Si por abatir se entiende el significado dado por el Diccionario de la Lengua Española: “derribar algo, derrocarlo, echarlo por tierra”; entonces puede afirmarse que el gobierno de la auto llamada Cuarta Transformación (4T) no logrará abatir a la pobreza en México. Peor aún, ni siquiera establecerá las bases para lograrlo en el mediano y largo plazo.
Escrito por: Saúl Arellano
Lo anterior obedece a un amplio conjunto de factores. Pero entre ellos, hay tres que no fueron abordados de la forma correcta ni tampoco oportuna. Esto provocará que en el periodo 2018-2024, en el mejor de los casos, se tendrán mejorías marginales y en sentido estricto, irrelevantes para modificar las condiciones estructurales que llevan a las personas a estar en situación de pobreza, sea cual sea la medida que se utilice para estimar su proporción y número.
Así, la primera de las problemáticas no atendidas por el actual gobierno de la República fue definir una estrategia importante para reducir la desigualdad económica en México. Modificar las estructuras de desigualdad implicaría modificar las estructuras del poder. Y esta administración decidió proteger a los más ricos por dos vías: la primera, mantener los niveles de contratos públicos que se les asignan en todos los sectores; y la segunda, evitar a toda costa una reforma fiscal integral que garantizara una estructura progresiva en el cobro de los impuestos.
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De la distribución de contratos, basta con observar lo que ocurre en el ámbito de la construcción, pues las empresas más importantes, si bien no fueron beneficiadas con las obras faraónicas emprendidas por esta administración, han continuado recibiendo contratos enormes, como la dispersión de los recursos de los programas sociales, carreteras, puertos, hospitales, adquisición de servicios y materiales, etc.
Lo segundo, que es lo estructuralmente más relevante, implica mantener la estructura de desigualdad más dura que hay en el país. Y es que a pesar el éxito que tuvo esta administración cobrando adeudos de grandes contribuyentes, así como eliminando la mayoría de las excenciones (que no es cosa menor y eso debe reconocerse), en el fondo la cuestión era ampliar la base de contribuyentes, y no ejercer mecanismos de terrorismo fiscal como los vigentes en contra de los medianos y pequeños comercios y empresas.
¿Por qué el gobierno del presidente López Obrador no quiso afectar a los súper ricos?, es una de las tantas cuestiones que pasarán a la historia como inexplicables en un gobierno que se autodefine como progresista.
El segundo factor es el relativo a la ortodoxia neoliberal de las políticas económicas y de ejercicio presupuestal que tiene esta administración. Por ejemplo, frente a la pandemia, aún cuando había margen fiscal suficiente, decidió aplicar las más duras consignas del Consenso de Washington de los años 80 en el siglo XX: auteridad, no contratación de deuda pública y défici fiscal cero. Esas medidas llevaron a la muerte a cientos de miles de negocios del país (véase la estadística de la demografía de lo negocios del INEGI), pero sobre todo, a carecer de lo necesario para reactivar la dinámica de la economía mediante medidas contra cíclicas.
Otro de los ejemplos de las políticas neoliberales que afanosamente implementa este gobierno es el reparto indiscriminado de dinero, vía transferencias de ingresos, las cuales, si bien evitan que las personas mueran de hambre o carezcan de lo mínimo para la supervivencia, jamás han sido una estrategia exitosa en la erradicación de la pobreza.
Lo anterior tiene relación directa con el inmenso yerro cometido al identificar las prioridades sociales; pues erradicar la pobreza, comienza por erradicar el hambre (uno de sus más duros y crueles componentes), así como por erradicar los determinantes sociales de las enfermedades en exceso evitables, emblemáticamente las infecto-contagiosas, que a su vez, determinan los impresentables niveles de mortalidad infantil que persisten en el país.
Finalmente, el tercer factor que impedirá que la 4t tenga éxito en el abatimiento de la pobreza se encuentra en su incapacidad de diseñar nuevas estrategias de crecimiento económico y con ello, generación de empleo digno. En ese rubro ha tenido un acierto que debe subrayarse y que consiste en la elevación sustantiva del salario mínimo.
Sin embargo, esa medida no puede extenderse por siempre, pues su límite viene dado por la propia estructura y dinámica del crecimiento económico. Y en un contexto de una inflación creciente, el impacto que está teniendo en el poder adquisitivo erosiona aceleradamente los beneficios alcanzados en los últimos dos años.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que el porcentaje de personas con ingresos por arriba de cinco salarios mínimos ha llegado a su nivel mínimo histórico, mientras que la proporción de quienes no perciben ingresos y que ganan por debajo de los dos salarios mínimos también ha llegado a niveles récord, amén de que la reducción de la informalidad no se ha dado, y que el acceso a prestaciones médicas vinculadas al trabajo formal también ha tenido una de las más duras caídas desde que se tienen mediciones al respecto.
La meta comprometida por el país para el año 2030 es nada menos que la erradicaicón de la pobreza ne todas sus formas. Pero para lograrlo esta administración tendría que haber sacado de la pobreza al menos a 22.8 millones de personas de esa condición al cerrar el 2024; y eso, por más que s euse demagogia y propaganda, simplemente no habrá de ocurrir.
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Investigador del PUED-UNAM
