El 30 de septiembre del presente año, el presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma eléctrica, la cual, por su naturaleza, implica una modificación constitucional, por lo que requiere 331 votos para ser aprobada en la Cámara de Diputados y 86 votos para ser aprobada por el Senado.
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La reforma contempla un “nuevo Sistema Eléctrico Nacional” modificando el funcionamiento del sistema, “dándole un papel preponderante en toda la cadena eléctrica (generación, transmisión, distribución y venta final) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la modificación de su naturaleza jurídica y otorgamiento de nuevas atribuciones, como la incorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía”.
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Algunas de las principales voces críticas, surgidas de la oposición y grupos empresariales consideran que la reforma atenta contra el libre mercado, aumenta el poder del Estado, desaparece órganos que funcionan, viola tratados internacionales, cancela certificaciones de energías limpias, y encarecimiento del servicio.
Vale la pena señalar que, probablemente el punto más delicado de la iniciativa es el relacionado con el TMEC, el cual plantea que “las actividades comerciales de las Empresas Productivas del Estado se realicen bajo los principios de no discriminación y consideraciones comerciales”. En ese sentido, se corre el riesgo de que el gobierno enfrente demandas por parte de empresas extranjeras que ya hayan invertido en el sector y que vean afectados sus intereses.
Los argumentos en favor de la reforma señalan que los permisos que fueron otorgados en el sexenio pasado desordenaron el sector eléctrico nacional. Por otro lado, quienes apoyan la reforma señalan que, con ella, el Estado pretende recuperar la rectoría sobre la generación de la energía eléctrica, dándole prioridad a la CFE en el despacho de la energía eléctrica.
En lo que concierne al tema político, la aprobación de la iniciativa representará una prueba para definir las alianzas de los partidos que podríamos esperar durante el desarrollo de la actual legislatura: PRI/PAN/PRD vs. Morena/PVEM/PT.
Por lo pronto, los votos del bloque de Morena y sus partidos aliados suman 278 en la Cámara de Diputados y 76 en el Senado.
Morena requiere del PRI para alcanzar la mayoría necesaria con sus 71 diputados y sus 12 senadores, lo que no significa que forzosamente contaría con todos esos votos, siendo que sólo le harían falta 53 votos en la Cámara de Diputados y 10 en la de senadores, por lo que un acuerdo adecuado con cierta sección del PRI podría llevar a que Morena, con la ayuda de sus partidos aliados, a alcanzar el objetivo.
Claramente, tanto PAN como PRD y MC votarían en contra.
El tema de las gubernaturas que se disputarán el próximo año puede ser la moneda de negociación, junto con algunas modificaciones a la iniciativa que probablemente acordarán, entre Morena y el PRI, para alcanzar los votos que le permitan alcanzar la aprobación de la tan deseada reforma.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, ha dejado entrever la posibilidad de que el PRI pueda votar en favor de la reforma eléctrica, tras señalar que ésta será analizada y discutida. Sin embargo, hay un sector dentro del mismo priísmo que aparentemente tienen una postura definida en contra de la reforma mencionada, encabezado por la senadora Claudia Ruiz Massieu.
Independientemente de los argumentos en favor y en contra, hay que contemplar que los efectos de la reforma tendrán repercusiones más allá de las empresas e inversionistas privados relacionados con el sector, su efecto será para todas las y los mexicanos por su repercusión en todas las actividades de la vida diaria. Confío en la responsabilidad de las y los legisladores para tomar la decisión más benéfica para nuestro país.
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