumplimiento de este derecho se calcula con base en el indicador de muertes evitables causadas por violencia y accidentes”.
En el presente ejercicio, para la medición del grado de incumplimiento de este derecho se consideran precisamente las defunciones accidentales que forman parte de la considerada “mortalidad evitable”, así como las defunciones causadas por las lesiones y agresiones intencionales, es decir, los homicidios. Estas estadísticas se obtienen de los datos sobre mortalidad general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Medición alternativa
Como ya se indicó en la introducción, este Índice tiene como objetivo llevar a cabo una medición comparable con la que se llevó a cabo en 2005, pero también aprovechar la estadística y datos adicionales que permiten enriquecer el análisis de otros indicadores que sitúen en contexto el grado de cumplimiento o incumplimiento de los derechos de la niñez en nuestro país y en las 32 entidades de la República.
Por lo anterior, el Índice presenta en realidad “dos versiones”: la primera, como ya se dijo, construida con el fin de llevar a cabo un ejercicio de comparación del avance, estancamiento o retroceso de las entidades federativas, respecto de los indicadores considerados en el Índice de 2005; la segunda, con el propósito de generar una nueva propuesta de medición, que incluya datos relativos a la pobreza y el trabajo infantil para el grupo de 5 a 13 años de edad, en cada uno de los 32 estados y en el Distrito Federal.
Desde esta perspectiva, se incluyeron indicadores de contexto socioeducativo que permiten dimensionar cuáles son los entornos en que vive la niñez, los cuales influyen directamente en sus niveles de bienestar, y que son definidos de la siguiente manera:
a) Reprobación: Número de alumnos que no lograron adquirir los conocimientos necesarios para aprobar un grado escolar, por cada cien alumnos matriculados al final del ciclo escolar.
b) Eficiencia terminal: Número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte escolar inicial del mismo nivel.
c) Analfabetismo: Número de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir un recado por cada cien personas de la población total de 15 años y más. Información al 31 de diciembre de cada año, INEA.
d) Grado promedio de escolaridad: Promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más (unidad de medida: grados).
e) Bibliotecas por habitante: Número de bibliotecas disponibles, dividida entre la población de cada una de las entidades federativas. A menor número de bibliotecas, mayor número de población que debe ser atendida por cada uno de los habitantes de una determinada localidad o entidad.
Además de estas variables, la medición alternativa es de suma relevancia porque permite dimensionar dos derechos no considerados en el Índice de 2005: el grado de pobreza en que se encuentran las niñas y los niños de nuestro país, y el número de niñas y niños que trabajan. Estos dos indicadores permiten construir una cuarta dimensión de análisis, la cual puede circunscribirse tanto en el derecho a no ser explotados, como en el derecho al desarrollo social y el bienestar.
Estos indicadores provienen de la Medición Multidimensional de la Pobreza, la cual es llevada a cabo de manera bianual por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), así como por el Módulo sobre Trabajo Infantil, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), construido por el INEGI.
Es preciso señalar que las mediciones sobre trabajo infantil y pobreza están disponibles para el primer indicador en los años 2004, 2007, 2009 y 2011; y para la medición de la pobreza, relativa a las niñas y los niños, los datos disponibles son para 2008, 2010 y 2012.
Considerando lo anterior, se tomaron los datos de cada medición como valores constantes para los dos años previos y posteriores. Para aproximarse al valor real de cada año, se llevó a cabo la estimación de la media geométrica, considerando (VI):
a) Para la medición de la pobreza. Las variaciones reportadas por el CONEVAL, para el periodo 1992-2014, relativas a la medición de la pobreza por ingresos
b) Para el trabajo infantil. Se estimó directamente tomando como base los resultados del Módulo de Trabajo Infantil para los años señalados como disponibles
La fórmula utilizada en ambos casos es la siguiente:
Incorporar estos indicadores es sumamente relevante, pues el argumento aquí sustentado se refuerza con base en las conclusiones que ha obtenido el CONEVAL a través del análisis de la pobreza que afecta a las niñas, a los niños y a las y los adolescentes:
a) La pobreza entre la población infantil es más elevada que entre el resto de la población.
