Esta ocasión considero importante abordar un tema que cada vez es más frecuente y puede tener implicaciones relevantes para nuestra joven democracia, en tanto tiende a la sobrecarga de demandas a uno de los poderes que conforman el Estado, esto por parte de los partidos políticos.
Puedes seguir al autor José Ojeda Bustamante: @ojedapepe
Me refiero a lo que se le conoce como la “judicialización de la política” y de manera específica, ya que el tema tiene diferentes aristas, a visibilizar que cada vez es más recurrente, el que los partidos políticos acudan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para dirimir conflictos internos que bien pudiesen ser abordados al interior de los mismos, a través de sus mecanismos y procesos internos.
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Los datos están a la vista: las estadísticas del TEPJF indican que, del primero de diciembre de 2020 al mes de abril del 2021, han ingresado cinco mil 942 asuntos al TEPJF; es decir, alrededor de 40 quejas al día; dos mil dos a la Sala Superior, mil 149 a la Sala de la Ciudad de México, mil 72 a la de Xalapa, 523 a la de Monterrey, 520 a la Sala Guadalajara, 496 a la de Toluca y 180 a la Sala Regional Especializada para que resuelva asuntos de fondo.
Cabe destacar que, de los cinco mil 942 asuntos de los últimos cinco meses del proceso electoral federal, casi el 50 por ciento están relacionados directamente con asuntos referentes a los partidos políticos y su vida interna.
¡Una cifra por demás impresionante!
De manera tal, que lo que en el sentido ideal debiese tratarse de una excepción, lamentablemente se ha vuelto norma. Excepción que se transforma a los ojos de la ciudadanía en decepción democrática.
Hay de fondo dos problemas comunes, que persiste en esta actitud de los partidos políticos, por apelar a que otra figura dirima o resuelva las indigencias propias, o los efectos de que ciertos caballos de Troya con nombre y apellido, dinamiten el fortalecimiento de sus propias estructuras partidistas.
Me refiero con esto al nivel de institucionalización, de sus propios sistemas internos de selección de candidatos y el respeto a las decisiones que emanen de éstos; es decir al proceso de madurez institucional como una tarea pendiente, necesaria y obligada, por ellos mismos, pero también por respeto a su militancia y a la civilidad democrática.
El segundo elemento al cual me gustaría hacer referencia, tiene que ver con aquellos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de los cuales los partidos políticos al igual que otras figuras como los sindicatos, muestran una cerrazón reiterada y un desdén naturalizado.
Mientras estos requisitos mínimos no se lleven a cabo y se institucionalicen de manera transparente y en un marco de rendición de cuentas, hacia los militantes y de frente a la ciudadanía en general, poco se confiará en estas figuras fundamentales de nuestra democracia.
Como mencionábamos en otras ocasiones, si no hay confianza en las instituciones, tampoco habrá la confianza en la transparencia de las decisiones.
¿Es sano que los procesos internos de los partidos políticos se diriman en la esfera de otro poder? No, no lo es. Es cómodo, eso sin lugar a dudas que sí.
Pero como el síndrome del avestruz quien esconde su cabeza bajo la tierra cuando está en peligro, sintiéndose así a salvo, a pesar de que su gran cuerpo permanece en la superficie visible para todos, así los partidos políticos no pueden negar el elefante que tienen en la sala al interior de sus propias instituciones.
Es preciso que los partidos políticos comprendan que nuevos vientos soplan en la vida democrática y que la solución no es esconderlos debajo de la cama o cubrirse los ojos y creer que no existen.
Flaco favor le hacen a la democracia si no maduran y fortalecen sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
De no actuar conforme al espíritu de los tiempos como mencionaba el florentino Nicolás Maquiavelo, corren el peligro de quedar petrificados en el pasado cual estatuas de sal.
Eso, no sería sano para nuestra democracia. Actuemos en consecuencia.
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