Justicia: un bien social sin garantías

por Mario Luis Fuentes

En México sólo se denuncian 10 de cada 100 delitos que se cometen. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (2014), el 67% de la ciudadanía cree que los jueces practican la corrupción; mientras que el 57% dice confiar poco o nada en las y los juzgadores. En niveles similares se encuentran la PGR y las Procuradurías Estatales; una cuestión que es mayor, porque si algo nos urge es transitar hacia un país de derechos humanos y de justicia

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La confianza de las personas en las instituciones de procuración e impartición de justicia está erosionada. Muy pocos ciudadanos tienen una expectativa respecto de que las condiciones de inseguridad que privan en el país van a mejorar en el corto plazo; y muy pocos también son quienes tienen algún grado de confianza respecto de que la corrupción no está presente en las principales instituciones de seguridad y justicia del país.

Los datos que se tienen en la materia son además de preocupantes, desalentadores, pues muestran una extendida violencia, que está generando millones de víctimas del delito cada año; quienes en medio de las condiciones de injusticia prevalecientes, prefieren no tener ningún contacto con la autoridad; amén de quienes, como se ha demostrado en múltiples estudios y documentos, han vivido terribles procesos de violación de sus derechos humanos de parte de las autoridades judiciales.

La consolidación de la democracia en nuestro país tiene en el acceso a la justicia y la plena vigencia del Estado de derecho uno de sus mayores lastres; por lo que a partir de la entrada en vigor del Código Penal Único; de la transformación que está en puerta de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la Nación; además de la urgente implementación del nuevo sistema de justicia penal a través de los juicios orales; será necesario que la ciudadanía supervise y lleve a cabo un monitoreo constante en torno a la garantía plena de los derechos humanos que debe darse a partir de estas modificaciones sustantivas.

La cifra negra se mantiene

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra en el país sigue siendo muy alta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito (ENVIPE), en el año 2013 sólo el 9.9% de los delitos que fueron declarados por la ciudadanía fueron denunciados ante la autoridad; es decir, 90 de cada 100 nunca fueron atendidos por ninguna de las autoridades con la competencia para hacerlo.

Los datos del propio Instituto muestran que hay cinco entidades en las que se tiene un indicador por debajo de la media; éstas son: Guerrero, en donde únicamente el 4.5% de los delitos son denunciados; el Estado de México, con un indicador en el 2013 de 6.4%; San Luis Potosí con 8.8%; Oaxaca con 8.6% y; Guanajuato, con un 9.7%.

A lo anterior debe agregarse el hecho de que sólo en dos de cada tres delitos que se cometen se inicia una averiguación previa; en efecto, a nivel nacional el promedio es de 62.7%; sin embargo, hay entidades en donde el porcentaje es mucho más bajo. Tamaulipas es la entidad en donde menor porcentaje de averiguaciones previas se iniciaron, respecto del total de los delitos denunciados en el 2013, con un 47.8%; en segundo lugar aparece Veracruz con un 47.8%; le sigue Zacatecas con un 53%; Querétaro con un 53.2%; mientras que en Oaxaca se llega a únicamente el 53.8%.

La desconfianza crece

De acuerdo con el INEGI, en el 2013 hubo un 73.3% de la ciudadanía que manifestó sentirse insegura en las entidades de la República en que habitan. Sin embargo, hay estados en donde, el indicador es todavía mayor. En primer lugar se encuentra el Estado de México, con un 92.6% de las personas que en el año señalado, manifestaron sentirse inseguras.

En segundo lugar en esa lista se encuentra el estado de Morelos, en donde un 89% de sus habitantes manifiesta sentirse inseguros. Le sigue en ese orden el estado de Tabasco, con un porcentaje de 86.1%; en cuarto sitio se encuentra Tamaulipas con un 83.9%; Michoacán, con un 82%; Veracruz con un 80.7/ y casi en el mismo nivel, Zacatecas con un 80.3%.

En consecuencia, la ciudadanía no les cree nada a las autoridades. De acuerdo con la ENVIPE, 2013, el 57% de las personas encuestadas declara que confía poco o nada en la Procuraduría General de la República; mientras que el 50% confía poco o nada en los jueces en todos los niveles y ámbitos.

Lo anterior implica que la mitad de la población nacional desconfía de las principales instancias de procuración e impartición de justicia; lo cual tiene correspondencia con el hecho de que el 65% de la población piensa que entre los jueces y entre los agentes del ministerio público y las procuradurías de justicia se da la corrupción de manera frecuente; mientras que un 57% piensa que lo mismo ocurre con la PGR.

Si dos de cada tres personas están convencidos de que hay corrupción en cada uno de los juzgados del país, la pregunta obligada es ¿por qué no se ha llevado a cabo la reforma que a todas luces es urgente en el Poder Judicial para erradicar la corrupción y generar una nueva lógica de confianza y relación con la ciudadanía?

Los presuntos culpables

Uno de los principios que más se pisotea en el país es el relativo a la presunción de inocencia, el cual obligaría a invertir la manera en cómo se llevan a cabo los juicios en México; y esto tiene qué ver mucho más que con el nuevo esquema de juicios orales.

Se trata de un asunto mayor en el que toda persona, según lo establecido por la Constitución y los Tratados internacionales, cuando se encuentra en conflicto con la ley, debe ser siempre tratada “como si fuese inocente”. Esto no ocurre así, y dados los niveles de corrupción que existen en los MP y en los juzgados, todos los días se dan casos de violaciones graves a los derechos humanos por la violación de tal principio.

Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011-2013 son reveladores al respecto, pues en el 2012 se presentaron, por primera vez, casos de lo que se denomina como “Reconocimiento de inocencia” en el ámbito de la Justicia Federal.

La cuestión es, con base en los mecanismos con que hoy contamos, cuántos casos más de abusos policiacos, violaciones al debido proceso, y condenas injustas se han presentado en los últimos años y que hoy tienen muy probablemente a cientos o quizá miles de personas en la cárcel compurgando penas que no merecen.

Comentario final: un poder dominado por hombres

Uno de los temas en los que el Poder Judicial se encuentra estancado es en la democratización de sus estructuras y en la garantía de la equidad de género, expresada en la paridad de mujeres y hombres en los altos cargos de ese Poder del Estado. Una cuestión fundamental en un país en el que es claro que no se juzga con perspectiva de género.

Para muestra basta citar el siguiente párrafo extraído del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2011-2013: “de los ministros, magistrados y consejeros que integraron los plenos del PJF durante 2012, su distribución por sexo fue de 82 por ciento hombres y 18 por ciento mujeres en la SCJN (ministros); 86 por ciento hombres y 14 por ciento mujeres en el TEPJF (magistrados de Sala Superior) y 100 por ciento hombres en el CJF (consejeros)”.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 14- Abril- 2015, p.22

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