El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha planteado que, durante los primeros meses de su administración, se modificará la forma en cómo se llevan a cabo las inspecciones de parte de las autoridades federales. El propósito es eliminar la corrupción que se da cuando algunos funcionarios que verifican el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos, extorsionan a los negocios.
La idea es loable, pero su implementación debe tener matices. La propuesta que ha hecho el presidente electo es que las inspecciones se llevarán a cabo con base en sorteos, pues se confiará en que la ciudadanía cumplirá con sus responsabilidades.
Se trata de una buena apuesta, pero también debe reconocerse que hay algunos ámbitos en los que no es posible dejar al azar el cumplimiento de las normas. Existe evidencia suficiente para asumir que hay un incumplimiento generalizado de diversas leyes y normas, lo cual debe llevar a una doble estrategia: supervisión permanente, con base en criterios de transparencia y honestidad, así como nuevas estrategias y políticas públicas que desincentiven la violación de la normatividad. Para ilustrar lo anterior es preciso mencionar algunos ejemplos.
El primero de ellos es el de los centros de asistencia social como casas hogar, asilos o los llamados “anexos” para la rehabilitación de adicciones. No hay año en el que no haya un escándalo de abuso sexual o hasta de trata de personas en este tipo de establecimientos, como el recientemente ocurrido en Salamanca, Guanajuato, en la llamada Ciudad de los Niños, donde un sacerdote acusado de pederastia, hizo del lugar un centro de explotación y abuso.
Otro ejemplo es el de la Guardería ABC, en el cual se hizo evidente, como lo plantearía el ministro Arturo Saldívar, el desorden generalizado del sistema institucional mexicano que llevó a la muerte a 49 niñas y niños, debido a la corrupción y, precisamente, la deficiencia en los mecanismos de supervisión e inspección.
Un tercer ejemplo es el cumplimiento de las normas de etiquetado de alimentos y la no venta de alimentos de alto contenido graso en las escuelas; ante la epidemia de diabetes y la terrible realidad de más de 100 mil defunciones anuales por diabetes, es necesaria una estrategia que evite que más niñas y niños vivan con obesidad y sobrepeso.
En la misma categoría entre el tema de la venta de alcohol y de tabaco a menores de edad enfrentamos una terrible realidad en la que las enfermedades del hígado y, particularmente, las enfermedades alcohólicas del hígado son ya la cuarta causa de muerte en el país, desplazando al quinto sitio a los accidentes, miles de los cuales se producen por el abuso en el consumo de alcohol. En este caso, tampoco puede ser sólo el azar el criterio para detener esta peligrosa tendencia.
Sin duda, acabar con la corrupción es uno de los grandes propósitos de la nueva administración, pero hay esferas de la vida pública en los que la inspección es estratégica, porque de ello depende el cumplimiento de los derechos humanos de los más vulnerables, incluso, la vida de decenas de miles de personas cada año.
Así, hay otros ámbitos en los que lejos de eliminar la figura de la inspección, ésta debería fortalecerse, como en el caso del trabajo infantil y, particularmente, en el caso de las niñas y niños jornaleros agrícolas, como en casos emblemáticos como San Quintín y Cabo San Lucas, pues de acuerdo con los datos del Inegi, más del 90% de las niñas y niños que trabajan lo hacen en condiciones inapropiadas y prohibidas para su edad.
Así, reconociendo la relevancia de la medida anunciada por el presidente electo, lo que es urgente es determinar en cuáles trámites y áreas es posible transitar hacia un esquema de “sorteo” y en cuáles otros, fortalecer las capacidades de inspección y regulación del Estado, siempre en aras de proteger integralmente los derechos humanos.
