por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el CONEVAL, el poder adquisitivo del ingreso laboral ha caído en 25% entre los años 2005 y 2014; asimismo, de acuerdo con los datos del INEGI, mientras que la inflación acumulada entre 2005 y 2013 fue de 39%, en el capítulo de los alimentos fue de 63.8%. Hay 18 millones de personas que obtienen menos de 2 salarios mínimos; mientras que, según los datos de la ENSANUT, 2012, alrededor del 11% de la población vive en condiciones de inseguridad alimentaria severa
México se debate en medio de una serie de encrucijadas que urge resolver en aras de convertirnos, en el menor tiempo posible, en un país con equidad, justicia y dignidad para toda su población lo cual implica, debe insistirse una y otra vez, el pleno y universal cumplimiento de los derechos humanos.
Una de ellas se expresa en la paradoja de contar con la producción y disponibilidad suficiente de alimentos para toda la población, y al mismo tiempo tener, de acuerdo con la medición del 2012, a más de 11 millones de personas en situación de pobreza extrema, la cual implica una severa privación de acceso a los alimentos, así como a poco más de 28 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.
Debe recordarse que el derecho a la alimentación se encuentra reconocido en el Artículo 4º constitucional, en el cual se establece que es el Estado el responsable de su garantía. En efecto, el texto íntegro relativo a este derecho dice que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
La inseguridad alimentaria en México
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria: “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”
Así quedó establecido en la Cumbre Mundial de la Alimentación, llevada a cabo en 1996, y desde la cual se definieron cuatro pilares fundamentales de la seguridad alimentaria: a) la disponibilidad física de los alimentos; b) el acceso económico y físico a los alimentos; c) la utilización de los alimentos y; d) la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores.
De manera preocupante, en México existen condiciones elevadas de inseguridad alimentaria, lo cual implica severos efectos para la salud de las personas, particularmente las niñas y los niños, quienes enfrentan un fenómeno doble: la anemia y la desnutrición por un lado; y por el otro la obesidad y el sobrepeso.
De acuerdo con la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), en México únicamente el 19.2% de la población rural y el 33% de la población urbana en México viven en condiciones de seguridad alimentaria; esto es, sólo uno de cada cinco y uno de cada tres en el ámbito rural y urbano, respectivamente.
Asimismo, 45.5% de la población rural vive en inseguridad alimentaria leve; mientras que el 40.6% lo hace en los ámbitos urbanos; el 22.4% de quienes viven en zonas rurales vive en inseguridad alimentaria moderada, mientras que en el mundo urbano lo está el 16.5%. Finalmente, la ENSANUT muestra que el 13% de la población rural, y el 9.7% de quienes viven en las zonas urbanas, viven en lo que se considera como inseguridad alimentaria severa.
Salarios para pasar hambre
Uno de los factores que en mayor medida influyen en las condiciones de inseguridad alimentaria e incumplimiento del derecho a la alimentación en nuestro país es el muy bajo nivel de los salarios que existe en todo el territorio nacional.
En efecto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el INEGI, en nuestro país había, al cierre del segundo trimestre del 2014, un total de 6.56 millones de trabajadoras y trabajadores con ingresos de hasta un salario mínimo al día. Esta suma es equivalente al 13.25% del total de la población ocupada del país.
A esa cifra sin embargo, debe sumarse el dato relativo a la cantidad de personas que perciben ingresos entre uno y dos salarios mínimos, ingresos laborales que en sentido estricto, por sí mismos, no permiten superar los umbrales de ingreso de la línea de la pobreza en los ámbitos urbanos.
Así, de acuerdo con la citada ENOE, 2014, había al cierre del segundo trimestre de este año un total de 12 millones con ingresos que oscilan entre los 63 y los 126 pesos al día; esta cifra de trabajadores en ese nivel salarial equivale al 24.33% de la población ocupada.
De este modo, lo que muestran los datos es que el 37.6% de quienes tienen un trabajo remunerado en el país perciben entre 1 y 126 pesos al día; esto es, uno de cada tres trabajadoras y trabajadores del país percibe salarios que literalmente los condenan a la pobreza.
Una tendencia peligrosa
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) cuenta con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, el cual muestra el porcentaje de trabajadores que teniendo ingresos, no superan el ya mencionado umbral de la línea de la pobreza.
Este índice muestra una caída continua del nivel salarial de las personas, pues en el año 2005, el cual es la base para el Índice mencionado, el ingreso per capita, deflactado a precios del 2010, era de 1996.41 pesos; cinco años más tarde, ese ingreso se situó en 1,666.6 pesos mensuales per capita; mientras que en el segundo trimestre, ese mismo indicador se ubicó en 1,513.30 pesos.
Como puede verse, lo que ha ocurrido es que en términos reales el ingreso laboral per capita ha caído en el orden de 25% en los últimos 9 años; lo cual va en sentido inverso con lo que está ocurriendo respecto del costo del valor de la línea del bienestar.
En efecto, la línea del bienestar en los ámbitos urbanos tuvo un costo, en el mes de septiembre de este año, de 2,563 pesos, mientras que en los ámbitos rurales se ubicó en 1,631.4 pesos mensuales. Como puede verse, el ingreso laboral per capita es prácticamente 40% inferior a lo que se requiere para superar el umbral de la pobreza en los ámbitos urbanos.
La carestía de los alimentos
Conjugado con la caída de los ingresos laborales, se encuentra el fenómeno inflacionario en los precios de los alimentos, los cuales registran tasas de inflación mucho más elevadas que el promedio de los bienes y servicios que forman parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
En efecto, de acuerdo con los datos del INEGI, entre los años 2005 y 2013, la inflación general fue de 39%, es decir, un ritmo de crecimiento anual promedio de 4.3%. En contraste con este dato, el índice relativo a los precios de los alimentos tuvo un crecimiento de 63.8%, lo cual implica un ritmo aproximado de incremento de 7.1% anual.
Cabe destacar que entre los precios de los alimentos, los que mayor incremento han registrado son los relativos a los aceites y grasas, en cuyo capítulo se registra un crecimiento de 86% en el periodo señalado; en orden de magnitud le sigue el capítulo de los panes y cereales, los cuales han crecido en su precio en el orden de 76.6%.
En tercer sitio se ubica el capítulo de la leche, el queso y los huevos, con un incremento de 63.9%; le siguen las legumbres y hortalizas con 63.2%; los alimentos y las bebidas no alcohólicas con 61.1%; las carnes con 58.1%; los pescados y mariscos con 57.1% y las frutas con 50.5%.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 28- Octubre- 2014, p.26
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