b) Existe una mayor precariedad en los ingresos de las familias que tienen niñas, niños y adolescentes.
c) Las carencias por acceso a la seguridad social y por acceso a la alimentación afectan en mayor medida a este grupo poblacional
d) Existen procesos multifactoriales de exclusión social que afectan a la población infantil y adolescente y aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: hogares ampliados, con jefaturas jóvenes, indígenas, rurales, con baja escolaridad (VII).
Como resultado de todo lo anterior, el presente Índice se divide en dos apartados:
• Los resultados comparables con la medición de 2005
• La medición alternativa, construida con base en el análisis de los nueve años que van de 2004 a 2012.
Procedimiento de cálculo
El Índice del año 2005 se construyó agrupando a los indicadores considerados en dimensiones, que expresan el valor estimado de cumplimiento de un determinado derecho. Los valores de los indicadores se promedian, obteniendo así un valor para cada dimensión, y al final los valores de las dimensiones se promedian a su vez para obtener el valor final del Índice.
En este ejercicio se lleva a cabo una réplica de este procedimiento de cálculo, tanto para el ejercicio de comparación como para la medición alternativa, resultando:
1. Índice comparativo con la edición 2005:
a) Dimensión 1. Derecho a la vida.
Se integra con los valores obtenidos para las estadísticas de mortalidad por causas evitables y en exceso evitables. La fuente de información son las Estadísticas de Mortalidad de www.inegi.org.mx. Debe destacarse que la Secretaría de Salud considera a los accidentes como una de las causas evitables en exceso; pero en la medición se excluyen y se retoman dentro de las muertes violentas. De esta forma, las 47 causas de muerte que se retoman provienen de la Lista CIE 10, incluida en las referidas causas de mortalidad sistematizadas por INEGI.
La estimación que se lleva a cabo considera el peso de estas 47 causas en la mortalidad general, de tal forma que el indicador construido se refiere al porcentaje de muertes que representan las 47 causas señaladas, respecto del total de defunciones registradas anualmente para el grupo de niñas y niños de 6 a 11 años de edad.
b) Dimensión 2. Derecho a la educación.
Esta dimensión se construye con los ya señalados indicadores de: a) probabilidad de avance normativo; b) extraedad grave escolar; y c) ineficiencia terminal.
El primero de estos indicadores toma un valor de 0 a 1, dependiendo de la probabilidad estimada de concluir la primaria de manera ininterrumpida, en los seis años normativos considerados por la SEP; el segundo se estima como la proporción, respecto del total, de alumnas y alumnos matriculados en primaria, pero que tienen dos años o más respecto del grado normativo que se considera deberían cursar; y el tercer indicador se estima como la proporción de alumnas y alumnos que se matriculan en la educación primaria, pero que no la concluyen.
c) Dimensión 3. Derecho a vivir protegidos frente a toda forma de maltrato, abuso y violencia.
Se integra con los indicadores relativos a lo siguiente: a) proporción de muertes por homicidio o lesiones intencionales de niñas y niños de 6 a 11 años, respecto del total de decesos para el grupo de edad; y b) proporción de muertes por accidentes de niñas y niños de 6 a 11 años de edad, respecto del total de decesos para el grupo de edad. Ambos indicadores provienen de las estadísticas sobre mortalidad, en particular muertes por homicidios y muertes por causas externas.
