por Javier Álvarez
Si bien es cierto que se ha posibilitado el acceso a la educación superior a un mayor número de estudiantes provenientes de los segmentos poblacionales de menores recursos, una mirada más minuciosa a estos refleja una realidad cercana a la inequidad, sin desconocer además que, entre otros, la retención escolar, la eficiencia terminal, la pertinencia y sobre todo la calidad de la educación que se imparte son temas que ameritan un análisis particular
El 27 de septiembre de 2012 el entonces Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, al realizar un balance de su encomienda, informaba que en el ciclo escolar 2011-2012, 3 millones 274 mil estudiantes integraban la matrícula de la educación superior en el país; en sus expectativas, se esperaba que en 2014 esta cifra alcanzara los 3 millones 500 mil. Es decir, que en la actualidad −de haberse logrado la meta− únicamente un tercio de la población proveniente de la educación media es atendida en el sistema educativo nacional, y la exclusión de cerca del 70% de los jóvenes en edad de acudir a la formación profesional continúa siendo un imperativo ineludible.
El número de estudiantes cuyos ingresos familiares se ubican en los primeros cuatro deciles (que generalmente están en situación de pobreza) aumentó de 458 mil en el año 2004 a más de 700 mil en la actualidad. Esto significa que hoy en día casi el 20% de los jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos estudia una carrera profesional, cuando en el año 2004 la cifra apenas superaba el 13%.
Aún frente a estos avances de la estadística, nuestro país todavía está lejos de contar con igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior. Se estima que un joven proveniente de hogares de los dos deciles más altos de ingreso tiene una probabilidad cuatro veces mayor de estudiar una carrera profesional que un joven de bajos recursos.
Si la población indígena del país representa el 10% de la población nacional, en el supuesto de trasladar una simetría en materia educativa, apenas el 1% de la matrícula en educación superior sería indígena.
• La cobertura de Educación Superior en la población indígena es cinco veces inferior al promedio nacional.
• La asistencia de los jóvenes indígenas a las instituciones de Educación Superior es hasta 60 veces inferior a la de los jóvenes con mayores ingresos.
La situación especialmente desfavorecida en que se encuentran las regiones donde se concentran las poblaciones indígenas, a pesar de que muchas de ellas son ricas en recursos naturales, mantiene la urgencia de políticas públicas que atiendan las condiciones de rezago y particularmente exige que las universidades ofrezcan una oferta educativa pertinente y que la formación de sus alumnos contribuya a la solución de los problemas regionales y fomente el desarrollo integral de las regiones.
La presencia incipiente de las Universidades Interculturales (UI) en las regiones indígenas marginadas del país es hasta ahora la opción más viable para que los jóvenes de las comunidades remotas puedan aspirar a la formación universitaria. Por lo tanto, es urgente que se asuma este modelo educativo desde la perspectiva de su alto significado en la atención a la población más vulnerable y empobrecida del país.
La Organización de las Naciones Unidas señala la falta de recursos en Educación Intercultural Indígena; aumentarlos fue la única recomendación que sobre educación hizo el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la ONU. El CONEVAL, por otra parte, en el apartado de Acciones de Política Pública y Rezago Educativo, sugiere la creación y la ampliación de las Universidades Interculturales bilingües en las zonas más rezagadas.
El modelo de las UI
Las UI son un proyecto educativo impulsado por la SEP en el afán de explorar modalidades de atención educativa pertinentes para jóvenes, tanto de origen indígena como de otros sectores sociales, interesados en impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades y en aplicar los conocimientos construidos a contextos diversos.
Desde luego no puede ignorarse que esta acción del Estado mexicano se gesta a partir de la emergencia del EZLN, que puso de relieve la condición de marginación y pobreza de la población indígena del país. Hábilmente, el gobierno del presidente Vicente Fox encontró en la creación de las Universidades Interculturales una alternativa que ofrecer a las comunidades indígenas. Dio inicio con la Universidad Intercultural del Estado de México, posteriormente fue en el Estado de Chiapas, incorporando además esfuerzos previos de origen estatal en Sinaloa y San Luis Potosí.
Sin lugar a dudas la decisión de crear un modelo de educación superior intercultural fue acertada en la pretensión de elevar el índice de equidad social en cuanto al acceso a la educación superior, a partir de reconocer la diversidad cultural en sus diferentes y variadas manifestaciones, tales como: formas de construcción de conocimiento; visión del mundo; manejo de recursos naturales; producción y elaboración de alimentos; medicinas; tecnología y arte; formas diferentes de solución de conflictos y toma de decisiones; organización social participativa; entre otros.
