El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el pasado martes 28 de noviembre los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización en Establecimientos (ENVE, 2016); ésta es la tercera ocasión que se lleva a cabo el ejercicio, cuyas ediciones previas se publicaron en 2012 y 2014.
Los datos de la encuesta revelan una situación crítica para las empresas y los negocios de todo el país, y una de las conclusiones más preocupantes de sus resultados es que no hay una entidad de la República en la que no existan severas condiciones de inseguridad.
Según los datos difundidos, en México hay 4,503,271 unidades económicas, y de éstas, 1,597,983 fueron víctimas de la delincuencia, es decir, 35.4% del total. Esto significa que una de cada tres unidades económicas en el país fueron víctimas de algún acto de delincuencia, y en muchos casos, no sólo en una, sino en dos o más ocasiones.
En efecto, las empresas declaran que durante el año 2015 fueron cometidos al menos 3,989,767 delitos, cifra aterradora porque con ella se ratifica el estado de indefensión en que se encuentra la mayoría de las personas que invierten para desarrollar una empresa o negocio.
El impacto económico de estas condiciones de inseguridad es, por supuesto, gigantesco: sólo en el año 2015, las empresas y negocios de todo el país erogaron la friolera de $73,301,632,948.00 para prevenir ser víctimas de la delincuencia; esto significa que, en promedio, cada uno de los establecimientos destinó $16,277.41 en gastos para “autoprotección” frente a la delincuencia.
Asimismo, el daño al patrimonio de las empresas como resultado directo de la acción de los delincuentes ascendió a $65,570,039,176.00, con lo que la cifra total que tienen los costos del delito en el país se ubicó en el año 2015 en $138,871,672,124.00, es decir, casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto.
Estas condiciones llevan a que entre las empresas el nivel de confianza en las instituciones sea muy bajo, circunstancia similar a la desconfianza que tiene la ciudadanía a nivel individual respecto de las dependencias vinculadas a la seguridad pública.
Así, 19.4% y 14.5% de las empresas declaran tener poca o ninguna confianza en el Ejército y en la Marina, respectivamente. Los datos se incrementan exponencialmente cuando se trata de las corporaciones que sí tienen responsabilidad constitucional y legal en la materia: en 45.9% de las empresas hay poca o ninguna confianza en la Policía Federal, 51.2% reporta poca o ninguna confianza en los jueces, 54.1% lo manifiesta respecto de la Procuraduría General de la República, 58.8% respecto de las policías estatales, 61.5% confía poco o nada en las Policías Ministeriales o Judiciales, 64.5% opina en el mismo sentido respecto de las policías preventivas municipales, mientras que en el sótano de la desconfianza se encuentran las policías de tránsito municipales, con un 67.5% de poca o nula confianza.
Cuando esa información se traduce en niveles de percepción de corrupción, los datos, lamentablemente, ya no sorprenden: 20% de las empresas piensa que hay corrupción en la Marina; en el Ejército, 27%; en la Policía Federal, 58%; 61.4% de las empresas declara que perciben corrupción en la Procuraduría General de la República; y 66.2% cree lo mismo respecto de los jueces. Finalmente, otro dato a destacar es que 218 mil empresas declaran haber sido víctimas de actos de corrupción.
La situación, a la par de la detectada entre la ciudadanía a nivel individual, es simplemente insostenible. ¿Cómo alentar más inversión así?, ¿cómo generar más empleos así? y ¿cómo propiciar en estas condiciones otro curso de desarrollo?
Todas ellas son preguntas ante las cuales las autoridades nos deben explicaciones y, sobre todo, respuestas y acciones pertinentes para dotar a nuestro país de mayores condiciones de competitividad y con ello tratar de salir del estancamiento secular, que hoy se ve profundizado por las ingentes condiciones de inseguridad que a todo y todos amenazan.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 01 de diciembre de 2016
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