En México, las mujeres representan al 51.3% de la población nacional; es decir, de las casi 125 millones de personas que habitan nuestro país, 63.9 millones son mujeres. Muchas de ellas siguen enfrentando contextos de enorme vulnerabilidad marcados por la violencia, la discriminación y la desigualdad por razones de género.
La falta de dinamismo económico que registra nuestro país se expresa también en una reducción importante de su participación en el PIB mundial, pues mientras que en 1990 ésta fue de 2.7%, en 2013 aportó el 2.1% de éste, y para 2017 su contribución dentro del PIB mundial fue de únicamente 1.4%.
En efecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016, 66 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida. Al respecto, cabe destacar que el incremento de esta violencia en los últimos años ha generado como consecuencia un mayor número de casos de homicidios de mujeres.
Los datos del Inegi muestran que entre los años 2012 y 2017 fueron cometidos 16 mil 446 homicidios en los cuales las víctimas eran mujeres. Esta cifra implica un promedio anual de dos mil 741 casos, o bien, prácticamente un caso cada tres horas. Tan solo en 2017, el último para el cual el instituto dispone de información, fueron cometidos tres mil 430 homicidios de mujeres, una cifra 22% superior a la registrada el año 2016.
Asimismo, la Enadis, 2017, reveló que 29.5% de las mujeres mayores de 18 años declaran haber sido discriminadas debido a su sexo, cifra que contrasta con el 5.4% de los hombres que así lo declaró.
Es importante decir que para crecer más no bastará con la inversión productiva del Estado; se requiere, sobre todo, de la inversión privada, tanto nacional como inversión extranjera directa, a fin de construir una nueva política industrial que sea sostenible y que permita detonar procesos sostenidos de crecimiento en el mediano y largo plazo. Además, se debe avanzarse hacia una política impositiva progresiva, y a la par debe revisarse el pacto fiscal y diseñarse una nueva estrategia de distribución equitativa de la riqueza; es decir, construir los instrumentos para darle cause a la propuesta de la CEPAL de crecer para igualar, e igualar para crecer.
A lo anterior, deben sumarse las brechas que persisten entre mujeres y hombres, particularmente en el acceso al mercado de trabajo, pues nuestro país continúa registrando una de las tasas de participación laboral femenina más bajas entre los países que integran la OCDE. Además, entre las mujeres que trabajan, muchas lo hacen en empleos informales con escaza protección social y bajos salarios.
Sin duda, el Día Internacional de la Mujer constituye una valiosa oportunidad para que el actual gobierno federal reflexione y se pronuncie en torno a los múltiples retos que aún enfrenta el Estado mexicano para garantizar el acceso pleno a las mujeres de sus derechos y transformar las condiciones estructurales de desigualdad e inequidad que aún persisten.
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