Justicia para la gente y el planeta

Greenpeace International ha establecido diez principios que son considerados por la organización como fundamentales para detener los delitos ambientales y las violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones

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El documento fue publicado poco antes de que iniciara el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos en donde activistas de Greenpeace erigieron una estatua de 6 metros representado a la justicia.

En dicho reporte se hace un llamado a todos los gobiernos para el establecimiento de reglas que sean globalmente vinculantes en materia de responsabilidad corporativa; el documento señala que en muchas ocasiones son los gobiernos los que trasgreden estas reglas (ya sea de manera voluntaria o involuntaria) al otorgar impunidad a empresas transnacionales. Cabe señalar que en el reporte se hace mención a 20 empresas que estarían presentes, como patrocinadores oficiales, en el FEM en Davos.

Greenpeace destaca que los casos que se incluyen en Justicia para la gente y el planeta evidencian la manera en que las empresas han cometido abusos respecto de “la legislación mercantil, fiscal y de inversión y las lagunas en el derecho internacional” [1] con el propósito de actuar a expensas del medio ambiente y de los derechos humanos.

Los diez principios que propone la organización se enumeran a continuación:

1. “Las personas y el medio ambiente, no las empresas, han de estar en el centro de la gobernanza y la vida pública.
2. La participación pública debería ser inherente a toda formulación de políticas.
3. Los Estados deberían abandonar las políticas que afectan al medio ambiente y a los derechos humanos.
4. Las corporaciones deberían estar sometidas a reglas vinculantes tanto donde están basadas como donde operan.
5. Los Estados deberían exigir informes de diligencia debida y responsabilidades de principio a fin por productos y servicios de las empresas.
6. Los Estados deberían apoyar que se haga esto prohibiendo a las corporaciones que realicen actividades en el extranjero que están prohibidas en su país de origen por motivos de riesgos al medio ambiente o a los derechos humanos.
7. Los Estados deberían formular políticas que proporcionen transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que tengan un impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos, inclusive en regímenes de comercio, impuestos, finanzas e inversión.
8. Las empresas y aquellas personas que las dirigen deberían ser responsables de las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos en su país o en el extranjero por compañías bajo su control.
9. A las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales se les debería garantizar su derecho a un acceso efectivo a compensación, cuando sea necesario, incluso en los países de origen de las empresas.
10. Los Estados han de hacer cumplir de verdad los marcos normativos y políticos que crean”[2].

Con información de: www.greenpeace.org

[1] Justicia para la Gente y el Planeta. Greenpeace. 2018.Disponible en: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2617486/Greenpeace/Desarrollador%20CMA/Responsabilidad%20Corp/RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf?t=1516309748807

[2] Ídem.