Agradezco la invitación de las instituciones organizadores de este decimoséptimo diálogo por un México Social para participar en este panel sobre riesgos sociales y desarrollo.
Escrito por: Clara Jusidman
Considero que lo ocurrido particularmente durante los últimos dos meses y medio tanto en el país, como en Estados Unidos y en el mundo refuerza las tendencias que han ido socavando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que, con avance y retroceso, se fueron consolidando en los últimos 80 años: democracias liberales, en estados nación fundados en pactos sociales, organizaciones y acuerdos internacionales de los gobiernos nacionales, fin del capitalismo industrial y predominio del capitalismo financiero y extractivista y aumento de empresas globales legales e ilegales.
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Surge asimismo una interrogante sobre el futuro y sobre el significado del desarrollo, así como respecto de los agentes que intervendrán en el mismo, si antes no ocurre una catástrofe mundial generada por factores naturales o antropogénicos.
Posiblemente el lastre más grande que nos deja la época que está por terminar es la persistencia y profundización de los niveles de desigualdad en acceso a condiciones dignas y seguras de vida para miles de millones de personas.
La pobreza extrema sigue cercenando la esperanza de vida de millones de seres humanos mientras el 1.5% de la población adulta, 58 millones de personas, posee el 47.5% de la riqueza mundial[1]
En las últimas décadas se han hecho evidentes otras desigualdades en materia de oportunidades y de trato que afectan a las mujeres, a las personas afrodescendientes, a los pueblos originarios, a las minorías étnicas y religiosas, a las poblaciones migrantes y de la diversidad sexual y a las personas con discapacidad. El reconocimiento de la injusticia social y racial y la conciencia sobre la explotación colonial sufrida por muchas personas en muy diversos países han hecho surgir reclamos culturales profundos como es el llamado movimiento “woke” que de Estados Unidos se ha extendido a los países europeos.
El signo de los tiempos es la polarización política, social y cultural que hace aflorar sentimientos y actitudes hacia los que son considerados como diferentes. Estos conflictos ya no pueden ser atajados por los pactos sociales previos, ni por los estados nacionales debilitados y minimizados en sus capacidades y recursos y que están siendo capturados por posiciones extremistas de izquierda y de derecha.
Hay una crisis de las formas de representación política y de los partidos políticos, de la eficacia de los estados nacionales, así como de los organismos e instituciones internacionales creadas por acuerdos de esos gobiernos. Incluso hay una crisis del marco cultural de los derechos humanos surgido al término de la Segunda Guerra Mundial, e indudablemente, una crisis climática que ya está afectando y desplazando a millones de personas de sus hábitats originales.
Es decir, el conflicto cruza varias áreas de la convivencia humana incluyendo las familias, las escuelas, las comunidades, los barrios y colonias, las empresas, las organizaciones políticas, sociales y civiles.
En esta intervención me propongo tocar dos temas relacionados con la importancia de la promoción de la paz y la cuestión social.
En el primero comentaré los resultados de un estudio recientemente publicado sobre el efecto de los conflictos armados en la población que vive en pobreza y en el segundo lo relacionado con las iniciativas de promoción de la paz en México, desde organizaciones e instituciones no estatales.
Conflicto y pobreza
El estudio del PNUD y del Oxford Poverty and Human Development Iniciatives[2] que incluye a 112 países y a 6,300 millones de personas estima que de esta población 1,100 millones de personas, 17.4% vive en situaciones de pobreza multidimensional extrema, utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Alkire y Foster.
Una gran proporción carece de servicios sanitarios adecuados (828 millones), vivienda (886 millones) o combustible para cocinar (998 millones). 637 millones viven con una persona desnutrida en su hogar.
En el estudio se estima que el 40% de esa población pobre vive en contextos de guerra, fragilidad y/o con escasa paz. Es decir, 455 millones viven en contextos de conflictos armados.[3] La pobreza es tres veces mayor que en los países que no sufren conflictos. Las carencias son especialmente agudas en nutrición, acceso a electricidad, acceso al agua y al saneamiento.
Achim Steiner, Administrador del PNUD apunta que “Los conflictos se han intensificado y multiplicado en los últimos años, alcanzando récords en víctimas, desplazando a millones de personas y causando una gran interrupción en sus vidas y medios de subsistencia” [4]
Los conflictos tienen efectos catastróficos sobre la reducción de la pobreza.
Más de la mitad de los 1.100 millones de personas pobres son niños menores de 18 años (584 millones). A nivel mundial, el 27.9 % de los niños vive en la pobreza, comparado con el 13.5 % de los adultos.
