México es un país en el que la mayoría de las personas discrimina. El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) ha dimensionado, a través de las Encuestas Nacionales sobre Discriminación y otros estudios, que la prevalencia del rechazo a la diferencia se encuentra normalizada en prácticamente todos los espacios de la vida social en el país.
Sin duda, uno de los ámbitos en los que en mayor medida se expresan prácticas de intolerancia y violencia es el relativo a las preferencias e identidades sexogenéricas, ante el cual existen reiteradas y múltiples expresiones fóbicas, es decir, de incomprensión y rechazo que en no pocas ocasiones se traducen en actos de agresión y violencia que van desde lo verbal hasta crímenes inaceptables como el homicidio.
A nivel internacional existe un conjunto de buenas prácticas que han permitido reducir de manera relevante las manifestaciones y actos de racismo, discriminación y otras formas de intolerancia; estas prácticas coadyuvan al mejoramiento constante de marcos jurídicos que establecen sanciones en contra de quienes discriminan, pero, sobre todo, son medidas para promover una cultura de la paz, la tolerancia y la convivencia armónica entre las distintas formas de ser y vivir en el mundo.
En nuestro país la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de quienes forman parte de la comunidad LGBTTTI ha dado resultados importantes, pero el camino que falta por recorrer es todavía muy largo. Aun ahora, sólo en unas cuantas entidades de la República se han aprobado leyes o se han dictado sentencias de amparo que les permiten a personas del mismo sexo contraer matrimonio o establecer contratos civiles de vida en convivencia.
Siguen pendientes las reformas jurídicas, reglamentarias y normativas que permitan y faciliten el cambio de nombre de las personas de esta comunidad, cuando así lo desean, a fin de que se garantice plenamente su derecho a un nombre y a una identidad jurídica plena.
Por otro lado, se encuentra el tema del acceso a servicios médicos de calidad, especializados en la atención de las necesidades propias de quienes se someten a procesos de reasignación sexual, o bien a modificaciones anatómicas, pues no sólo se trata de cuestiones estéticas, sino de profundas agendas que van de problemáticas clínicas específicas hasta necesidades hormonales que requieren de la visión experta del personal de salud, sobre todo en el sector público.
Estamos ante el reto de construir una sociedad en la que todas las formas posibles de entender a la vida puedan coexistir sin el temor a ser reprimidas, rechazadas o excluidas de ningún espacio público o privado; y, dicho de manera particular, en la que tener una preferencia determinada, o asumir una identidad cualquiera, no sea motivo de cuestionamiento o agresión de parte de nadie.
En este contexto, tanto desde la academia como desde los medios de comunicación, tenemos el deber ético de contribuir a posicionar a la agenda de la diversidad y de la diferencia como uno de los ejes centrales en la construcción de un México cada vez más justo e incluyente de todas y todos.
Desde esta perspectiva, no podemos permitir que la ignorancia, los prejuicios o los estereotipos, determinen la posibilidad de fortalecer nuestras capacidades de convivencia y, sobre todo, que se asuman como argumentos o como elementos de justificación para limitar, restringir o definitivamente negar el ejercicio de los derechos humanos de quienes no son, piensan o actúan como la mayoría.•
