El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó, con base en el mandato que le impone la Ley General de Desarrollo Social, su evaluación de la política social para el periodo 2018-2022. A pesar de lo cuidadoso del fraseo y de los adjetivos que se utilizan en el documento presentado, los resultados son tanto contundentes como preocupantes; y evidencian la necesidad de una revisión crítica de los programas prioritarios y de la estrategia general de desarrollo rumbo al cierre de la administración.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Para dimensionar lo anterior es relevante citar varios párrafos del Resumen Ejecutivo, sobre hechos documentados por el propio CONEVAL:
“…los resultados de la medición multidimensional de la pobreza indican que, a nivel nacional, de 2018 a 2020 se presentó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza, siendo mayor en la pobreza extrema”.
“En cuanto a la evolución de las carencias sociales, la de acceso a la seguridad social, además de presentar un aumento de 2018 a 2020, sigue siendo la que mayor parte de las personas reporta, alcanzando a más de la mitad de la población.”
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“Otra carencia que se incrementó durante el periodo fue la de acceso a los servicios de salud, esto en el contexto de la contingencia sanitaria por la COVID-19 y que fue más marcado en la población de menores ingresos y quienes residen en el ámbito rural…”
“(en lo) relativo al derecho a la alimentación, este pudo verse afectado por la emergencia sanitaria, ya que de 2018 a 2020 la inseguridad alimentaria leve, así como la moderada, se incrementaron…”
El informe presenta además un entorno económico nacional e internacional altamente restrictivo, determinado por diferentes factores: una elevada inflación; caída de los ingresos petroleros; lo que se combina con un entrono económico nacional de bajo crecimiento en el cual, al segundo trimestre del 2022, la tasa de participación económica de los hombres se ubicó todavía ligeramente por debajo de los niveles prepandémicos.
Otro de los indicadores relevantes que deben tomarse con cuidado es el de la reducción de la desigualdad que se registró en el país, lo cual ocurrió fundamentalmente por las “malas razones”, pues el ingreso corriente total se redujo tanto para el decil de más bajos ingresos como para el de mayor nivel. Así, en el 2018, el 10% de menos ingresos de la población, percibía 843.7 pesos, frente a 778.9 registrados en 2020; el decil más alto tuvo una reducción de 17,549.3 a 15,810.6 pesos; es decir, la diferencia se acortó, pero por la caída generalizada de los ingresos, con especial acento en los estratos de ingresos medios; y no por el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres.
Hay otros datos preocupantes, que son parte de condiciones estructurales e históricas de rezago, pero en los cuales no se ha avanzado de manera importante en la presente administración. Por ejemplo: todavía el 13.7% de las escuelas de educación básica carecen de electricidad; solo el 52.8% de las escuelas de educación básica y el 70.3% de las de educación media superior tienen computadora; mientras que únicamente el 32.7% de los planteles de educación básica y el 52.5% de los de educación media superior tienen servicio de internet.
A lo anterior se suman las pérdidas de aprendizajes elementales para continuar en grados normativos superiores; así como un incremento sustantivo en el abandono escolar, al grado de sumar a millones de niñas y niños que o no concluyeron el ciclo 2020-2021 o que no lograron matricularse en el ciclo 2021-2022.
Por su parte, en el ámbito laboral siguen reproduciéndose los problemas estructurales de una economía incapaz de crecer de manera sostenida y sostenible, y que carece además de adecuados instrumentos de redistribución del ingreso. Así por ejemplo el 43.8% de quienes viven en condiciones de pobreza y tienen de 16 a 44 años, nunca han cotizado a la seguridad social; el porcentaje para el grupo de población de 45 a 64 años en la misma condición es de 40.1% y de 62% para la población de 65 años y más.
Asimismo, en el tercer trimestre de 2022 el 40.1% de las personas que trabajaban se encontraba en pobreza laboral, es decir, sus ingresos están por debajo del valor de la canasta alimentaria; indicador superior tanto al del trimestre previo como al registrado en el tercer trimestre del 2019 , meses antes del inicio del confinamiento obligado por la pandemia.
Lo que nos revela el Informe es que tenemos un auténtico desastre social en el país. Que la política implementada en los últimos años tiene más oscuros que claros; y que a cuatro años de gobierno puede anticiparse que su eficacia en la reducción de la pobreza, de la desigualdad y en contrapartida, para el mejoramiento de las condiciones de vida y la garantía de los derechos de las y los mexicanos, será, en el mejor de los casos, marginal.
No hay evidencia, de acuerdo con el informe del CONEVAL, de que estemos ante una política social que sea auténticamente redistributiva; que tenga capacidades de avanzar hacia coberturas universales en los ámbitos prioritarios del gobierno; ni que tenga una mayor cobertura que las estrategias de los gobiernos anteriores. En síntesis, se trata de una política social, asociada a una política económica, tan ineficientes como ineficaces en la reducción de la pobreza y de las desigualdades, que las implementadas en el llamado “periodo neoliberal”.
Lo que debería ocurrir con este informe es que la administración federal debería revisar a fondo sus prioridades y reencauzar programas y acciones con urgencia, para dejar al próximo gobierno condiciones y márgenes mínimos de maniobra; porque si a lo que está en el informe se añaden los datos de la violencia, de las múltiples y crecientes fracturas en la cohesión social y comunitaria, así como de las familias y círculos y redes de protección social, el panorama es realmente desolador.
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