La democracia y la amenaza del crimen organizado

Uno de los factores que tiene un mayor efecto corrosivo para la democracia es la presencia y desafío permanente del crimen organizado a las autoridades democráticamente elegidas en nuestro país, así como a las y los activistas y defensores de derechos humanos, y ya no se diga a las y los periodistas.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

En ese sentido preocupa que la presente administración se encamina a ser, no sólo la de mayor número de homicidios dolosos en general en el país, sino también en la que se habrán cometido el mayor número de asesinatos y agresiones en contra de los sectores mencionados.

De acuerdo con la organización Artículo 19, del año 2000 al 2022 se han perpetrado 153 asesinatos de periodistas, por motivos relacionados con el desarrollo de su profesión, de los cuales, 47 se perpetraron en la administración 2012-2018, mientras que 33 se han cometido en lo que va de la presente administración.

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Hasta el mes de mayo de 2022, se tenía un registro de 16 alcaldes asesinados; además de otros 19 asesinatos de ex alcaldes. Por su parte la asociación Causa en Común ha documentado que, del 1º de diciembre de 2018 al 2 de junio de 2022, han sido asesinados al menos 1,571 elementos de policía de distintas corporaciones en los distintos órdenes de gobierno, cifra que también constituye un récord para el país.

En los últimos 20 años, al menos 18 ex gobernadores han estado detenidos en prisión, sujetos a procesos penales o prófugos de la justicia, varios de ellos por delitos graves y con nexos acreditados con el crimen organizado; adicionalmente se ha conocido de carpetas de investigación por los mismos motivos pero que, por distintas razones, no se llegaron a judicializar.

Este contexto permite, y de hecho obliga, a considerar con seriedad los recientes dichos de Porfirio Muñoz Ledo, respecto de posibles pactos del gobierno de la República con organizaciones del crimen organizado. La acusación es mayúscula, viniendo de quien fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y colocó la Banda Presidencial al actual Ejecutivo Federal. 

Desde hace años se ha documentado que hay cada vez más localidades y municipios bajo el control del crimen organizado; en esas zonas y regiones imponen su ley; sus reglas; controlan lo mismo la actividad económica que las dinámicas sociales y, en no pocas ocasiones, deciden quién puede y quién no puede ser candidata o candidato a cargos de elección popular.

El gobierno exige pruebas o evidencias; pero cuando se publican en medios de comunicación, de inmediato se acusa que se trata de un complot de la derecha conservadora; que pueden ser montajes; o en el más reciente caso del retén que detuvo a las y los periodistas que cubrían un evento del titular del Ejecutivo Federal, se llegó a sugerir que había sido un montaje de los críticos al gobierno.

El presidente de la República se planteó tres grandes metas al inicio de su gobierno, sin las cuales, por su propio decir, no podría hablarse de una transformación importante del país: 1) acabar con la corrupción; 2) pacificar y reconciliar al país; y, 3) acabar con la pobreza y la desigualdad.

Al respecto, pueden darse mil explicaciones o excusas, pero los resultados a prácticamente ya cuatro años de haber sido elegido presidente de México, muestran que habrá muchos pendientes por cumplir al finalizar el mandato. En efecto, respecto de la corrupción, el presidente confunde su posición y actitud personal, con la de todo el aparato público.

De acuerdo con datos de diferentes instrumentos del INEGI, se puede afirmar que al menos dos de cada tres personas tienen la percepción en México de que la corrupción persiste; el país enfrenta, por otro lado, la peor crisis de violencia homicida de la historia, con ya casi 130 mil homicidios intencionales y un registro de más de 100 mil personas desaparecidas o no localizadas.

Y en materia de pobreza, todos los indicadores muestran que, dado el nulo crecimiento económico, la precarización laboral y la inflación, en el mejor escenario el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional será similar al que se registró en 2018.

Todo esto genera un clima propicio para la delincuencia organizada, la cual enfrenta una estrategia institucional que parece desbordada, y que no alcanza para poner freno definitivo a los grupos delincuenciales.

El declive institucional que dejaron las administraciones del 2000 al 2018, se ha radicalizado y profundizado en lo que va del presente gobierno. Y por lo que se escucha todos los días en el discurso oficial, nada habrá de cambiar en el rumbo que se ha decidido darle al país, ante la convicción personal del presidente y de su equipo, que todo marcha bien y que los señalamientos sobre sus yerros y despropósitos son siempre interesadamente malintencionados.

Nada más alejado de la realidad. Hay millones de mexicanas y mexicanos de buena fe que todos los días se preocupan, piensan y trabajan a favor del país, generando ideas y soluciones para mejorar las condiciones de vida para todas y todos; pero también, de manera cotidiana, se enfrentan a la terrible realidad del asesinato, el robo, el secuestro, el cobro de piso, la extorsión o el fraude de que fueron víctimas amigas, amigos, familiares o vecinos.

Es evidente que, ante los resultados, la ciudadanía tenga cada vez menos confianza y respeto por el mundo institucional; cuya existencia y legitimidad depende, nada menos, que de nuestro permanentemente amenazado orden democrático. Por ello, si algo está obligado a hacer el jefe del Estado mexicano, es dedicar una importante proporción del tiempo que le queda al frente del gobierno, para robustecer a la democracia y a las instituciones que le dan cauce, viabilidad y sustento.

Seguir apostando por la confrontación y la erosión de las instituciones nos colocará ante un escenario de mayores desafíos; y peor aún, tal es el nivel de destrucción que ya se percibe, que nos va a tomar un muy largo plazo reconstruir para un país de bienestar y derechos humanos para todas y todos. El mayor problema ante ello no es, sin embargo, lo que será necesario invertir, sino que, en sentido estricto, el tiempo para transitar hacia un sólido Estado Social de Derecho se nos agotó hace ya varios años.

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