Inversión en población joven y justicia intergeneracional

por Roberto Vélez Grajales

Los recortes presupuestales anunciados recientemente por el gobierno federal sugieren que la población mexicana más joven, de entre 0 y 17 años de edad, no resulta prioritaria para la política social

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Lo anterior constituye un doble lastre para este grupo de población: no se invierte lo suficiente en ellos y en el futuro tendrán que asumir los excesos de gasto en los que han incurrido las generaciones anteriores. En una columna reciente Joseph Stiglitz, al intentar explicar los patrones de votación electoral diferenciados por grupo de edad observados en Europa y Estados Unidos, concluye que los jóvenes “perciben una ausencia de justicia intergeneracional”I. Llama la atención que, como menciona Stiglitz, dicha percepción no está condicionada por la ubicación en la distribución socioeconómica. Lo anterior se traduce en una situación donde los jóvenes reclaman la existencia de una desigualdad intergeneracional creciente, que bajo la situación de la economía actual limita sus expectativas de logro. Bajo este contexto, vale la pena actuar en consecuencia, no sólo en términos de la necesidad de crear oportunidades para los jóvenes mayores de edad que ya externan su descontento a través del voto, sino también en la inversión en los menores de edad que también votarán en unos años.

Una manera de dimensionar el problema planteado es a través de las cifras actuales de pobreza. Al comparar proporciones por tipo de pobreza, la profundidad de la misma es mayor para la población más joven. La gravedad de este dato se incrementa si se incorpora al análisis el hecho de que, como ha reportado el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las opciones de movilidad intergeneracional ascendente son limitadas^II. De lo anterior se deduce que no basta con priorizar el gasto en la población de menores de edad, sino que también se requiere garantizar la progresividad del mismo.

La posibilidad de las personas de hacer elecciones de vida recae en al menos dos condiciones: que cuenten con instrumentos para lograrlo y que el entorno sea favorable para hacerlo. Sin la intención de reducir el significado de la vida a una cuestión lineal, lo anterior se resume en dos cosas: formación de capacidades individuales e institucionales. En cuanto a las primeras, además de la obvia necesidad de identificar las más pertinentes para la realidad actual, se requiere establecer políticas de intervención oportunas en términos del momento del ciclo de vida de las personas.

 Existe toda una literatura encabezada por el premio Nobel de economía James Heckman sobre la importancia de la intervención temprana. En ese sentido, como mencionan él mismo y Kautz, el nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas de los individuos depende de lo niveles y las inversiones previas en las mismas^III. Lo anterior se reduce a una lección muy simple de política pública: la inversión en dichas habilidades es más efectiva mientras más pronto se inicia en términos del ciclo de vida, siempre y cuando se le dé continuidad durante toda la etapa formativa de las personas. Cabe aclarar que esto no quiere decir que haya que mandar a los niños a la escuela más jóvenes, ni mucho menos que todo se reduzca a una cuestión de formación escolarizada, sino más bien a una formación integral que depende de la calidad de todos los entornos inmediatos, los cuales afectan cuestiones como la autoestima, la capacidad ejecutiva, la perseverancia, entre otras. En cuanto a las capacidades institucionales, éstas se refieren a una sociedad en la que los miembros de la misma encuentran espacios de realización personal y profesional, y en donde existen mecanismos de protección que suavizan las transiciones que se experimentan a lo largo del ciclo de vida.

Con base en todo lo anterior, la preocupación externada recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en relación con el recorte de gasto anunciado por el gobierno federal toma mayor relevancia^IV. En particular, el recorte de gasto en la atención del grupo de población de entre 0 y 17 años de edad es una llamada de atención que nos invita a replantearnos los criterios de decisión ante contingencias económicas como la que actualmente vivimos Las condiciones de alta pobreza y baja movilidad social en México, así como la importancia que la literatura económica antes mencionada asigna a la inversión en la etapa formativa de las personas, parecen ser razones suficientes para blindar y priorizar el gasto dirigido a este grupo de población.

La integralidad en la toma de decisiones es clave para que los objetivos planteados se alcancen. En términos de las condiciones sociales observadas en México, uno de dichos objetivos debe ser la inversión en la población más joven. Construir una política social con enfoque de ciclo de vida impulsará medidas progresivas a favor de los menores de edad, lo cual ampliará las opciones de movilidad social intergeneracional a través de la reducción de las desigualdades de arranque. De no hacerlo de esta manera, la percepción de injusticia a la que Stiglitz hace referencia se incrementará y la solidaridad entre generaciones se resquebrajará.

NOTAS Y REFERENCIAS:

1. http://economia.elpais.com/economia/2016/03/18/actualidad/1458301386_778679.html

2.Vélez, R., Campos, R. y Huerta, J.E. (2013). Informe de Movilidad Social en México 2013. Imagina tu futuro. México: ceey

3.Heckman, J., y Kautz,T. (2013).“Fostering and Measuring Skills: Interventions that Improve Character and Cognition”. Working Paper 19656, NBER.

4. http://eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/1/preocupa-unicef-que-recorte-pegue-ninez

5.Cabe mencionar que a lo largo de todo el ciclo de vida se deben contemplar mecanismos de protección social. 

Roberto Vélez Director de Movilidad Social y Bienestar Socioeconómico del CEEY. Economista con estudios doctorales en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Sus áreas de investigación se concentran en movilidad social, desarrollo humano e historia antropométrica.