En junio de 2016 entró en vigor en México un nuevo modelo de enjuiciamiento que ha sido catalogado como la reforma jurídica más importante de los últimos 100 años en nuestro país; sin duda, el nuevo Sistema de Justicia Penal ha constituido un esfuerzo inédito de transformación institucional que ha buscado transparentar y hacer más eficiente la procuración e impartición de justicia en un marco de protección y respeto pleno a los derechos humanos
Con esta transformación se buscó transitar de un modelo penal mixto a uno predominantemente acusatorio y oral lo que implica un cambio estructural en el sistema de justicia mexicano y con ello en las prácticas de los operadores jurídicos. De acuerdo con expertos como Angélica Cuellar, la oralidad ha modificado casi en su totalidad la forma en cómo los operadores conciben su quehacer en los juicios orales.
A dos años de haber entrado en vigor este nuevo sistema, queda mucho por hacer, sobre todo si se considera que persiste una profunda desconfianza de la población mexicana hacia el Estado y sus instituciones. Un ejemplo de dicha desconfianza se encuentra en la Encuesta Nacional de Justicia, 2015, levantada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual reveló que únicamente 8.9% de las personas entrevistadas consideraron que los juicios orales podrían mejorar la impartición de justicia en nuestro país.
Además, el sistema acusatorio y oral mexicano se ha enfrentado al reto de asegurar la infraestructura necesaria para la impartición de justicia y la capacitación constante de todas las personas responsables, el uso de la tecnología, entre otros. De acuerdo con las Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema de justicia penal en México del Inegi, para el año 2016 la mayoría de las entidades federativas presentaron un nivel alto de implementación de acciones encaminadas a la capacitación de los operadores. Destacaron Yucatán, Chihuahua y Nuevo León con los puntajes más altos, mientras que Veracruz y Michoacán fueron las entidades con el menor grado de implementación en el tema de capacitación.
En relación con la adecuación de la infraestructura para atender las necesidades del sistema de justicia penal mexicano, Inegi señala que solo Nuevo León, Guanajuato y Jalisco tuvieron un avance óptimo y que en el caso de las salas de oralidad penal se observan notables diferencias entre las entidades, pues mientras Chihuahua registró 3 salas por cada 100 mil habitantes, Chipas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala registraron una sala por cada 250 mil habitantes.
Sin duda, uno de los temas centrales de la cuestión social hoy es el relativo al acceso efectivo a la justicia; y por ello es necesario dar sentido de la urgencia de esta agenda en todos los ámbitos y los niveles de las instituciones públicas.
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