Uno de los mayores retos que se tienen en nuestro país se encuentra en la construcción de un sistema universal de seguridad social, del cual, un nuevo y más justo esquema de jubilación es uno de los componentes centrales; ahora mismo se encuentra en discusión en el Congreso la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en la materia, la cual, siendo relevante, se queda aún corta respecto de lo que nuestro país necesita.
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En efecto, en el marco del 13º Diálogo Nacional por un México Social, realizado la semana pasada por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (www.pued.unam.mx), en varias mesas se discutió precisamente cómo avanzar hacia un nuevo sistema, que dé cobertura universal y que al mismo tiempo, avance hacia su desvinculación de la situación laboral de las personas.
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De acuerdo con Santiago Levy, con base en lo que ya tenemos, el costo de un nuevo sistema que permita ´homologar en un solo sistema la cobertura en salud, costaría alrededor de 1.7% del PIB, es decir, no es un monto que el Estado mexicano no pueda absorber, y que podría cubrirse bajo un nuevo esquema de impuestos generales.
De acuerdo con los análisis de Levy, entre 2019 y 2024 habrá 750 mil cotizantes del IMSS que se pensionarán, pero sin tener derecho literalmente a nada; entre el 2025 y el 2030 la suma crecerá a un millón de personas más en el retiro sin una pensión mínima; mientras que entre los años 2031 y 2035 se sumarán 1,450,000 personas más en la misma situación.
La iniciativa del Ejecutivo Federal, tal como está planteada, no resuelve esta problemática, pero tampoco incorpora elementos de suma trascendencia, como lo es la igualdad entre mujeres y hombres, omitiendo los mandatos que hay en materia de igualdad sustantiva tanto en el Artículo 4º de la Carta Magna como en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ante este escenario, ha habido propuestas para construir una iniciativa mucho más robusta, pero esto implica un profundo proceso de diálogo con la iniciativa privada, pero también con las organizaciones sindicales a fin de incrementar las cuotas que se pagan a la seguridad social en al menos el 15%, de manera progresiva, en los próximos ocho años. Se ha planteado igual, de manera realista, bajar la cuota mínima de semanas cotizadas de 1,250 que se exigen actualmente, a 750 semanas de cotización.
Lo anterior tiene un mayor sentido si se considera sobre todo lo que tanto Norma Samaniego como Berenice Ramírez han señalado respecto de la fractura del mundo del trabajo y su precarización, y la realidad nacional relativa a que la mayoría de las y los trabajadores enfrentan un mercado laboral en el que tienen múltiples entradas y salidas, y las cuales no les permiten alcanzar las semanas que se requieren para obtener una pensión.
Para conseguir todo lo anterior, Mario Luis Fuentes precisa que se requiere de una democracia mucho más robusta, que permita alcanzar pactos y acuerdos de gran calado para construir un auténtico México Social. Sin democracia no hay desarrollo posible, ni tampoco la consolidación, por primera vez en nuestra historia de un Estado de Bienestar cimentado no sólo en instituciones de protección social, sino de una nueva arquitectura de gobierno que permita generar nuevos pactos por la igualdad.
Una de las mayores lecciones que se pueden extraer del Diálogo por un México Social, es que no podemos continuar por la misma ruta; que debemos generar una nueva lógica de desarrollo con el propósito explícito de igualar a la sociedad y cerrar brechas, reconociendo, como lo ha señalado reiteradamente Mario Luis Fuentes, reconociendo que enfrentamos tres grandes crisis: la económica, la de las violencias, y la de la salud y la muerte evitable.
Hoy estamos ante una ventana de oportunidad inédita, de comenzar a construir una nueva democracia social, y que bien podría tener como uno de sus primeros pilares un sistema de pensiones más justo y que posibilite una vejez digna para todas y todos.
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Investigador del PUED-UNAM