En los países afectados por conflictos,” los niños pasan más tiempo en la oscuridad, ya que más de una de cada cuatro personas pobres carece de acceso a la electricidad, en comparación con poco más de una de cada veinte en las regiones más estables. La asistencia a la escuela se desploma, el 17.7% de la población pobre tiene un hijo en edad de asistir a la escuela primaria que no asiste a la escuela, en comparación con el 4.4% en entornos no conflictivos. En el número de hogares de las zonas de conflicto hay un miembro desnutrido de cualquier edad menor de 70 años (20.8% frente a 7.2%). Y, lo que es más desgarrador, una mayor proporción de hogares ha experimentado la muerte de un niño en los cinco años anteriores (8% frente a 1,1%).”
Sr. Achim Steiner, Administrador del PNUD reconoce que “La paz sigue siendo el terreno fértil del progreso, el terreno fértil donde las personas pueden plantar las semillas de las oportunidades y escapar de la tierra estéril de la pobreza”.
Violencia, conflicto y paz en México
México ha estado inmerso en un conflicto no estatal armado entre grupos del crimen organizado y con grupos de autodefensas a partir de que dejaron de operar los acuerdos de reparto de territorios y de rutas del comercio de drogas entre autoridades locales y federales con las bandas de narcotraficantes.
El conflicto se agudizó desde 2006 cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas y se procedió a desarticular estructuras de varias organizaciones criminales, mediante la estrategia de descabezamiento de liderazgos.
A partir de entonces y en lugar de disminuir, la presencia de grupos delictivos y cárteles de crimen organizado se fue extendiendo en el territorio nacional, aumentó el número de bandas y grupos y se multiplicó el tipo de delitos cometidos pasando del tráfico y producción de estupefacientes y al de armas a por lo menos 24 tipo de delitos.
De ser un grave problema de violencia que afectaba ciertas regiones y ciudades y derivaba fundamentalmente sus ingresos del mercado externo, los abusos de las bandas delictivas y del crimen organizado empezaron a incidir cada vez más en la vida y las actividades económicas y sociales de la población nacional, así como de aquella que transita por nuestro territorio. En las últimas elecciones ocuparon directamente un número mayor de posiciones en los poderes ejecutivos y legislativos del Estado, se han beneficiado de los presupuestos públicos y del poder que esas posiciones les da en el control de tierras, vías de comunicación, recursos naturales y población. Se han constituido como estructuras estatales paralelas. Cobran de alguna manera impuestos a la población y en ocasiones, ofrecen bienes y servicios.
La desaparición de hombres jóvenes como leva para los ejércitos de sicarios, así como de mujeres, niños niñas y adolescentes y de migrantes con fines de trata; las cuotas a actividades de producción de aguacate, limón y otros frutales; el despojo de propiedades rurales, de ganado, de explotaciones mineras, de bosques; el cobro de piso y la extorsión o el control del comercio de pollo, lácteos, materiales de construcción, bebidas, entre otros, han alterado de manera severa la vida cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas, así como su paz, convivencia y tranquilidad; han generado incertidumbre, miedo y dependencia y han normalizado la violencia.
Desde la perspectiva de la cuestión social dos efectos graves emergen de las violencias armadas que han estado afectando al país.
Por una parte, el surgimiento de nuevas vulnerabilidades que requieren de políticas y programas muy especializados en materia social y de salud como son las víctimas directas e indirectas de homicidios, secuestros, desapariciones, trata, esclavitud, violencia física y emocional, despojo y desalojo. A estas alturas ya hay miles de huérfanos, de personas discapacitadas por armas de fuego, de personas desplazadas, de madres buscadoras, de personas mayores abandonadas, de otras afectadas en su salud mental por violencia, por adicciones, por explotación sexual, por la pérdida de un familiar. Otros miles que son esclavizados como sicarios y ejércitos de las bandas o bien, parejas forzadas. Miles de migrantes que caen en las redes de los coyotes o son obligados a trabajar para el crimen.
En segundo lugar, el cambio de hábitos que, junto con el mayor acceso a dispositivos de comunicación a distancia, están contribuyendo al aislamiento de las personas y de las familias y con ello, a la ruptura de tejidos sociales que sostienen la comunalidad y brindan protección.
Datos del INEGI para 2023 señalan que el 61.4% de las personas ya no permiten que sus hijos menores de edad salgan; 45.9% ya no sale de noche; 31.4% ya no sale a caminar; casi 30% ya no visita a parientes o amigos; alrededor de 1 de cada cinco ya no va al cine o al teatro, no sale a comer, no va al estadio.[5]
Claudio Lomnitz sostiene que se ha roto el tejido social, cito: “la violencia hoy cotidiana en México profana los valores morales más arraigados: el secuestro mancilla el valor de la libertad; la violación, el de la integridad de la persona; el asesinato violenta el derecho de existir, y el desmembramiento de los cadáveres le roba la dignidad a todo indefenso. De hecho, la desaparición de una persona niega incluso el duelo de quienes compartieron el mundo con ella. Todas estas formas de violencia son moneda común en el México actual, y no tenemos siquiera una narrativa o épica en que se puedan reconocer, lamentar e ir sanando estos ultrajes” (Lomnitz, 2021).