Al igual que en el Índice de 2005, considerando que los valores de cada uno de los indicadores está expresado en valores absolutos y relativos, se procedió a la estandarización de los valores de cada uno de ellos, a través de la fórmula:
Esta fórmula permite expresar el valor de cada uno de los indicadores en una escala de 0 a 10, en donde el 0 expresa el peor nivel de cumplimiento de derechos y el 10 el grado ideal de cumplimiento de los derechos cuyos valores están en estimación, y donde:
a) Peor valor: es el relativo al menor grado de cumplimiento del indicador en medición, en una entidad federativa determinada.
b) Vr: Valor que toma cada uno de los indicadores en cada una de las entidades de la República.
c) 10: Constante de estandarización.
El valor final del Índice es el resultado del promedio simple de los valores obtenidos para cada una de las variables o indicadores en análisis.
Resultados
Una vez llevada a cabo la estimación con base en las variables utilizadas en 2005, el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, para el grupo de 6 a 11 años de edad, presenta un valor promedio, para los años 2004 a 2012, de 5.4 puntos en la señalada escala de 0 a 10.
El mayor valor alcanzado en el Índice se registra en el año 2011, en el que alcanzó un valor de 6.1; seguido de 2012, con un valor de 5.7. El peor año fue 2006, con un valor de 4.8, seguido de los años 2009, con 5.3; y 2005 y 2008, con valores de 5.2 en cada uno de ellos.
Los estados que mayores valores alcanzan en el Índice son Nuevo León y el Distrito Federal, con un promedio para los años analizados de 6 puntos; en este caso, Nuevo León es la entidad que ha alcanzado los valores más altos en los años 2012, con 6.8 puntos, y 2009, con 6.4 puntos. Para el Distrito Federal el mejor año fue 2012, en el que alcanzó 6.5 puntos en la escala del 0 al 10.
Por otra parte, los estados que menores valores alcanzan en el Índice son Oaxaca y Guerrero, con promedios de 3.4 y 3.1 puntos, respectivamente, como promedio para los años 2004-2012. El mejor valor obtenido por Oaxaca se registra en el año 2011, con 4.3 puntos; mientras que para Guerrero el mejor año registrado fue 2008, en el que obtuvo un puntaje de 3.7 puntos.
Los datos obtenidos muestran que las desigualdades se mantienen intocadas a lo largo del tiempo entre las entidades que mejor desempeño tienen, frente a las que presentan mayores rezagos. Así, al comparar los datos para las poblaciones indígenas y las no indígenas, lo que se obtienen son diferencias de hasta 3.5 veces mejores valores a favor de las segundas.
Medición alternativa
La incorporación de las variables y dimensiones que han sido mencionadas y explicadas genera un impacto altamente significativo en los resultados que se obtienen en el Índice. A pesar de que Nuevo León y el Distrito Federal se mantienen como las dos entidades con mayor nivel de logro, así como Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan los últimos lugares, hay variaciones notables en la posición que tienen las entidades federativas en la ordenación nacional.
El caso más notable es el de Tlaxcala, que en el “Índice base 2005” aparecía como el tercero con mayor calificación, en el Índice “Medición alternativa” es desplazado al lugar 26 en la lista nacional.
Asimismo, Coahuila, que en el “Índice base 2005” aparecía en el cuarto lugar, en la medición alternativa es desplazado al 7º lugar con mayor nivel de logro en el cumplimiento de los derechos de la niñez. En sentido inverso, Aguascalientes, que en la medición de 2005 aparecía en 7º lugar, en la medición alternativa ocupa el cuarto lugar.
Estas variaciones permiten verificar que las mediciones deben ser tomadas siempre con relativa cautela, pues su calidad y capacidad interpretativa depende de la información y la calidad de los datos que lo integran (VIII) .
Otro de los hallazgos relevantes es que en la medición alternativa se muestran con mayor agudeza las desigualdades que persisten en el país. Por ejemplo, en el “Índice Base 2005” la desigualdad entre el estado con mayor nivel de logro y el de menos (Nuevo León y Guerrero), es de dos veces a favor del primero.
