Institucionalidad y transición

México atraviesa por distintos procesos de conflicto institucional que deben resolverse a la brevedad, a fin de que el cause democrático no se desborde y que tengamos una transición de gobierno ordenada. Preocupa por ello el nivel de abierta disputa que ha tomado el conflicto entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación, y particularmente en contra del que es su principal órgano: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Es inédito que, de manera simultánea, se haya propuesto iniciar juicio político en contra de un ex presidente de la SCJN, así como a la presidenta de la Corte en turno. Todo ello en un contexto de partidización del debate en torno a la impartición de justicia en México, y de dos de las reformas legales más delicadas de los últimos años: la relativa a la Ley de Amparo, así como la que otorga nuevas facultades al Ejecutivo para brindar amnistía o perdón a personas sentenciadas por delitos graves.

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En efecto, resulta también inédito que un presidente de la Corte haya dejado su cargo de manera anticipada, y que de inmediato se hubiese incorporado al equipo de campaña de quien es hasta ahora, la candidata puntera en la disputa por la presidencia de la República; lo cual plantea enormes desafíos a la institucionalidad democrática del país.

Por otro lado, sigue en pie la propuesta de reformar al Poder Judicial, y sigue latente la posibilidad, por las propuestas de campaña que ha presentado la candidata del partido en el poder, de que la designación de jueces y magistrados se lleve a cabo mediante votación directa de la ciudadanía, lo que le daría un giro que anticiparía un nuevo elemento de debilidad institucional pues sometería a la impartición de justicia a una lógica determinada por la capacidad de movilización, adquisición de recursos, y promoción de las figuras que aspiren a ocupar estos cargos.

No es sano para la República que haya este nivel de conflicto, iniciado sobre todo por el titular del Ejecutivo Federal, quien es el jefe del Estado y quien tiene la mayor responsabilidad en mantener el orden constitucional y legal, a fin de garantizar la permanencia de nuestros principios y procedimientos democráticos más elementales.

Al contrario de lo anterior el Ejecutivo Federal decidió, desde el inicio de su gobierno, actuar como jefe de un movimiento social y político; y en ese sentido, concluirá su mandato interviniendo negativamente en la elección presidencial, en contra de lo que establece nuestro marco jurídico, el cual, si bien puede ser cuestionable, es el orden vigente y es al que deben sujetarse todas y todos quienes forman parte de la administración pública en todos sus niveles.

En esa lógica, desde la administración encabezada por Vicente Fox no se había tenido una intervención tan abierta de un titular del Ejecutivo en los procesos electorales. En ese caso, meses después, el Poder Judicial determinó que hubo una intervención indebida y perniciosa del presidente; sin embargo, dado el tiempo que había transcurrido entre la elección y la emisión de la sentencia, las consecuencias jurídicas fueron prácticamente nulas.

Ahora en una elección que se perfila igualmente con una importante injerencia del Ejecutivo, estaremos ante un escenario en el que, por quinta ocasión, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que otorgue la constancia de mayoría a quien resulte ganadora de la elección. Y será el propio Tribunal el que deberá resolver todos los procedimientos legales que habrán de interponerse frente a la elección, y que apuntan a que esta será quizá, la elección “más judicializada” de la historia.

A ello se suma el hecho de que, a partir del 3 de junio, habrá de iniciar el proceso de transición del gobierno; y ante una administración sumamente opaca y con la menor transparencia gubernamental en lo que va del siglo XXI, estaremos frente a un escenario en el que poco sabemos en realidad del auténtico estado de la administración pública; pues más allá de los informes de gobierno, que contienen solo indicadores inerciales´, la nueva presidenta de la República tendrá la responsabilidad de construir un nuevo diagnóstico general del país, a fin de poner en marcha una nueva administración.

Todo lo anterior estará sujeto a los márgenes de maniobra y las posibilidades de toma de decisiones, en función de la disponibilidad presupuestal, que será sumamente restrictiva, y que tendrá el reto de construir el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya con un nuevo Congreso, cuya composición podría ser muy distinta a la que tiene ahora, en términos de equilibrios y contrapesos.

Las expectativas económicas que se tienen para el año 2025 se han ajustado a la baja; y ello podría imponer restricciones adicionales a las capacidades de gobierno, aunado a un escenario internacional que parece complejizarse aún más por los aires de guerra que son crecientes en varias regiones, particularmente en el Medio Oriente.

El cierre de la administración enfrenta enormes retos, más aún porque las condiciones de violencia parecen recrudecerse. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana muestra un importante repunte en la percepción de la inseguridad en las ciudades del país, mientras que el número de homicidios dolosos ha crecido de manera consecutiva, en los tres primeros meses de este año.

Las prisas del Presidente deben, en ese sentido, atemperarse; y debe dirigir toda su energía y capacidades a garantizar un cierre ordenado del gobierno; pues una de sus principales responsabilidades en estas últimas semanas de su gobierno se encuentra en entregar un diagnóstico preciso de las tareas pendientes; del estado real de la administración y las finanzas públicas; y de las acciones prioritarias que deberían realizarse en los primeros días de la siguiente administración a fin de evitar sobresaltos y una eventual crisis como las que se han generado en los cambios del gobierno en el pasado.

Urge pues la mesura; una actitud auténticamente republicana del Ejecutivo; y una indeclinable actitud de responsabilidad a favor del orden constitucional y legal.

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Investigador del PUED-UNAM