El informe de Oxfam México intitulado El monopolio de la desigualdad: Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual, tiene como lema la economía es política y, desde mi punto de vista, este lema articula el texto de modo coherente.
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Las cifras que se exponen en este texto permiten calibrar la profunda desigualdad en la distribución del capital, desigualdad que se enfatiza, además, por el hecho de que entre los milmillonarios (que poseen 8.18% de la riqueza) uno de ellos concentra poco menos del 50% (44.8%); señala, además, que el origen de esta fortuna se remonta a la década de los ochenta y noventa del siglo pasado -años de cambio estructural- en que se privatizaron más de mil empresas públicas, a la vez que el gobierno otorgó concesiones y permisos en telecomunicaciones, en transporte, en finanzas y en el sector minero- De este modo los monopolios y cuasi monopolios estatales pasaron a manos del sector privado creando así un nuevo sector empresarial. Asimismo, el informe dice textualmente, “los ultrarricos en México acumulan cantidades extraordinarias de riqueza por medio de concesiones y permisos para explotar bienes que son de la nación, protegidos por el mismo gobierno, y no necesariamente por la innovación constante o el desarrollo de nuevas tecnologías” (P. 7). No se trata entonces de una clase empresarial innovadora.
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En los años de la COVID se produjo un proceso de concentración del capital. El paro económico provocado por las medidas sanitarias, llevó a la bancarrota a un gran número de Mipymes que no contaban con el capital necesario para sobrevivir a la caída de la demanda, ni los recursos para adecuarse a las nuevas condiciones de producción (por ejemplo, el trabajo a distancia), tampoco fueron capaces de generar nuevos productos como ha sido el servicio de compras por Internet, complementadas con las entregas a domicilio. La crisis de la COVID generó, siguiendo a Schumpeter, nuevos productos, procesos y formas de organización de la producción, mientras muchas de las empresas que mantuvieron las antiguas maneras de producir (localizadas preferentemente en las Mipymes) desaparecieron del mercado. El proceso de destrucción creativa llevó al aumento en la desigualdad en la distribución del capital: “la fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, aumentó hasta casi duplicarse durante la pandemia” (P.1). Es tema de investigación dilucidar si los nuevos productos o los cambios en la manera de producir (nuevos procesos o nuevas formas de organizar la producción), fueron generados por la burguesía mexicana o simplemente tuvieron los recursos económicos y la información necesaria para incorporarlas desde el exterior.
El informe insiste reiteradamente en la relación entre la concentración de la riqueza y el poder político, por una parte, y el poder económico por la otra.
Identifica este último, el poder económico, como otra de las fuentes que jugó un papel importante en el aumento de la concentración del capital durante la crisis sanitaria iniciada a comienzos del año 2020. El poder económico derivado de la situación monopólica les permitió subir los precios de sus productos y servicios durante la pandemia, cuyas alzas fueron acentuadas por la escasez y consiguiente aumento de los precios de los granos debido a la invasión rusa a Ukrania, “las ganancias de las empresas capturaron cerca del 60% del incremento en precios de la economía mexicana de setiembre de 2021 a setiembre de 2022, el período con el mayor aumento en el costo de vida en las últimas décadas en México”(P. 9). Pero una vez pasado el schock económico “si las empresas no tuvieran poder de mercado, la competencia económica hubiera permitido que el precio de venta bajara. En cambio, cuando se tienen mercado imperfectos, como en el caso mexicano, ese ajuste no suele ocurrir” (P.10).
El poder económico que deriva de la posición monopólica de las grandes empresas les permitió durante la crisis sanitaria aumentar ingresos vía precios, pero también recurrieron al expediente de modificar procesos de producción y distribución, adecuándose a las condiciones impuestas por la crisis sanitaria.
En cuanto a la relación entre la concentración de la riqueza y el poder político el informe señala que las grandes corporaciones usan su poder económico para (i) evadir impuestos que deberían pagar (ii) ejercer presión sobre el sector público para “profundizar la mercantilización de los servicios básicos de provisión de derechos, tales como la educación, la atención médica y el acceso al agua potable” (P. 11) (iii) además de agravar la crisis climática en la medida que “los dueños de estas grandes empresas, se benefician económicamente de procesos intensivos en la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero” (P. 11).
Para develar las relaciones entre la riqueza y el poder político se requeriría llevar a cabo investigaciones diseñadas específicamente con ese propósito. La evasión y elusión de impuestos de los ricos, combinado con la baja recaudación fiscal que hiere la inversión pública, las presiones por mercantilizar bienes y servicios provistos por el estado y la falta de un sistema legal y organizativo eficiente para combatir la crisis climática se pueden ver como indicadores de vínculos más profundos entre los ricos (la alta burguesía nacional) y el poder político. Habría que empezar por preguntarse el papel que juega el financiamiento que aportan las grandes fortunas a las campañas políticas para elegir las autoridades, locales, estatales y federales y los vínculos que se establecen por esta vía con la cámara de Diputados y el Senado de la República. Por otra parte, no pareciera que disponemos de investigaciones que muestren con claridad el papel que juegan, los representantes (lobistas) de los grandes capitales al momento de discutir la aprobación de leyes que les interesan. ¿Cuáles son los vínculos de la figura presidencial con los grandes empresarios? ¿Hay relaciones entre el poder judicial y el poder económico? Son muchos los temas y las investigaciones que se necesitan para dilucidar las relaciones entre el poder económico y el poder político.
Por último, hay que destacar que el poder económico también interviene directamente en la distribución funcional del ingreso, pero antes de entrar al tema hay que señalar que el informe muestra que en 2022 el 55% del PIB se lo lleva el capital, lo que contrasta con el 45% de Brasil, 33% en Los Estados Unidos de Norteamérica, y 32% en Francia. En México los salarios mínimos los fija la CONASAMI con participación del gobierno, representación de la empresa privada y con el concurso de representantes de los trabajadores. Como resultado de esta negociación tripartita se observa que desde los años ochenta del siglo pasado hasta 2015 los salarios mínimos se mantuvieron bajos y deprimidos, así en el año 2000 el salario mínimo promedio fue de $75.60 diarios, en pesos de la segunda quincena de julio de 2018, y se mantuvo en ese orden de magnitud hasta el año 2015 en que incrementó a $78.54 diarios, de ahí en adelante subió paulatinamente, aunque de manera más marcada desde 2020 en adelante, alcanzando en 2023 la cantidad $167.38 por día de trabajo.
Durante los años de reforma económica y del TLC los salarios se mantuvieron bajos garantizando con ello la competitividad internacional de las exportaciones. Los empresarios, con el apoyo del gobierno impusieron una estructura salarial que se observa en la escasa participación del trabajo en la distribución funcional del ingreso (poco menos de 40%).
La riqueza transferida por el gobierno a la nueva burguesía mexicana en la década de los ochenta y noventa fue acentuada por la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID, llegando en la actualidad a una situación en que los milmillonarios (en dólares) casi duplicaron su riqueza en relación al inicio de la pandemia. El aumento en el poder económico se relaciona con el poder de mercado y con el poder político. Son varios los canales que unen estos ámbitos, pero requieren investigaciones adicionales, por ejemplo, acerca de los vínculos entre la alta burguesía y los poderes del Estado, así como el papel que tienen en influir o moldear las elecciones de los tres niveles de gobierno.
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