En contraste, en el “Índice de medición alternativa”, la diferencia es todavía mayor, pues en ésta, el puntaje promedio para el periodo 2004-2012 obtenido por Nuevo León es de 6.6 puntos, mientras que el de Guerrero es de 2.3; es decir, la diferencia en esta medición es de tres veces a favor del primero.
Las consecuencias de esto son mayores, pues la consideración de las variables adicionales permite revelar que la desigualdad no sólo no ha disminuido en los últimos 10 años, sino que ésta se ha mantenido y seguramente en algunas regiones se han agudizado.
Así visto, lo que revela la medición alternativa es que en todo el territorio nacional existen desigualdades, no sólo entre entidades federativas, sino al interior de éstas, y que a pesar de que se han conseguido algunos avances en determinados indicadores, lo cierto es que en ámbitos fundamentales (como en el ejemplo de la pobreza), hay rezagos inaceptables que deben ser superados con urgencia.
Nota final: La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) permitió medir la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la niñez mexicana. Esta estimación desagrega por grupos de edad e incorpora el dato relativo a las niñas y niños de 5 a 11 años. Dado que el derecho a la alimentación es una de las garantías reconocidas en el artículo 4º, se considera de suma relevancia conocer el estado nutricional de las niñas y niños que acuden a la escuela; en ese sentido, las variables relativas a la malnutrición son de suma relevancia sobre todo en esta etapa de la vida.
La literatura especializada permite sostener que las niñas y los niños que enfrentan problemas de malnutrición pueden ver afectadas sus capacidades de aprendizaje, de atención y, obviamente, de desarrollo físico e intelectual, con lo que las secuelas pueden tener consecuencias a lo largo de sus vidas. Desde esta perspectiva, tanto la anemia, como un padecimiento derivado de la insuficiencia de consumo en las calorías y proteínas requeridas para mantener una adecuada salud, como el sobrepeso y la obesidad, son problemas de salud que permiten aproximarse al grado de cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, pues detrás de ellos están la pobreza y la falta de oportunidades para un adecuado desarrollo físico y mental.
Así, dado que la ENSANUT ofrece el dato para 2012, se llevó a cabo un nuevo ejercicio estadístico, sólo para el año de referencia, incorporando como variable adicional el dato relativo a la proporción de niñas y niños que presentan sobrepeso u obesidad. Para llevar a cabo el cálculo se procedió de igual forma que con las otras variables: se “normalizaron” sus valores en una escala del 1 al 10, y se promedió con las otras variables.
Su incorporación al Índice genera nuevamente un efecto relevante en el orden que tienen los estados y el Distrito Federal en el ordenamiento nacional.
Resultados por dimensiones
Como se indica en la introducción, el Índice está construido pensando en que pueda ser utilizado como un instrumento de política pública; por ello se diseña como un promedio de un periodo de 10 años, a fin de evitar sesgos por variaciones anuales drásticas, y por ello también se agrupa en dimensiones.
En esa lógica, es de destacarse que, al ser un promedio, algunas entidades que tienen mayor nivel de logro en el resultado final del Índice pueden presentar muy bajos valores en dimensiones específicas, en las cuales es importante intervenir a fin de mejorar el nivel de cumplimiento de los derechos de la niñez.
Debe advertirse que, en términos generales, los valores alcanzados por todos los estados y el Distrito Federal son muy bajos, por lo que ninguna entidad puede asumir que ha cumplido adecuadamente con la responsabilidad constitucional de proteger y garantizar plenamente los derechos de la niñez mexicana.
Desde esta perspectiva, hay una urgencia real relativa a la necesidad de construir un sistema nacional de protección integral de la niñez, y para ello hace falta tanto una reforma jurídica como institucional, con el propósito de fortalecer las capacidades, desde la Federación, pasando por los estados y hasta los municipios y las delegaciones en el Distrito Federal, con tres objetivos fundamentales:
a) Destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana
b) Garantizar la coordinación interinstitucional en el Gobierno Federal
c) Potenciar y mejorar los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
1. Erradicar la mortalidad en exceso evitable
La primera dimensión que integra la medición alternativa que se propone al Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana es la relativa a la elevada proporción que tienen las muertes evitables respecto de la mortalidad general de las niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad.