El Estado mexicano ha sido incapaz de frenar la expansión territorial, el aumento del tipo de delitos, el control y corrupción de estructuras gubernamentales, el sometimiento de la población nacional por las bandas delincuenciales y su colusión con integrantes de la vida política y de la empresarial. Algunos de esos grupos criminales se han convertido en empresas globales, operan en varios países y cuentan con las tecnologías más avanzadas para la realización de sus actividades, contratan a personas altamente calificadas en ingenierías, telecomunicaciones, química, finanzas. Su efecto negativo en el costo de la vida en nuestro país es innegable a través del traslado de sus cobros ilegales a la población económicamente activa, por la vía de los precios de bienes y servicios.
La agenda de paz
El debilitamiento intencionado y la falta de una política pública sostenida de fortalecimiento de los gobiernos municipales, así como la colusión entre delincuencia, políticos, ejército y empresarios, colocan a la población en condiciones graves de indefensión. Esto han motivado que actualmente la agenda de paz ocupe un interés central en la vida de muchas personas, colectivos e instituciones, después de esperar durante varias décadas, que los gobiernos pudieran controlar y aminorar los terribles daños causados en las vidas, en la integridad y en la tranquilidad de las personas.
La participación de agentes no estatales en la promoción de la paz
Desde hace años las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, la academia y diversas comunidades han venido ocupándose de investigaciones, educación, cultura, diversas iniciativas y prácticas en materia de paz. Ejemplos de ello son el Movimiento por la Paz con Justica y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, Guerrero es Primero, Mesas de seguridad y paz, la Alta Escuela para la construcción de la Paz que acaba de celebrar su décimo aniversario, el Índice de Paz México que ya va en su décima primera edición, los acuerdos entre Cinco Articulaciones para la Paz que están en curso, así como las experiencias comunitarias como las de Tancítaro, Ostula y Cherán, en Michoacán.
Desde el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos y el laico Pedro Palma en Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara, el 20 de junio de 2022 la comunidad jesuita de México apoyada por el Centro de Investigación y Acción por la Paz (CIASporlapaz) desató un amplio proceso para la construcción de una Agenda Nacional por la Paz y una Red de Paz.
Para la formulación de la Agenda un grupo de expertos y expertas sintetizó los resultados de 1,002 conversatorios por la paz llevados a cabo en 20 estados, así como de 50 Foros de Justicia efectuados en las 32 entidades. La Agenda fue presentada en una reunión Diálogo Nacional por la Paz en septiembre de 2023 a la que asistieron 1200 personas en la Universidad Iberoamericana y fue acogida por la cúpula de la Iglesia Católica.
La Agenda considera que “La paz es un camino de construcción de condiciones sociales para que sea posible el buen convivir de las personas con su entorno. Se trata de acciones múltiples que atiendan las causas culturales y estructurales de las violencias y de esta forma hacer sostenible la vida en el planeta. Para lograr la paz se necesita atender tres elementos: tejido social, justicia y seguridad”
Asimismo, el Diálogo Nacional promovió la redacción por otro grupo de expertos y expertas de la academia y de la sociedad civil, de los llamados Compromisos por la paz para que fueran asumidos por las personas candidatas a la presidencia de la República, a las gobernaturas de los estados, a las presidencias municipales y a las alcaldías que se renovarían en junio pasado.
En estos Compromisos se abordaron siete temas: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Fueron presentados y firmados en marzo de 2024 por las tres personas candidatas a la presidencia y por las y los candidatos de gobiernos estatales y presidencias municipales.
El proceso del Diálogo ha continuado por dos vertientes una que busca que los gobernantes que firmaron los compromisos los cumplan y desarrollen sus agendas de paz. La segunda vertiente consiste en el involucramiento de los diversos actores no estatales para que desde lo local lleven a cabo buenas prácticas comunitarias, sociales, escolares y empresariales.
Los grupos estatales, municipales y de comunidad que se han logrado poner en marcha en el territorio dialogan entre sí y con las autoridades que aceptan hacerlo, respecto de acciones para reconstruir tejido social y desarrollar prácticas alternativas en materia de seguridad y justicia. Estos grupos se encuentran integrados en la Red Nacional de Paz.
De la Agenda Nacional de Paz se desprenden 14 acciones locales para reconstruir el tejido social, mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país. Son acciones que pueden ser realizadas por grupos de pastoral, vecinos, maestros, empresarios, colectivos o jóvenes.
- Impulsar el apoyo hacia las víctimas de la violencia
- Generar espacios de diálogo interinstitucional para la construcción de la paz
- Promover procesos de salud mental en las familias y comunidades para atender las secuelas de las violencias.