Las Universidades Interculturales se encuentran establecidas en doce estados del país: Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Nayarit.
La mayoría de las UI se encuentran en regiones, municipios y zonas marginales con los menores Índices de Desarrollo Humano, donde la desigualdad es una constante y se manifiestan graves problemas sociales, como: la presentación de enfermedades relacionadas con la pobreza; las escasas fuentes de empleos; la falta de acceso a una adecuada alimentación; y la baja cobertura en educación. Es importante resaltar además que estas universidades tienen en su área de influencia municipios en donde el tema de la seguridad nacional es vital, toda vez que el narcotráfico en su modalidad de producción, trasiego y consumo es un problema mayor.
Las poblaciones atendidas por las UI son preferentemente aquellas que por muchos años no tenían acceso a los servicios de educación superior (11, 672 estudiantes, de los que el 55% son hablantes de 86 variantes lingüísticas y se forman en 56 licenciaturas, 11 maestrías y 1 doctorado), teniendo la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo con características de atención a la diversidad y equidad de género, la enseñanza de las lenguas originarias y la vinculación comunitaria, con miras a elevar el índice de desarrollo humano y la calidad de vida de la población rural e indígena.
Alienta ver que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala la necesidad de una “política adecuada para la acción indígena, que debe ser concebida desde la interculturalidad y el diálogo entre todos los pueblos originarios”, donde la diversidad sea motivo de armonía, respeto, igualdad y justicia, en la que se escuchen las necesidades de este sector de la población.
La política educativa nacional debe considerar por tanto a la educación como un bien público y a la educación superior intercultural como una prioridad ineludible, es urgente crear nuevas Universidades Interculturales en estados de la República que tienen elevados núcleos de población indígena, sin descuidar aquellos otros, que son resultantes de la migración interna y que también requieren de la adecuada atención educativa.
Las características de la población estudiantil reclaman medidas asistenciales que les permitan alimentarse y acudir a la escuela, al tiempo de obtener una formación que potencie sus capacidades, les dote de herramientas que permitan aprovechar los saberes ancestrales y los conocimientos científicos y tecnológicos de la era moderna.
En las áreas donde se asientan las ui no hay buenos servicios o incentivos para personal con alto grado académico o administrativo con experiencia; si a esta condición se suma el hecho de que no hay suficientes recursos para retenerlos, nunca se consolidarán los cuerpos académicos necesarios para que funcione el sistema. Por ello, y por razones de equidad elemental, el salario de los académicos debe ser semejante al de las universidades estatales.
Además, sin infraestructura no puede haber crecimiento de matrícula; atender este rubro debe combinar aulas y laboratorios con espacios deportivos, culturales, administrativos y de servicios. En el caso del Fondo para la Ampliación y Diversificación de Oferta Educativa de Educación Superior la asignación para las ui es simbólica, por lo que es urgente que en el marco de las estrategias a seguir por la SEP se consideren las características específicas de esta instituciones, las cuales están comprometidas con mecanismos de evaluación e indicadores de calidad, no obstante, un trato de iguales entre desiguales genera mayores inequidades.
La interculturalidad no describe simplemente la interacción humana entre sujetos con culturas diferentes. Se refiere más bien a las complejas relaciones, negociaciones e intercambios de múltiples vías que buscan desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que parte del conflicto inherente a la multiculturalidad, de las asimetrías sociales, económicas, políticas y del poder hacia una nueva relación equitativa entre las diferentes culturas que conforman el mosaico social nacional.
El objetivo primordial de la interculturalidad es abonar en el tránsito de este aún vigente México monocultural a un nuevo Estado nación pluricultural que ya reconocemos legalmente, pero que todavía no existe, que requerimos construir entre todos los pueblos y culturas de nuestro país.
Si además la diferencia nos es consustancial y lo asumimos como un derecho y patrimonio, admitiremos al otro como a nosotros y abandonaremos prácticas tan presentes como las de combatir y rivalizar con el que piensa y habla de manera distinta, o siente, decide y prefiere diferente. Si esto es así, la educación intercultural es la acción humana a la que debemos apostar y la equidad la tarea permanente a conquistar.•
| Javier Álvarez Ramos Rector de la UNICH y presidente de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales. Doctorado Honoris Causa por la Universidad del Sur (Quintana Roo) y por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es Licenciado en Ciencias Sociales y Maestro en Economía y Gobierno. Fue Secretario de Educación de Chiapas. |
