La semana próxima se dará a conocer un programa para enfrentar la inflación, en especial en la canasta alimentaria. Por los adelantos conocidos, se trata sobre todo de estabilizar los precios de un conjunto de productos agropecuarios, a través de un acuerdo con productores y distribuidores.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Lo que más se ha comentado hasta ahora es la pertinencia o el desacierto de establecer medidas que busquen regular los precios, y en general hay desacuerdo con las intervenciones públicas en esa dirección. Sin embargo, existe una gran dimensión que no debe ignorarse en el debate: el impacto que la inflación tiene sobre la pobreza, sobre todo la de ingresos, pero también en el acceso a la alimentación.
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Según la información de la primera quincena de abril de 2022, la inflación anual en México es de 7.7 por ciento anual, pero la de alimentos, bebidas y tabacos había llegado ya a 10.7 por ciento. Esto significa, simple y llanamente, que la línea de pobreza, y en especial la de pobreza extrema, la que está determinada por la canasta alimentaria, viene creciendo más aceleradamente que el índice de precios al consumidor. Considere la siguiente gráfica para comparar las diferencias.
La línea verde marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que al mes de marzo registró un incremento anual de 7.5 por ciento. El costo de la canasta alimentaria con la que se mide la pobreza extrema por ingresos (línea azul) en el medio rural creció 14.5 por ciento, y en el medio urbano el aumento de esta canasta fue de 13.4 por ciento. Nótese que ya en 2020 había ocurrido algo similar, aunque a niveles más bajos.
La diferencia es notable y tiene grandes implicaciones, pues de mantenerse esta tendencia, y si los ingresos de la población no mejoran al mismo ritmo, lo previsible es que se registre un nuevo crecimiento de la pobreza extrema. No será en esa misma proporción, por supuesto y por fortuna, pero el riesgo de empobrecimiento no es una especulación, ya que la población más pobre gasta una mayor proporción de sus ingresos precisamente en alimentos, así que el encarecimiento de los mismos les afecta más. Esto puede afectar directamente el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación.
Está por verse en que consiste el programa anunciado para controlar la inflación, que, según de ha dicho, no se tratará de un control de precios, pero no cabe duda que es necesario proteger el poder de compra de la población más pobre. La perspectiva inflacionaria, sin embargo, es muy negativa, ya que buena parte del encarecimiento sigue siendo importado.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó a principios de abril que solo en febrero el índice de precios de alimentos aumentó casi 13 por ciento, y que tuvo el salto más alto de los últimos 32 años https://bit.ly/3vQdvYa . El encarecimiento de los alimentos a nivel global ha sido de 68 por ciento a partir de 2020, y ya había registrado un incremento considerable antes de la invasión a Ucrania.
Las consecuencias en la seguridad alimentaria ya se sienten con crudeza, pues la población en inseguridad aguda pasó de 195 millones de personas en 2018 a 161 millones en 2021.
La prolongación de la guerra y la inestabilidad de precios en la energía puede prolongar este periodo inflacionario mundial, lo que se seguiría transmitiendo sobre todo a través de insumos clave en la producción agropecuaria. Es el caso de los fertilizantes, en los que México es cada vez más deficitario a partir de 2012, y que se han encarecido notoriamente (más de 30 por ciento solo en lo que va de 2022).
Hay razones para dudar de que la inflación se controle pronto, pero es cierto que es necesario adoptar medidas para evitar que siga afectando a la población más pobre, pues la inflación elevada empobrece más y aumenta la inseguridad alimentaria.
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