Por más que se quiera minimizar, el caso de la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, es mayúsculo. La palabra importa: para los vecinos, alrededor de 100,000 habitantes, no es un problema o un inconveniente cualquiera: es una crisis en toda regla, es la interrupción de la normalidad en la vida cotidiana por la falta de un bien esencial, que además pone en riesgo su salud.
Escrito por: Enrique Provencio D.
La gestión de esta crisis ha sido frustrante, pues los gobiernos y organismos públicos involucrados han sido incapaces de aportar explicaciones consistentes sobre su origen, de ofrecer un diagnóstico convincente sobre los riesgos que supone para la población, y de esclarecer cuándo se podrá utilizar el agua con plena certeza de que es potable.
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Casi tres semanas después de que se conocieron las primeras alertas, el 17 de abril, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) denunció ante la Fiscalía General de Justicia de CDMX la presencia de “algún tipo de contaminante presente en el agua potable que se extrae del pozo de agua potable denominado Alfonso XIII, ubicado en Cda. Franz Hals, colonia Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón”. Las itálicas son agregadas y necesarias, pues hay que subrayar que sigue sin especificarse cuál es el contaminante encontrado, más allá de afirmar que se trata de algún aceite.
La denuncia de SACMEX ante la Fiscalía sostiene que hay “hechos con apariencia del delito de sabotaje” y que se puede “presumir la realización de una conducta delictiva generada en contra de la prestación del servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable, trayendo como consecuencia el trastorno a la vida económica, política, social o cultural en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México”. A la Fiscalía se le pide que “designe a un perito oficial en materia ambiental, quien podrá determinar las condiciones del agua extraída del pozo”.
La deriva que tomó el problema es desconcertante, por decir lo menos. Luego de titubeos y tensiones, el caso se judicializó y se trasladó a la Fiscalía la tarea de dilucidar de qué se trata, de establecer cuál es la sustancia contaminante. Luego ya aparecerán posibles imputados por el entorpecimiento del servicio público de agua y por el trastorno vital para tantas personas.
¿Era necesario llegar a este punto, cuando desde los primeros días de abril urgía la información sobre la calidad del agua, y cuando el propio SACMEX tiene la capacidad y la obligación de realizar los análisis técnicos? Lo previsible es que la incertidumbre se prolongue junto con el proceso, y que la opacidad continúe, pues abierto el caso legal se aducirá que no se puede dar información para no entorpecer las investigaciones judiciales.
Puede ser un problema temporal, y ojalá se recupere pronto y en su totalidad el servicio para la población afectada en la alcaldía Benito Juárez, pero esta es una crisis que se encuentra dentro de otra más grave, que es la incertidumbre sobre la calidad del agua en el Valle de México, y, en realidad, de todo el país. En realidad, no sabemos a ciencia cierta ni hay información disponible para saber si el agua que sale de las tuberías en alguna colonia cumple realmente con los atributos que establecen las normas.
Si nos atenemos a los porcentajes declarados sobre la cloración del agua, no habría de qué preocuparse, pues el agua está clorada. Pero la población no percibe que su agua es realmente potable. Esto es lo que consistentemente nos viene diciendo la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que nos ofrece INEGI cada dos años. La más reciente entrega, publicada el pasado 20 de marzo y que tiene datos de 2023, muestra que en CDMX 20.2 de cada 100 personas declara que el agua es “bebible sin temor a enfermarse”. Este es el promedio, y en la zona Oriente de la ciudad, solo 13.2 de cada 100 considera lo mismo. Hay que decir que siguiendo esta encuesta de INEGI, CDMX registró una mejora, pues en 2021 en promedio apenas el 16.7 por ciento confiaba que podía tomar el agua sin riesgos para su salud.
Se dirá que esto es la percepción de la población, que no corresponde a datos duros, pero se trata de información que no ha sido cuestionada por los organismos operadores de agua, y que es consistente desde que inició la serie de información, en 2015. A escala nacional el indicador empeoró de 2021 a 2023, en contraste con indicadores de otros servicios que, según la ENCIG, mejoraron su calificación. Por su parte, el nivel de satisfacción general con los servicios de agua, en el 2019 estaban en 56%, y en 2023 en 51%. Si se ven otros aspectos, como suministro constante, y pureza y calidad, el panorama que tenemos a la vista es alarmante.
En estas semanas de campañas políticas, donde la regla es el señalamiento cruzado de responsabilidades, hay poca esperanza de que un tema como este sea considerado en serio, sobre todo cuando cualquier consideración se descalifica como contaminada por la politización. Como si todo tuviera que esperar a que terminen las campañas electorales, incluyendo las urgencias del agua, ahora judicializadas.
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La denuncia de SACMEX del 18 DE ABRIL 2024 ante la Fiscalía General de CDMX puede verse en: https://goo.su/WNVEqg
La ENCIG 2023, de INEGI, puede verse en: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2023/#documentacion
