por Alejandra Naser (@AlejandraNaser) / Álvaro Ramírez (@redmatriz)
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) (I) es una iniciativa multilateral voluntaria que fue lanzada en septiembre de 2011 para proveer una plataforma internacional para reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos (OGP, 2015).
Para ser miembros de AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo en cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento a la iniciativa: a) suscribir la Declaración de Principios sobre Gobierno Abierto y aprobarla al más alto nivel; b) asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de acción nacional que se extiende más allá de las prácticas actuales en desarrollo y que debe ser llevado a cabo a través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil; c) comprometerse a un informe de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes sobre el progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan de acción; y d) contribuir a la promoción del gobierno abierto en otro países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros.
En este contexto, el eje central y el centro neurálgico de esta iniciativa es la formulación (co-creación) e implementación de un plan nacional de gobierno abierto cuyo elemento esencial es que el proceso de diseño, consulta y posterior monitoreo y evaluación del mismo sea de carácter participativo. Estos planes de acción nacionales incluyen compromisos para promover la transparencia y rendición de cuentas, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. En tal sentido, desde la Alianza se releva la importancia de la planificación como proceso que permite concretar una hoja de ruta nacional, establecer propósitos claros y realizables, articular esfuerzos y recursos de diversos actores (más allá del sector público) al configurar compromisos en clave participativa, y en definitiva, facilitar un espacio de trabajo que da cuenta de un nuevo enfoque donde los mismos principios de gobierno abierto van sustentando las prácticas y el proceso de hacerlo posible, generando complicidades y dando viabilidad al desarrollo y cumplimiento de las iniciativas, inclusive más allá del mero ejercicio de co-creación del plan (por el énfasis en que las acciones de monitoreo y evaluación de los resultados de la implementación del plan de acción también se realizan en conjunto con representantes de la sociedad civil).
Por otro lado, la misma Alianza promueve el trabajo en clave colaborativa no solo en lo referente a la creación, desarrollo e implementación de los planes de acción nacionales, sino también a través de sugerir la institucionalización de un mecanismo de diálogo y cooperación permanente entre gobierno y sociedad civil (OGP, 2015). En este sentido, se plantea que una verdadera alianza entre gobierno y sociedad civil a nivel nacional es la piedra angular de la AGA, y es por ello que la participación ciudadana es un elemento esencial, tanto en los procesos como en los resultados a impacto de los compromisos suscritos.
En términos generales, e incorporando los compromisos del plan de acción de Trinidad y Tobago, el mayor incremento se focaliza en materia de mejoramiento de servicios públicos, ya que 10 de los 13 compromisos se orientan a atender dicho eje/reto en materias tales como: certificar la calidad de servicio de las agencias públicas y generar un índice para medir y evaluar dicho elemento desde la perspectiva de los ciudadanos; desarrollar capacidades estratégicas en materia de recursos humanos en el sector público; mejorar el acceso y la facilitación de trámites; adoptar una política sobre estándares de datos y marcos de clasificación, y aumentar el número de conjuntos de datos gubernamentales de acceso público en formatos abiertos; y crear un portal de gobierno abierto de fácil acceso, con una plataforma / repositorio de datos abiertos, así como una interfaz para permitir la retroalimentación del público.
Sobre este detalle general, obtenemos una visión panorámica de carácter agregado acerca de la agenda regional de gobierno abierto, definida a partir de los compromisos presentes en los primeros planes de acción de los 15 países latinoamericanos miembros de la AGA, donde se destacan: 178 compromisos en materia de integridad pública (52.19%); 85 compromisos en el ámbito del mejoramiento de los servicios públicos (24.92%); 63 iniciativas en materia de gestión efectiva de recursos públicos (18.47%); 14 compromisos en lo relativo a incremento de la responsabilidad corporativa (4.10%); y un compromiso en creación de comunidades más seguras (equivalente al 0.29%).
Parte de los avances más interesantes y significativos en la región, radican en la promulgación y entrada en vigencia de leyes de acceso a información pública en los últimos cuatro años. Si bien este fenómeno dice relación directa con el resultado de un proceso histórico de trabajo, donde las organizaciones de la sociedad civil, entidades internacionales y otros actores relevantes han sido fundamentales para tal efecto, en los casos de la región la adscripción a la AGA ha resultado ser un eje que ha permitido apalancar y dar mayor fuerza a concretar esta demanda ciudadana. En la región, los casos de Brasil, Colombia, y recientemente Paraguay, son un claro ejemplo de ello.
En este contexto, los datos abiertos son un catalizador para las iniciativas presentes en los planes de acción en la región. La “Apertura de Datos” u “Open Data” ha sido una verdadera revolución en materia de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Esta revolución ha generado un nuevo paradigma a través del cual el Estado ya no se encarga de generar todas las aplicaciones necesarias para los ciudadanos, sino que, por el contrario, es la sociedad misma quien las genera para sacar un mayor provecho a los datos que el Estado deja a su disposición (VI).