- Promover en las escuelas una educación para la paz y ambientes que ayuden a una mejor convivencia social.
- Promover actividades para recuperar el espacio público como lugar de encuentro y la organización comunitaria para resolver las necesidades colectivas.
- Promover acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo y de vida.
- Impulsar comunidades comprometidas con la cultura del cuidado y la corresponsabilidad.
- Fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados.
- Impulsar programas de prevención y atención de las adicciones.
- Realizar acciones de cuidado del medio ambiente.
- Promover la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas de seguridad.
- Promover la justicia restaurativa, mediación y resolución positiva de conflictos en las familias, las escuelas, las iglesias, las comunidades y el trabajo.
- Reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias.
- Impulsar instituciones, procedimientos y acciones que garanticen la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades[6]
El Diálogo ha logrado recoger 300 buenas prácticas que se encuentran brevemente descritas y clasificadas en su página.
Se ha iniciado un intercambio entre personas, colectivos y gobiernos que han realizado buenas prácticas de paz con aquellos que están interesados en conocerlas y llevarlas a cabo en sus comunidades. Asimismo, se están elaborando Agendas de Paz para algunos estados, municipios y alcaldías.
A modo de conclusión
El trabajo que se ha venido realizando parte del reconocimiento de que la paz tiene que construirse o restaurarse desde lo local, desde el territorio, con la confluencia de personas, organizaciones, instituciones y en su caso, gobiernos municipales comprometidos en lograrlo. Tiene que ver con la paz desde las personas, las familias y las comunidades rurales y urbanas.
El nivel de gobierno que resulta central para los procesos de paz es el municipal por ser el que se encuentra más cercano a la población y que puede desatar políticas de proximidad como son las policías, la activación de espacios y actividades de encuentro de la población, de cuidado del medio ambiente, de articulación de autoridades, actividades que reconstruyan tejidos sociales y generen confianza entre la población, así como modalidades de mediación y resolución de conflictos.
Lamentablemente, es el nivel de gobierno más debilitado por las políticas estatales y federales, es el que tiene un marco legal menos actualizado, no cuenta con servidores públicos capacitados, ni recibe suficiente presupuesto; además es el más capturado por la delincuencia. Sería urgente una política nacional de recuperación y desarrollo del municipio y de sus gobiernos.
Frente a este panorama y la sostenida destrucción de capacidades estatales, la esperanza de avanzar en materia de paz radica en actores no estatales. Es la razón del activismo de la iglesia católica, de las organizaciones sociales, civiles y comunitarias y de sus articulaciones, así como de la academia.
Algunos de los temas que se trabaja refieren a estrategias y prácticas para la reconstrucción del tejido social, la reducción de la violencia familiar, la atención a la salud mental, la promoción de la cultura del cuidado, la mediación y resolución de conflictos y la atención a las juventudes.
La tarea de construcción de paz es enorme y muy difícil en un contexto de conflicto armado entre bandas de la delincuencia organizada, a ello se suma la ausencia de una política de seguridad y justicia sostenida en el tiempo, además de la colusión entre delincuentes, políticos, empresarios y ejército; el asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos y del medio ambiente en el territorio y una política que persigue y desalienta a las organizaciones sociales y civiles.
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[1] Global Wealth Report 2024 de UBS; Bankinter, blog de economía y finanzas; Distribución de la riqueza: Cuánto dinero tiene el 1% más rico del Mundo?
[2] OPHI y PNUD (2024). Global multidimensional Poverty Index 2024. Poverty amid conflict. PNUD/OPHI. Abarca 112 países y 6,300 millones de personas.
[3] El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala divide los conflictos armados en tres categorías: “conflicto basado en el Estado”, “conflicto no estatal” y “violencia unilateral”. El conflicto basado en el estado se refiere a lo que la mayoría de la gente percibe intuitivamente como “guerra”: luchar entre dos estados, o entre un estado y un grupo rebelde que lo desafía, el cual resulta en al menos 25 muertes relacionadas con la batalla en un año calendario. Los conflictos no estatales son aquellos en los que ninguna de las partes beligerantes es un Estado, como el conflicto Fatah-Hamas, conflictos entre grupos étnicos y la violencia entre cárteles en la Guerra contra las Drogas en México. La violencia unilateral se define como: “El uso de la fuerza armada por el gobierno de un Estado o por un grupo formalmente organizado contra civiles que resulta en al menos 25 muertes en un año”. Los ejemplos incluyen acciones de los gobiernos de Sudán, Myanmar y Siria contra civiles, así como acciones de organizaciones no estatales como Los Zetas, al-Qaeda y el Ejército de Resistencia del Señor contra civiles. https://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_Conflict_Data_Program
[4] https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/1100-
[5] INEGI Consulta18/11/24 14;28
[6] https://dialogonacionalporlapaz.org.mx/acciones.php
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