Pocos temas son tan urgentes y a la vez tan poco discutidos como la necesidad de fortalecer los ingresos públicos. Sabemos que la tributación está por debajo de lo que deberíamos pagar, que así como estamos y vamos no podemos ni podremos afrontar muchas urgencias sociales, ambientales y económicas, pero de un modo u otro nos las arreglamos para posponer las medidas necesarias para mejorar las capacidades hacendarias del Estado.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Por eso es muy valiosa la contribución que realizó hace unos días la Alianza por la Justicia Fiscal, que puso a debate una docena de propuestas agrupadas en tres grandes ámbitos: gravar mejor a los grupos de más altos ingresos, recaudar más a través de medidas que inhiban comportamientos que afecten al medio ambiente, y adoptar cambios para que el gasto público sea mas efectivo y transparente.
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El documento presentado por dicha Alianza el pasado 19 de marzo, lleva por título Hacia una reforma fiscal progresiva, y con la iniciativa se pretende activar una deliberación pública que se traduzca en cambios legislativos para superar la precariedad y la debilidad que caracterizan nuestra hacienda pública, lo que se traduce en insuficiencias notorias para atender nuestras necesidades de servicios sociales, infraestructura, protección ambiental y aplicación de la justicia y otras.
Las previsiones para los próximos años son claras, y están en los documentos que recibe la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda: entre 2024 y 2029 se espera que los ingresos públicos tributarios se mantengan constantes como proporción del producto nacional, mientras que los fondos realmente disponibles para cubrir los programas presupuestarios serán incluso menores que los de 2023 (también como proporción del producto).
Lo anterior significa, ni más ni menos, que no seremos capaces de hacer efectivos los derechos sociales, y que tampoco podremos elevar la inversión pública ni modernizar la que ya tenemos. La capacidad de gasto del Gobierno Federal incluso podría crecer menos de lo que aumente la economía, pero la población seguirá al alza, la crisis ambiental exigirá nuevas respuestas que implican erogaciones adicionales, y, en pocas palabras, al terminar la presente década se habrá intensificado nuestra histórica insuficiencia hacendaria.
La alianza está integrada por organizaciones sociales o de estudio, como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, México Evalúa y OXFAM México, además de la Fundación Ebert y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Ya en 2021 estos y otros grupos participaron en el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, convocado por la Cámara de Diputados, que entregó un documento con propuestas que no se tomaron en cuenta.
Todos los indicadores comparativos con el resto del mundo muestran nuestro rezago en esta materia. A veces se dice que no es válido comparar a México con los grupos de países, por ejemplo los de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cuya recaudación alcanza el 34 por ciento del producto en promedio, el doble del que aquí tenemos. Sabemos que la comparación es desfavorable incluso ante otras naciones de América Latina. Se aduce que en nuestro país las cosas son distintas, que la informalidad no permite elevar la captación tributaria, que las tasas impositivas ya son suficientemente altas y que la competitividad se vería afectada ante los socios comerciales si se aumenta la carga fiscal.
Estas y otras repuestas deben ser atendidas, pero a menudo expresan una resistencia a discutir a fondo la reforma hacendaria, como si nos caracterizara una especie de excepcionalidad fiscal que nos hace diferentes al resto del mundo. Hasta ahora no hay país desarrollado que no tenga una recaudación mayor a 30 puntos porcentuales de su producto, y, si acaso hay alguno, es porque sus sistemas de seguridad social son privados o porque se los permite la condición de paraísos fiscales.
También se dice a menudo que no es posible una reforma tributaria si antes no se ordena el presupuesto, y que hay una parte considerable de la sociedad que no está dispuesta a pagar más si no recibe buenos servicios urbanos, de seguridad pública, salud, educación y otros. Si duda esta es una de las razones que generan resistencias a las propuestas de reforma fiscal. Por esta razón, el documento de la Alianza por la Justicia Fiscal incluye propuestas para que el presupuesto público sea transparente y mejor evaluado, para evitar las discrecionalidades en las decisiones de gasto, y para que los programas sean más eficaces en la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Son muchos los aspectos a discutir en un tema tan complejo y sensible como una reforma hacendaria, y por eso se requiere una deliberación pública y abierta al respecto, en la que intervengan también las entidades federativas y los municipios, pues parte de lo que está a debate es nuestro esquema de federalismo fiscal. Lo que propone la Alianza para la Justicia Fiscal es una contribución para activar y alimentar esta discusión. Las propuestas detalladas del documento Hacia una reforma fiscal progresiva puede verse en https://alianzajusticiafiscal.mx/wp-content/uploads/2024/03/Agenda-y-Propuestas-AJF.pdf
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