El problema de no tener Plan

El anexo estadístico del IV Informe de Gobierno presentado por el Poder Ejecutivo de la Unión tiene auténticos datos de terror en diferentes rubros. Las implicaciones son mayúsculas, porque muestran un rezago enorme en áreas y temas sustantivos para el país, sobre todo porque están relacionados con el incumplimiento de los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos. Cito a continuación varios ejemplos.

Escrito por:  Saúl Arellano

El primero de ellos es la inaceptable reducción del número de camas y consultorios disponibles en México. Respecto de los consultorios, pasamos de tener uno por cada mil personas, a .7 en el año 2021 y hay una proyección de .8 para el cierre del 2022. Con esos indicadores resulta incluso insultante la postura que presentó recientemente el subsecretario de Salud en este tema en particular.

El segundo de los indicadores es el incremento de la mortalidad materna. En números absolutos, en el 2020 se tuvo un registro de más de mil defunciones de mujeres durante el parto o en el puerperio, lo cual elevó gravemente la razón de mortalidad materna, a niveles similares a los que tenía el país en 2009, es decir, se dio un retroceso de una década.

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En materia de mortalidad infantil, aunque hay ligeras reducciones, seguimos teniendo una tasa de más de 11 por cada mil nacidos vivos. Para ponerlo en perspectiva, en países como Dinamarca y Suecia, que es hacia cuyos estándares el presidente de la República ha ofrecido llevarnos, tienen desde el año 2000, tasas de entre 1 y 2 defunciones por cada mil nacidos vivos, es decir, tenemos un indicador cinco o más veces superior al de aquellos países.

Estos dos indicadores están directamente relacionados con condiciones de pobreza, marginación, carencia de infraestructura hospitalaria y condiciones mínimas de vida y supervivencia. Porque si bien buena parte de la mortalidad infantil se relaciona con causas congénitas, en alrededor del 40% de los casos se trata de causas relacionadas con enfermedades infecciosas o accidentes, es decir, se trata de muertes que no deben ser.

Por otro lado, respecto de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus, en el 2020 se llegó a la cifra récord de 117.8 defunciones por cada 100 mil habitantes; en el 2021 el dato preliminar es de 115.8 por cada 100 mil, variación que no es estadísticamente significativa, mientras que la proyección de 2022 es cerrar con un nuevo récord de 134 defunciones por cada 100 mil habitantes, lo cual significaría, en números absolutos, más de 150 mil decesos.

Por su parte, la tasa de mortalidad por hipertensión arterial, llegó también a niveles récord: 26.7 defunciones por cada 100 mil personas en el 2020 (cuando en 2019 había sido de 19.8); para el 2021 el dato preliminar es de 27.2, es decir, un nuevo máximo histórico, mientras que la proyección para el cierre de este 2022 es de 31.3 decesos por cada 100 mil habitantes.

Como se observa, se trata de una auténtica calamidad, porque son enfermedades que son prevenibles en muchos de los casos, pues se asocian directamente con la malnutrición que persiste en el país, lo cual nos ha llevado a ser quizá el país con mayor incidencia de obesidad en su población, tanto adulta como infantil.

Hay otros temas de altísima sensibilidad, como es el caso del cáncer de mama, cuyo número de defunciones anuales se sigue incrementando, habiendo llegado a 8,116 decesos en 2021, cifra récord en el país, y con una proyección de 8,429 para el cierre de este 2022. En términos relativos, esto implica que, desde el 2020, México rebasó por primera vez la tasa de 20 decesos por cada mujer mayor de 25 años. Para el 2021 la tasa preliminar se ubica en 20.9; mientras que para el cierre de este año se estima en 21.9.

Como estos hay muchos indicadores más que registran retrocesos inadmisibles a la luz de lo que establece el artículo 1º Constitucional, en el que se establece el principio de progresividad de los derechos, es decir, deberíamos avanzar, y no como ahora, tener regresiones cuyo resultado es la muerte de cientos de miles de personas.

Sin duda las causas de todo esto son múltiples y todas ellas de alta complejidad. Pero entre ellas, se encuentra una que es estructural, y es la carencia que tiene nuestro país de un Plan Nacional de Desarrollo bien construido. Y no es que en gobiernos previos se hayan tenido documentos y mecanismos de seguimiento y evaluación en todos los casos ejemplares. Sin embargo, en la presente administración se renunció por completo a una planeación del desarrollo con metas y objetivos claros.

Por ello resulta ya hasta ofensiva la campaña de propaganda que está en marcha respecto del IV Informe de Gobierno, cuyos mensajes que poco tienen qué ver con los temas prioritarios del país. El Informe, de acuerdo con la Constitución, debe apegarse a las prioridades constitucionales, y no a las prioridades personales del Ejecutivo.

Haber renunciado a una buena planeación ha hecho que el gobierno pierda la brújula en los temas que podrían dar cumplimiento a su lema: por el bien de México, primero los pobres. Porque lo más grave de todo esto es que se les está dejando una vez más en el abandono, y con consecuencias literalmente fatales. Y ese sin duda es uno de los problemas que se generan cuando no se tiene ya no se diga un buen plan, sino cuando se carece de él en absoluto. Investigador del PUED-UNAM.

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Frase clave: IV Informe de Gobierno, Informe de Gobierno