por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con los datos del INEGI, los hogares más pobres en el país habrían incrementado sus ingresos en 33% en sólo dos años; en promedio, los hogares de todo el país lo habrían hecho en 12%. En entidades como Chihuahua, el crecimiento en los hogares más pobres superaría el 100%. INEGI sostiene que esto se debe a cambios metodológicos. Ante ello, lo importante es transparentar qué y cómo se hizo, y garantizarle a la ciudadanía que la información oficial sigue siendo objetiva y confiable
El pasado 15 de julio el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) tomaron por sorpresa a todos. La primera razón –y quizá la más relevante- es que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) llevó a cabo modificaciones al operativo de campo mediante el que recogió la información, lo cual tiene como primer efecto la “no comparabilidad” respecto de los resultados obtenidos en 2014, pero también respecto de la serie completa de la Encuesta.
La ENIGH, debe decirse, es uno de los instrumentos de más larga data con que cuenta el INEGI para medir datos económicos y sociales en nuestro país. Se elaboró por primera vez en 1982 y continuó desarrollándose con la misma metodología hasta el año 2008, como resultado de las recomendaciones de la OIT.
La segunda sorpresa que viene aparejada a los resultados de la ENIGH es que reporta ingresos que, a decir del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), no son consistentes con otros instrumentos de medición que tiene el propio INEGI; es decir, los resultados obtenidos no son congruentes con las tendencias estadísticas de que disponemos, lo que los convierte en datos poco útiles para la evaluación de las políticas sociales; e impedirán una comparación entre la medición de la pobreza 2016 y la 2014.
¿Qué es eso de la consistencia?
Al ser el generador de la información oficial en el país, el INEGI dispone de un conjunto de instrumentos para generarla; cuenta con un sistema de encuestas en hogares y con un sistema de recopilación de registros administrativos y más recientemente, con lo que ha denominado como “estadísticas experimentales”.
Así, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares, 2013 (ENGASTOH), el Instituto contabilizó la existencia de 30.7 millones de viviendas en todo el país. De éstas, había 781,127 en las que se reportó que había piso de tierra. Posteriormente, en la Encuesta Intercensal, 2015 -la encuesta más grande jamás levantada en el país-, se contabilizaron 31.9 millones de viviendas habitadas (1.2 millones de viviendas más que dos años atrás). De esas viviendas, se reportó un 3.55% con piso de tierra, es decir, 1.13 millones de viviendas en esa condición.
El incremento tiene varias explicaciones: hubo un crecimiento importante en el número de viviendas, y no necesariamente todas disponen de las características de habitabilidad mínima; y en segundo lugar, en tanto que la muestra de la Encuesta Intercensal fue infinitamente mayor que la de la ENGASTOH, la precisión y potencia de sus estimadores pudo haberse incrementado, captando zonas y regiones que quizá en 2013 no fueron alcanzadas. La Encuesta Intercensal nos da un intervalo de confianza que va del 3.52% al 3.58%; por lo que en número absolutos la cifra podría variar entre 1.123 millones y 1.142 millones de viviendas con piso de tierra en todo el país.
La propia Encuesta Intercensal nos dice que el 59.7% de los hogares contabilizados en 2015 no cuentan con ingresos provenientes de apoyos gubernamentales. Nos dice además que el 30% de las personas ocupadas no tienen prestaciones laborales; mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nos dice que, al primer trimestre del 2016, el 36% de las personas ocupadas, remuneradas y subordinadas, carecen de prestaciones laborales (descontando el acceso a servicios de salud). Como puede verse, fuentes distintas de información pueden arrojar resultados distintos, pero que guardan consistencia entre sí.
No ocurrió de ese modo con la ENIGH, pues en la edición 2016 registra un incremento de 11.9% de ingresos en los hogares del país. En números absolutos, el dato representa un ingreso promedio por hogar de $15,295 pesos mensuales; sin embargo, en contraste, el Índice de Marginación 2015, elaborado por el CONAPO, presenta datos respecto de que 37.4% de la población ocupada percibe 2 o menos salarios mínimos.
Para los hogares más pobres, según el INEGI, el incremento en los ingresos fue de 33.6%; es decir, sus ingresos habrían pasado de 5,954 pesos trimestrales en el año 2014, a una suma de 8,169 pesos en el 2016. Mientras que en entidades como Chihuahua el incremento sería de más del 100% en dos años. El problema frente a estaos datos es que la evidencia empírica de que disponemos no alcanza para explicar tales niveles en la variación.
¿Qué sigue?
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá medir la pobreza con los datos del INEGI; una salida posible al problema frente al que estamos, sería que el INEGI presente los resultados con tabulados comparables con el 2014; y que mantenga, si así lo decide, la nueva metodología. Ello permitiría abrir un debate científico-técnico en la materia, y construir datos que sean aceptables para la mayoría de expertos.
Hay tres conceptos clave para el INEGI de hoy: diálogo, transparencia y oportunidad. De ello depende mantener la credibilidad que le ha tomado décadas construir.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 19-Julio- 2016, p.16
