Junio 2015

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha promovido en nuestro país un debate documentado y serio respecto de los bajos niveles de movilidad social que caracterizan a nuestra sociedad. Su Director Ejecutivo, Enrique Cárdenas, propuso a México Social dedicar una de nuestras ediciones a este tema que, sin duda alguna, es de la mayor relevancia en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. En ese sentido, agradezco a Enrique Cárdenas y a Roberto Vélez la coordinación del diseño temático y de contenidos de esta edición.

La ausencia de movilidad social implica un déficit estructural de los mecanismos, tanto económicos, como políticos y sociales, de “ascenso” social con base en los méritos acumulados a lo largo de la vida. Es decir, a menor movilidad social, puede asumirse que existe una mayor concentración de la riqueza y del poder, pero también de poderosos mecanismos sociales de exclusión, sustentados en los estereotipos y la discriminación.

Para una familia mexicana, enviar a sus hijos e hijas a la escuela representa un dilema mayor, pues todos los estudios econométricos muestran que el retorno de ingresos, respecto de los costos que implica garantizar al menos la educación media superior para sus integrantes, no implica una “ganancia” lo suficientemente considerable como para valorar positivamente llevar a cabo el esfuerzo requerido.

En esa lógica, no existen ni los estímulos económicos ni sociales suficientes para promover un mayor esfuerzo individual o familiar para lograr que un mayor número de personas avancen en la “escala educativa”, pues el gran supuesto del siglo XX, relativo a que un nivel educativo relevante garantizaría acceso a empleos dignos se encuentra fracturado.

Esto es muestra de una segunda dimensión del problema la cual tiene un carácter estructural: la economía no crece lo suficiente para generar una oferta de empleos suficiente; pero además, cuando se ha llegado a crecer se ha carecido de los mecanismos adecuados para la distribución del ingreso, llevando a una dura concentración de la riqueza que nos sitúa como uno de los países más desiguales de América Latina.

Un tercer problema se encuentra en la desarticulación e insuficiencia de un sistema de protección social integral que dé acceso a la seguridad social universal e integral; es decir, un sistema que dé cobertura de servicios médicos de calidad, independientemente de la vinculación laboral de las personas; pero también un sistema que articule servicios y prestaciones sociales de calidad: vivienda digna, educación de calidad; servicios ambientales oportunos; servicios culturales adecuados; así como una vasta oferta de esparcimiento que promueva la cohesión social y la convivencia comunitaria.

Lo anterior es relevante porque, si algo se muestra en la discusión en torno a la movilidad social, es que se trata de una cuestión que va mucho más allá del esfuerzo individual. Hay que insistir en ello: hoy no basta con estudiar, cumplir la ley y trabajar honestamente para acceder a niveles dignos de bienestar.

Sin un sistema institucional capaz de garantizar para toda la sociedad el conjunto de derechos humanos reconocidos en el Artículo 1º Constitucional, será sumamente complicado abrir la posibilidad para la construcción de un sistema en el que los méritos individuales puedan engarzarse con estructuras institucionales de bienestar que permitan mejorar permanentemente la calidad de vida de las personas.

Una sociedad en la que sus integrantes están condenados desde su origen y ámbitos territoriales a vivir en la exclusión y la desigualdad, difícilmente podrá consolidarse como un Estado democrático de bienestar; y en eso versa la discusión que aquí se presenta: en cómo generar un México Social en el que, en un marco de libertades y derechos garantizados, el esfuerzo individual sea recompensado de manera proporcional y justa.