En esta dimensión, el promedio general alcanzado para el periodo 2004-2012 por el país, en la señalada escala de 0 a 10, es de 3.2 puntos. La entidad que alcanza mayor puntaje en el Índice es Durango, con 5.8, y la que alcanza el menor es Chiapas, con 1.1. Destaca el caso del Distrito Federal, el cual presenta el segundo menor valor, debido al enorme peso que tiene la mortalidad por enfermedades respiratorias y otros padecimientos perfectamente prevenibles.
2. Garantizar el derecho a una educación de calidad
La medición del Índice concuerda con los diagnósticos existentes relativos a la ineficacia del sistema educativo nacional; en este caso, en la educación primaria. El promedio nacional alcanzado es de 5.4 puntos, en la escala señalada del 0 al 10.
Las entidades que mayor nivel de logro alcanzan en el IDN son: Nuevo León, con 7.5 puntos, y el Distrito Federal y Baja California Sur, con 7.3 puntos, respectivamente. En contraste, las tres entidades que presentan los peores niveles de logro son: Oaxaca, con 2.5 puntos; Chiapas con 2 puntos y Guerrero, con 1.3 puntos.
3. Proteger a las niñas y a los niños de toda forma de abuso, maltrato y violencia
Uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país son los elevados niveles de violencia social, y en lo particular, de violencia contra las niñas y los niños. Así lo han documentado todos los estudios en la materia, y el propio Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (0-5 años, 2011), elaborado por el CEIDAS, A.C.
El grupo de los 6 a los 11 años de edad no es la excepción, pues, a pesar de ser el grupo de edad en la niñez que enfrenta menor violencia, medida por los homicidios y accidentes de tránsito, el peso que estas causas de defunciones tienen en la mortalidad general es muy elevada.
En esta medición el promedio general alcanzado por el país es de 5.9 puntos, en la escala del 0 al 10; siendo Chiapas, el Distrito Federal y Baja California las entidades que mayor nivel de logro alcanzan con 8.9, 8.6 y 7.8 puntos, respectivamente. En sentido opuesto, Zacatecas, Durango y Nayarit son las entidades que menor nivel de logro alcanzan con 2.8, 2.6 y 2 puntos, respectivamente.
4. Garantizar el derecho al desarrollo social de las niñas y los niños
La Ley General de Desarrollo Social establece el conjunto de garantías sociales que deben ser protegidas plenamente por el Estado, y en particular para los grupos considerados como en mayores condiciones de vulnerabilidad, entre quienes están, por supuesto, las niñas y los niños.
Debe señalarse que si un indicador afecta con mayor profundidad a las niñas y los niños, respecto del resto de la población, es el de la pobreza. En efecto, en las mediciones del CONEVAL las niñas y los niños siempre aparecen como el grupo de población que más resiente la pobreza y la vulnerabilidad por carencia de acceso a una adecuada alimentación.
En esta dimensión, el desempeño del país es muy bajo, pues como promedio, se obtiene para el periodo 2004-2012 un 3.5, en la señalada escala del 1 al 10. Esta baja puntuación se obtiene debido a la persistencia de condiciones de pobreza y rezago en que han vivido las niñas y los niños, históricamente, respecto del resto de la población.
5. Erradicar el trabajo infantil
Quizá el indicador en el que mayores progresos se han alcanzado es el relativo a la disminución del trabajo infantil, en el rango de edad de 5 a 13 años, que es el rango para el cual el Módulo sobre Trabajo Infantil de la ENOE ha construido información para los años 2002, 2007, 2009 y 2011.
En este indicador, el promedio nacional que se obtiene en el Índice es de 5.5, en la escala del 0 al 10.
