En fechas recientes se ha posicionado de nuevo el tema del trabajo que realiza, por un lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) y, por el otro, la función que desempeñan los institutos electorales locales denominados Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) que se encuentran conformados en cada una de las 32 entidades federativas del país.
Sigue al autor, Fernando Díaz Naranjo, en Twitter: @fdodiaznaranjo
El cuestionamiento sobre la permanencia de los OPLE surge a partir que de, en 2014 con la reforma constitucional en materia político electoral, entre otros aspectos, se le dotó al INE de un sinnúmero de funciones y atribuciones, algunas que ostentaban los OPLE como la de la fiscalización de los recursos públicos que utilizan partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatas durante el desarrollo de los procesos electorales locales; atribución que hoy realiza el INE.
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Las razones contra los institutos electorales locales
Entre los aspectos que se dirimen entre los diversos actores políticos para desaparecer a los OPLE se encuentra el número de casos de remoción de consejeros y consejeras electorales que llegan al seno del Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión.
Otra consideración está relacionada con algunas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, en algunas resoluciones, ha determinado que algunos procesos electorales locales que son declarados nulos, mandata que ahora los realice en INE.
La que pudiera parecer ser la más contundente tiene que ver con el ahorro presupuestal que significaría para la nación la desaparición de los 32 institutos electorales locales en el entendido de que el INE se encargaría de los procesos electorales federales y locales.
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Las consecuencias de desaparecer los institutos electorales locales
No obstante, estos pronunciamientos no miden diversas consecuencias de fondo que afectarían desde nuestra concepción de democracia y soberanía, pasando por la violación a diversas normas legales, hasta la concentración de funciones en una única autoridad electoral, pero con 33 legislaciones electorales diferentes, la federal y los 32 locales.
De entrada, pensar en desaparecer a los OPLE atenta contra nuestra propia Constitución Política pues en ella se establece la soberanía de los estados para determinar su forma de organización. Además, en cada entidad federativa, los congresos locales determinan y expiden la legislación electoral conforme a sus atribuciones constitucionales. Esto deriva en que cada estado pueda establecer particularidades específicas para cada elección. Así, por ejemplo, la utilización de elementos electrónicos para recibir la votación; la posibilidad de que sus connacionales residentes en el exterior puedan votar por diversos cargos; la implementación de ejercicios de participación ciudadana, entre otros.
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Ahora bien, el INE para hacerse cargo de las elecciones locales tendría que contratar más personal y construir cualquier cantidad de procesos, criterios y lineamientos casi exclusivos para cada entidad, lo que implicará, seguramente, que los actores políticos participantes estén impugnando cada acuerdo que tome el INE lo que podría generar un estatismo en el buen desarrollo de las elecciones.
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En manos del Legislativo
Si el intento de desaparecer los OPLE permite, bien pudiera plantear el Legislativo desaparecer las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, los Institutos locales de transparencia y, porque no decirlo, incluso los Congresos locales con lo que borraríamos de plano, nuestro sistema federal.
Finalmente, agregaría que los OPLE realizan un sinnúmero de actividades relacionados con estudios para mejor proveer las elecciones locales, así como muchos de ellos tienen la alta responsabilidad de realizar ejercicios de participación ciudadana como: consultas populares, presupuesto participativos, entre otras.
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Si por presupuesto se refiere, señores y señoras legisladoras, apuesten por la modernidad de las elecciones: utilicemos el internet no solo como un mecanismo para el voto de las y los mexicanos residentes en el exterior, sino al interior.
Inclusive como un mecanismo de voto anticipado; así evitaríamos boletas electorales, presencia de funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos, documentación auxiliar, de programas de resultados electorales preliminares, de costosos ejercicios de conteos rápidos, entre muchos aspectos más.
Sin embargo, el Legislativo tiene la última palabra.
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