De acuerdo con la organización sin fines de lucro Open Knowledge Foundation (OKFN): “los datos abiertos (open data) son datos que pueden ser libremente utilizados, reusados y redistribuidos por cualquier persona”. Consiste en la publicación y difusión de información en la Internet, compartida en formatos abiertos, en formato electrónico, y que puede ser reutilizada libremente de forma automatizada por la sociedad.
La Alianza para el Gobierno Abierto ha hecho un análisis de las cinco áreas más presentes en las cuales se enmarcan los compromisos de los planes de acción de los 65 países de todo el mundo. De los 2,000 compromisos, 242 de ellos corresponden a acciones o actividades orientadas a los datos abiertos, de los cuales 139 corresponden a iniciativas de datos abiertos en los planes de los países de la Región.
Un requisito importante para el lanzamiento de una iniciativa de esta naturaleza es, en primer lugar, la voluntad política de disponer de una Ley que permita y regule la reutilización de la información del sector público y, en segundo lugar, contar con una infraestructura tecnológica que permita la interoperabilidad entre las agencias; ello hace más valiosos los datos y más fácil derivar en nuevos usos. Sin embargo, compartir datos requiere en muchos casos del uso de estándares. La inversión en una plataforma de interoperabilidad produce beneficios para la gestión del propio gobierno como lo muestra un estudio de Microsoft; disminuyen los tiempos de transacción haciendo que el gobierno sea más eficiente en entregar servicios a los ciudadanos, lo que, en definitiva, tiene un impacto en el Producto Interno de los países como lo muestra el mencionado estudio. Adicionalmente, hay otros beneficios al hacer interoperables los sistemas de gobierno, por ejemplo, la mejor calidad de los datos, la mayor oportunidad en la entrega de la información al agilizarse el proceso y, finalmente, beneficios no tangibles, como ganar una mayor confianza de los ciudadanos en sus instituciones (VII).
Hoy en día podemos apreciar portales de datos abiertos que cuentan con una gran cantidad de conjuntos de datos (datasets) de diferentes áreas e instituciones de gobierno. Asimismo, en estos portales se muestran aplicaciones realizadas con estos datos generando valor público, privado, social y cívico. Países como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay son ejemplos de los primeros países que desarrollaron portales nacionales de datos abiertos de gobierno.
La utilización de los datos abiertos permite motivar a los tomadores de decisión de los gobiernos acerca de los enormes cambios que este nuevo paradigma trae consigo para el ciudadano, y dar a conocer los grandes desafíos que esta nueva ola está comenzando a tener en los países de la región, que rompe con la trayectoria que hasta ahora llevaba la evolución del denominado gobierno electrónico o gobierno digital ampliando su alcance más allá de la mera simplificación de trámites, mejora de servicios y de la mayor transparencia de información para lograr satisfacer las necesidades de una ciudadanía más activa y vigilante.
Notas y referencias:
I. http://www.opengovpartnership.org/es
II. Ramírez-Alujas, Álvaro y Nicolás Dassen (2014). “Vientos de cambio: El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe”, Nota Técnica Nº IDB-TN-629, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Disponible en: http://bit.ly/1e4kYTl
III. Los países miembros de la AGA en la región son actualmente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
IV. Particularmente, el primer plan de acción de Trinidad y Tobago (con un total de 13 compromisos) publicado en septiembre de 2014, se desglosa en 10 compromisos en el ámbito de mejoramiento de servicios públicos, 1 en incremento de la integridad pública y 2 en materia de fortalecimiento de la responsabilidad corporativa. Dichos compromisos fueron agrupados en 4 áreas temáticas: mejora de la función pública (5 compromisos); acceso a información (4 compromisos); gobernanza (1 compromiso) y gobernanza de los recursos nacionales (3 compromisos).
V. Corresponde a los casos de Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
VI. Naser, Alejandra y Álvaro Ramírez- Alujas (2014). “Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región”, LC/L.3802, Serie Manuales ILPES/ SEPAL Nº 81, 70 pp. Disponible en: http://bit.ly/1C3Zl6G
VII. “Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región”; Serie de Gestión Pública de la CEPAL Nº 74. Marzo 2012.
| Alejandra Naser Experta en tecnologías de información, gobierno digital y gobierno abierto en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) en CEPAL, Naciones Unidas. Ingeniero Civil Informático y Máster en Tecnologías de la Información. alejandra.naser@cepal.org @AlejandraNaser Álvaro Ramírez Fundador e investigador principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) en Madrid. Es consultor del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) en CEPAL, Naciones Unidas y profesor adjunto en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión y Políticas Públicas y Administrador Público, Universidad de Chile. alvaro.ramirez@cepal.org @redmatriz |
