La agenda del presidente y la agenda del Estado

Evaluar a un gobierno a través del indicador de la popularidad del presidente constituye un grave error. Ejemplos en la historia los hay de todo tipo. Si se piensa en Winston Churchill, por ejemplo, luego de su gigantesca gestión al frente del gobierno inglés durante la guerra, fue incapaz de reelegirse.

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Líderes altamente populares han desarrollado gobiernos desastrosos, o también gobiernos o grupos políticos que hacen gala del discurso del odio: racismo, xenofobia, machismo, etc., tal como ocurrió en el reciente caso del presidente norteamericano Donald Trump, o la inmensa popularidad con la que Jair Bolsonaro llegó al gobierno de Brasil; o la aparentemente inexplicable popularidad del partido pronazi Nacional demócrata en Alemania; o de la extrema derecha en Chile…

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En esa lógica, se equivocan la mayoría de los analistas que, luego del discurso del presidente López Obrador del 1º de diciembre, buscan evaluar su gestión a partir de los elevados índices de aprobación y respaldo popular que mantiene; y peor aún, a partir de la agenda personal de gobierno que ha desplegado en los primeros tres años de su mandato.

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En este último escenario, incluso podría ocurrir que el presidente fuese sumamente exitoso en el despliegue y operación de su estrategia personal de gobierno; y aún con ello, no cumplir y hacer cumplir con lo que establece la Carta Magna, ni tampoco consolidar un gobierno relativamente exitoso en las metas más relevantes que deben alcanzarse desde una perspectiva del Estado mexicano.

Hay en ese sentido, un conjunto de agendas que, independientemente de la agenda presidencial, no pueden eludirse, pues incluso están vinculadas a las principales propuestas de campaña del actual presidente de México, y en las cuales se tienen resultados negativos, por más que se quieran matizar argumentando virtudes cualitativas de algunas de las acciones de mayor asignación presupuestal.

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Quizá las más destacadas, en ese sentido, son las relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales se encuentran completamente alejados del discurso presidencial pues, en tanto que forman parte integral de la defensa de los derechos humanos, han sido colocados, ideológica, retórica, pero también prácticamente, lejos del discurso y de las decisiones estratégicas de la presidencia de la República.

Así, en su comunicación del 13 de septiembre de 2021, las Naciones Unidas en México expresaron que su máxima preocupación es el incremento en los niveles de pobreza en nuestro país; sobre todo ante el impacto generado por la pandemia de la COVID19.

Textualmente, en su sitio electrónico, el organismo señala: “los mayores desafíos de México son la reducción de las desigualdades, el crecimiento inclusivo y trabajo decente, la industria, innovación e infraestructura, la vida de ecosistemas terrestres, así como la paz, justicia e instituciones sólidas”.

Asimismo, la ONU destaca que México es el segundo país con menor cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible entre los países de la OCDE; sólo por arriba de Turquía; y que, en el Índice de cumplimiento de los ODS, nuestro país alcanza apenas un puntaje de 70.4 en una escala de 0 a 100. En ese ranking México se encuentra en el lugar 69 de 166 países medidos.

De esta forma, si antes de la pandemia ya se consideraba como un reto significativo cumplir el Objetivo 1, relativo a la erradicación de la pobreza en todas sus formas, los resultados del 2020 implican seguramente que el reto se convierte en severo. Esto es así porque, si en el 2021 se dio a conocer que en México habría 55.65 millones de personas en situación de pobreza, esto significa que el país tendría que reducir esa cifra, de aquí al 2030, en 6.18 millones de personas por año, o bien, alrededor de 515 mil personas por mes.

Debe considerarse que, si a esta administración le quedan 34 meses, la administración del presidente López Obrador debería lograr sacar de la pobreza, al menos, a 17.5 millones de personas; lo cual, con el ritmo de crecimiento económico, y con el diseño de la política social que se tiene, se percibe prácticamente como imposible.

Asociado a lo anterior, se encuentra el ODS número 2, relativo a la erradicación total del hambre, igualmente con fecha límite en el año 2030. De acuerdo con el Censo de población 2020, el 9.18% de los hogares registró limitación para acceder a lis alimentos por falta de recursos o dinero. Esto implicaría que hay 3.21 millones de hogares donde se padece hambre; y si cada uno de ellos tiene cuatro integrantes en promedio, se trata entonces de alrededor de 12.85 millones de personas en esa condición. Esto implicaría que, por año, la cifra debería reducirse en 1.4 millones de personas en la situación descrita por lo que, en lo que resta de esta administración, la cifra es de alrededor de 4 millones.

Otro de los retos persistentes identificados por la ONU es el cuarto, relativo a la educación de calidad. En este rubro, el impacto de la pandemia fue igualmente severo. De acuerdo con el INEGI, al menos 738 mil niñas, niños y adolescente son concluyeron el ciclo escolar 2020-2021; cifra que se suma a los millones que no estaban matriculados, estando en edad normativa de asistir a la escuela. De acuerdo con el propio INEGI, hay más de 4 millones de personas mayores de 15 años analfabetas; mientras que el rezago educativo total se ubica en 28 millones.

Así, el gobierno de López Obrador estaría obligado, en ese último indicador, a reducir 3.11 millones de personas en rezago educativo por año; y considerando lo que queda a la administración, la cifra sería de alrededor de 8.81 millones.

Los retos son numerosos, y su complejidad y nivel de rezago se acumula con el tiempo. Por ello, urge que el estado pueda ampliar su espacio fiscal. Porque resolver esos y otros problemas requerirían al menos un billón de pesos adicionales, y eso sólo se puede lograr con una reforma fiscal integral y progresiva.

En ese sentido, vale la pena destacar el trabajo del grupo plural de la Cámara de Diputados, encabezado por el diputado Ramírez Cuéllar, quienes han planteado un ejercicio que permitiría dar ese margen al gobierno; y que nos pondría quizá, en la ruta de cimentar un nuevo Estado de bienestar para el país.

El problema, una vez más hay que decirlo, es el tiempo. Construir esa reforma fiscal debería darse en los próximos seis meses, para que esté considerada ya en los pre-criterios de política económica del PEF 2023; y que al menos en ese año se disponga de lo necesario para avanzar hacia lo que aquí se muestra.

El Ejecutivo Federal tiene el capital político y el respaldo popular para una reforma así; lo que está por verse es si está decidido a utilizarlo y asumir los costos de modificar la estructura fiscal y hacendaria del país; única vía realista para construir una transformación de la magnitud que, en el discurso, se nos plantea todos los días.

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